La inseguridad es uno de los problemas más graves y acuciantes que vivimos. No solamente por la forma en la que se manifiesta en la vida cotidiana de los vecinos, sino también por lo que representa para la sociedad en general.
Para los ciudadanos, la inseguridad se vive tanto en los momentos puntuales de la victimización (es decir, cuando hay una situación concreta de violencia) como en el tránsito regular por el espacio público. En los últimos años, hemos ido tomando cada vez mayores resguardos para no ser víctimas de delitos: salir menos, transitar otras zonas, recurrir más al traslado en remís desde la parada del colectivo o la estación de tren hasta el domicilio, etcétera.
El impacto social de estos pequeños cambios de conducta es el de un empobrecimiento del espacio público como espacio donde se construye la vida ciudadana. Es decir, cada vez nos refugiamos más y sentimos extrañeza y rechazo por lo que debería ser de todos: la calle y la vida en comunidad.
La otra faceta de este drama pasa por la defensa armada de la vida y la propiedad. El uso de armas por civiles ante la respuesta insuficiente del Estado creció a niveles alarmantes.
Para salir del miedo se necesita el compromiso de todas los involucrados: El Poder Ejecutivo planificando y ejecutando medidas adecuadas que combatan el delito y generen urbanidad, el Legislativo, con leyes prácticas que faciliten la tarea del Ejecutivo, y el Poder Judicial, la Justicia que vele por los derechos de forma tal que pueda desarrollarse la vida en sociedad en paz; los ciudadanos, participando, controlando, exigiendo.
La llave para salir del laberinto está en el compromiso y la articulación de todos los actores. Es el único camino de la hacía pacificación.