El día 7 de julio, en Naciones Unidas vio la luz el borrador de un tratado internacional que prohíbe las armas nucleares. El texto fue aprobado por 122 Estados, entre ellos, Argentina, mientras uno, Países Bajos, votó por la negativa y Singapur se abstuvo. Es sugestivo, sin embargo, que un total de 69 Estados rehusaron de plano participar de la negociación, entre ellos, los nueve nuclearmente armados y sus aliados no poseedores, incluidos todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), menos uno. Esta grieta entre firmes apoyos y rechazos habla a las claras de la controversia conceptual que existe respecto de un tema de altísima sensibilidad como son las armas nucleares y su papel en la seguridad internacional.
Los enormes riesgos derivados de la existencia de las armas nucleares están fuera de toda duda y hasta han sido aceptados por los Estados poseedores. Es cierto que existe una gran decepción por el escaso cumplimiento de los compromisos de desarme que tomaron desde 1970 por el Tratado de No Proliferación los Estados que las poseen legalmente, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. A esto se suma que a los otros cuatro poseedores, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, no los ata ninguna obligación internacional. En general, estos Estados propugnan un proceso de desarme paso a paso en vez de una prohibición drástica, pero el contexto internacional parece nunca dar las señales para que estos pasos se aceleren de una manera visible.
Muy por el contrario, todos los poseedores están realizando fuertes inversiones en modernización de sus arsenales y en algunos casos hasta los están aumentando en número. Esto sucede porque, a pesar de lo que se preveía al final de la Guerra Fría, las doctrinas de seguridad de Estados y alianzas todavía dependen completamente de las armas nucleares como el elemento clave de disuasión. Desafortunadamente, este dogma se está reforzando y lo seguirá haciendo en el futuro, en virtud de la creciente inseguridad global.
La negociación de un tratado de prohibición es un hito simbólico y una representación de los intereses genuinos de un gran número de Estados en todo el mundo, que ven la prohibición como el único camino hacia el desarme total. Por supuesto, ese camino es rechazado por los Estados que las poseen. Por lo tanto, un tratado de prohibición es hoy más que nada declaración moral, antes que un instrumento de aplicación práctica.
Las mismas reglas y los procesos establecidos para negociar el tratado fueron cerrando la puerta a la participación de los poseedores. Por ejemplo, al no dar cabida a debatir medidas de control de armas esenciales y más prácticas, como un acuerdo de no primer uso. La inclusión de estos temas en la agenda podría haber hecho el proceso más factible por ellos, sin traicionar para nada la aspiración final del desarme total e irreversible. En este sentido, cabe notar la contundencia de los términos de rechazo al tratado rápidamente difundidos en una declaración conjunta de los presidentes de los Estados Unidos y Francia, y de la primera ministra británica.
La total falta de participación de los que poseen armas nucleares demuestra una vez más que el tratado de prohibición compromete sólo a los desarmados. El riesgo aquí es que el nuevo tratado establezca aún más deberes para las naciones sin armas nucleares, que acepten en convertirse en Estados partes.
En cuanto al borrador del texto, se han detectado varias fallas importantes que deberían ser corregidas antes de la entrada en vigor, lo que ocurrirá cuando 50 Estados lo ratifiquen. Los expertos señalan incoherencias con el derecho internacional de los conflictos armados, cuestiones relativas a los mecanismos de verificación del desarme y también una imperiosa necesidad de armonización con las disposiciones ya vigentes en el Tratado de No Proliferación, de carácter casi universal, que es la base del orden nuclear global. En este sentido, es importante disipar toda confusión y evitar la erosión de este último, hecho que resultaría en extremo contraproducente.
En este estado de cosas, es importante destacar que, dado el alcance casi exclusivamente simbólico del tratado de prohibición, es fundamental trabajar de forma sinérgica en otras medidas prácticas de corto y mediano plazo para la reducción de riesgos nucleares y, en particular, de aquellos que derivan de la existencia y el uso de las armas nucleares. Acuerdos de no primer uso, o sea, de no utilizar estas armas a menos de ser atacados con armamento similar, o bien de no emplearlas de modo alguno contra países que no las posean, y también el fortalecimiento del régimen de prevención del terrorismo nuclear deben ser vistos como pasos que también coadyuvan a reducir dichos riesgos. Otro punto clave es hacer de la verificación del desarme un esfuerzo mundial, con participación de todos los miembros de la comunidad internacional.
Por último, para dar sustentabilidad a cualquier estrategia de reducción de los riesgos nucleares es imprescindible la participación de todos los Estados nuclearmente armados. Un punto esencial es la construcción de un enfoque compartido de base respecto de las estrategias para reducir la inseguridad global entre los Estados Unidos y Rusia, con la participación de China y las demás potencias nucleares. Los países sin armas nucleares y con impecables credenciales, como es el caso Argentina, no deberían renunciar por ningún motivo a ser facilitadores de dicho proceso.
La autora es presidente de la Fundación NPSGlobal.