Uno de los requisitos fundamentales del sistema democrático es la rendición de cuentas. La "accountability" consiste en la obligación de los funcionarios públicos de informar y publicitar sus acciones de gobierno y responder por sus actos o sus omisiones en el ejercicio del cargo y luego de este.
Esta obligación de los gobernantes es la mayor conquista democrática: el republicanismo, forjado luego de años de luchas y conquistas sociales. Los gobernantes, de ese modo, al ser electos deben responder por sus decisiones cuando son requeridos por sus electores o por otros cuerpos constitucionales y jurisdiccionales.
Esa rendición de cuentas es ejercida por los ciudadanos a través del voto, que se lo otorgan o no a un funcionario en funciones que opte por la reelección o a su partido. Asimismo, otros actores institucionales, que están creados con esas facultades, deben ejercer controles internos y externos, de igual modo el Parlamento y, en última instancia, el Poder Judicial.
De esta forma, todo funcionario público es responsable y deberá responder ante los ciudadanos y ante los organismos de control y la Justicia por todo lo que haga o deje de hacer en el ejercicio de su cargo.
Para clarificar mejor, pongamos un ejemplo: digamos que un presidente tiene a su cargo el manejo del presupuesto y de todas las áreas estratégicas en donde se maneja la totalidad del dinero del país.
Supongamos que en el ejercicio de su cargo un grupo de subalternos suyos organiza una red o un entramado de corrupción que genera perjuicios al Estado por miles de millones de dólares, mientras todos ellos, sus familias y sus amigos, aumentan su patrimonio exponencialmente de forma evidente. Indiscutiblemente, que no haya podido —o no haya querido— ver esto durante el período que estuvo a cargo de esos sectores redundaría en su responsabilidad política en relación con esos actos, ya que habría una grave omisión en los controles que deben practicarse justamente para que cosas así no pasen.
En democracia, esa responsabilidad política debería ser determinada por los organismos de control adecuados y, en caso de que estos fallen, por los ciudadanos, alertados de la terrible corrupción que se ha dado, que dejarían de votar a ese presidente, en caso de que quisiera reelegirse.
Durante estos años que dejamos atrás en el país, ni los organismos de control, ni los ciudadanos ejercieron su tarea en cuanto al deber de rendición de cuentas.
Los organismos de control, por haber sido desmantelados y desguazados, y los ciudadanos, por no impedir que ello suceda y por no poner una mirada preeminente en los temas de corrupción, lo que generó, inconscientemente, que se institucionalizara un déficit de políticas públicas en materia anticorrupción.
Ahora bien, hoy se demuestra en el ejemplo utilizado que la responsabilidad de ese presidente no fue de omisión; sino, como indicamos quienes denunciamos tempranamente la corrupción, por el contrario, fue de acción. Fue la ex Presidente la que organizó el gobierno para delinquir, y estuvo al frente de esa red de corrupción; es de ella la responsabilidad penal.
Hoy, el Poder Judicial, último estamento de la rendición de cuentas de los gobernantes, debe llevar a cabo esa tarea que nunca realizó, como tampoco lo hizo organismo de control alguno, ni muchos ciudadanos, que actualmente se quejan por la falta de celeridad y urgencia en el curso de las investigaciones judiciales en marcha.
Lo que se está dirimiendo en forma de zaga hoy en la Justicia marca que la política en estos años estuvo asociada al delito en la Argentina.
Ello no habla solamente mal de la Justicia, sino que también habla mal de nosotros como sociedad. No hay nada de que alegrarnos al respecto.
A la Justicia no se debe ir buscando premio o venganza, sino solamente verdad y castigo a los responsables del delito.
Lo que está en juego en la Argentina, más allá de necesarios e imprescindibles encarcelamientos, es alumbrar anticuerpos institucionales y ciudadanos para que la rendición de cuentas en democracia sea una realidad y lo que pasó no pueda pasar más.
Lo que pasó en la Argentina es que un gobierno se puso al margen de la ley. Debemos proveer y producir justicia en el país. Que esto no pueda pasar nunca más es lo que está en juego.
El desafío es concretar para el futuro un cambio de sistema político y asumir una nueva ciudadanía en su forma de mirar y exigir al poder.
@AlvarodLamadrid
El autor es dirigente UCR de CABA.