Lo ocurrido el año pasado con el acuerdo celebrado con el Correo Argentino es un ejemplo de cómo el Grupo Macri se ha manejado utilizando recursos del Estado en beneficio del grupo.
La denuncia de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, revela las maniobras de quienes llegaron al Gobierno como paladines de la transparencia y pone en aprietos a aquellos que hoy mantienen un sospechoso silencio avalado por la complicidad de algunos medios de comunicación.
Cuando la estatización de la deuda privada en 1982, que permitió transferir a todo el pueblo argentino las especulaciones de gran cantidad de empresarios, quienes constituyeron deudas probadamente ficticias, la familia Macri se vio favorecida con la transferencia al Estado nacional de las siguientes sumas: Sevel, 124.142.000 dólares; Sideco Americana, 60.751.000 dólares; Fiat, 51.000.000 dólares.
En el año 2001, las siguientes empresas de la familia Macri y de las cuales Mauricio era directivo y accionista fugaron al exterior las siguientes sumas: Sideco, 27.128.866 dólares; Socma, 9.316.000 dólares; Socma Americana, 6.415.344; Correo Argentino, 4.891.000, documentado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas en el año 2001.
También cabe recordar que siendo Mauricio Macri presidente de Sevel en el año 1994, 42 mil vehículos fueron fabricados con fallas en su caja de dirección, lo que provocó en un caso la muerte de un menor de 4 años y determinó no sólo que Sevel pagara una indemnización, sino que se viera obligada a revisar todos los automotores fabricados y repararlos.
Tampoco los medios recuerdan el procesamiento de Franco y Mauricio Macri por el delito de contrabando ante la introducción de 1.900 vehículos mediante una serie de acciones claramente delictivas. La Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo los sobreseyó, no por inexistencia del delito, sino por un artilugio judicial que fue fulminado en los dictámenes en disidencia de los ministros de la Corte Carlos Fayt, Augusto C. Belluscio y Enrique Petracchi.
Ahora nuevamente, y a través de la difusión del dictamen de la fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, pudo saberse sobre la existencia de un acuerdo en la quiebra de la empresa Correo Argentino, cuya concesión fuera revocada en el año 2003 por los sucesivos incumplimientos de la empresa. Debemos apuntar que ese arreglo se hizo el 28 de junio del año pasado y no trascendió de ninguna manera. Sólo tomó ahora estado público debido al ejemplar dictamen de la fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, doctora Gabriela Boquín.
La deuda que era de 296 millones de pesos en el año 2001 (296 millones de dólares) pretende pagarse al valor histórico del crédito verificado, con intereses de 7%, en 15 cuotas anuales; la última con vencimiento en el año 2032. Es decir que una deuda verificada en el 2001 va a ser pagada cómodamente durante 31 años. La primera de las cuotas se pagaría en el mes de diciembre de este año. Ello supone una quita del 98,82% del valor real actual de lo adeudado conforme el dictamen de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación. Interesadamente se habla por parte del Gobierno de que no hay quita, y efectivamente en términos históricos no la hay, pero resulta un verdadero absurdo suponer que 296 millones del año 2001 tengan el mismo valor que en la actualidad.
El acuerdo fue firmado por el doctor Juan Manuel Mocoroa, designado transitoriamente por 180 días en el cargo de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones sin el poder especial que determina el artículo 8 del decreto 1265/87.
Otra de las cuestiones relevantes tiene que ver con la violación de la ley de ética pública, ya que Socma Americana S. A., integrada por todos los miembros de la familia Macri, es la controlante del Correo Argentino, razón por la cual en su momento el juez del concurso decretó la interdicción de todos ellos para viajar al exterior, incluido el actual presidente de la nación, junto con otros directivos de la empresa entre los que se encontraban Néstor Grindetti y Jorge Aguado, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Por otra parte, el firmante del acuerdo fue designado por el jefe de gabinete, quien depende jerárquicamente del Presidente de la Nación, con lo cual el conflicto de intereses resulta más que evidente. Aunque supuestamente el Presidente de la Nación transfirió sus acciones a sus hijos, la totalidad del grupo familiar está involucrado en el concurso (padre, hermanos, hijos) al tener el control total de la empresa concursada.
Como bien señala la fiscal: "La transacción aceptada —a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible— podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían intereses económicos directos e indirectos".
Podríamos agregar las inadmisibles dilaciones del proceso a través de un estado concursal de 15 años, donde hubo propuestas insólitas como pagar con un bono a 25 años, con un primer pago 15 años después y un interés del 1%, lo que fue rechazado por el Estado, y la maniobra de presentar una demanda contra el Estado, pidiendo capital actualizado con intereses del 11%, 4% menos que lo ofrecido en el concurso. En resumen, todos los beneficios para los Macri, los costos para el Estado.
Pero no sólo se burlaron con las propuestas, sino que manipularon a los acreedores del concurso al hacer transacciones sospechosas, donde una importante cantidad de acreedores cedió sus créditos a terceros, quienes a su vez designaron a un único apoderado para lograr que, sobre 375 acreedores, 361 aprobaran la propuesta; recibieron sumas insignificantes de 400, 500 y 1000 pesos como toda retribución.
El autor es historiador, investigador de la deuda externa argentina. Asesor del senador Fernando Pino Solanas.