Nicaragua. Dos por el voto de uno

Aunque las encuestas reflejen que Daniel Ortega cuenta con un respaldo popular que supera el de sus rivales por un alto porcentaje, no ceja en su empeño de afianzar el control que ejerce sobre los poderes del Estado y eliminar legalmente a sus adversarios

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Los autócratas no son capaces de respetar las normas democráticas aunque estén a su favor. Tampoco están preparados para respetar los derechos de las minorías; incurren frecuentemente en abusos de poder.

Gustan de controlar la prensa. Ser obedecidos sin reparos. Gobernar el país como si fuera un cuartel y manejar a los ciudadanos como siervos.

Estos individuos reclaman una ciega obediencia y aplastan el menor disentimiento. Rechazan tajantemente a quienes pongan en tela de juicio sus decisiones y sólo están satisfechos cuando sus dictados son acatados sin protestas.

Esta situación se aprecia muy bien en Nicaragua, donde, aunque las encuestas reflejen que Daniel Ortega cuenta con un respaldo popular que supera el de sus rivales por un alto porcentaje, no ceja en su empeño de afianzar el control que ejerce sobre los poderes del Estado y eliminar legalmente a sus adversarios.

Ortega aspira a un tercer mandato consecutivo. Su compañera de fórmula, Rosario Murillo, salió del closet y dejó de ser el poder tras el trono como lo ha sido en todos sus gobiernos anteriores.

Algunos comparan a la compañera de Ortega con Imelda Marco, viuda del dictador filipino Ferdinand de Marcos y otros con Elena, la cómplice más próxima del tirano rumano Nicolae Ceausescu, pero, con independencia a las comparaciones, no cabe duda de que es una mujer poderosa e incondicional a su marido, como lo ha demostrado a través de los años, en particular cuando su hija Zoilamérica acusó al mandatario de haberla violado.

El nepotismo en el régimen sandinista no se limita al matrimonio. Un hijo, Laureano Ortega, es asesor presidencial en inversiones y principal promotor de la construcción del debatido canal con capital chino; otro vástago, Rafael Ortega, administra la distribución de petróleo; su esposa controla una distribuidora que maneja numerosas estaciones de gasolina en el país; otro hijo, Juan Carlos, y su hermana Camila controlan varios medios de comunicación.

Por supuesto que al margen de la realeza orteguista se ha desarrollado una sandinocracia que también se ha enriquecido. Algunos de los líderes de la revolución contra Anastasio Somoza son en la actualidad individuos de fortuna, como el general Humberto, hermano de Daniel, que de jefe del ejército de un Estado socialista mutó a empresario.

El Consejo Supremo Electoral, en una decisión que favoreció a Ortega, despojó de su escaño a 28 diputados de la oposición, según el cuerpo comicial, por incurrir en desacato a su agrupación, Partido Liberal Independiente (PLI), a pesar de que los legisladores se habían declarado sin filiación política. Entre los legisladores más afectados por esta medida está Eduardo Montealegre, que, como candidato presidencial del PLI, logró el 28% del voto popular en los comicios del 2011.

La decisión de la Sala Constitucional de la Corte, controlada por sandinistas, le quitó a Montealegre la representación jurídica de la agrupación partidaria seis años después de radicarse el caso ante el tribunal y a pocos meses de los comicios, lo que desestabilizó por completo a esa fuerza política y dejó prácticamente fuera del juego electoral a movimientos y partidos de la oposición.

Daniel y Rosario no se limitan a usar los recursos del Estado para intentar controlar y someter a sus antagonistas. Recurren a sicarios para atacar a la oposición y también a los periodistas que no cumplen las disposiciones del Gobierno y critican sus actuaciones. La pareja presidencial organiza, con los recursos que les confiere el poder, cuadrillas que atacan violentamente las manifestaciones de la oposición, acciones que no son reprimidas por la policía.

Sembrar, primero, la incertidumbre y el miedo, después, es un método que rinde grandes dividendos a quienes gobiernan con el único objetivo de satisfacer sus intereses.

El deterioro de la democracia nicaragüense es profundo. La transparencia en la práctica de gobierno no existe y la corrupción está presente en toda la estructura del poder. El pluralismo político está seriamente amenazado porque el Gobierno se esfuerza por restarles legitimidad y representatividad a los factores adversos, dado que el sueño dorado del clan Ortega es un régimen unipartidista.