Parecería que las autoridades confiaron, al inicio, en asumir una serie de fuertes ajustes —en sí, necesarios— con vistas a reordenar la macro y reacceder al mercado de capitales mundial, minimizando daños en inflación y actividad. Surgirían señales propicias prestamente recogidas por un despertar inversor productivo —con un decidido aporte extranjero—, a lo que se suma la contribución del lado exportador, apoyada en una paridad cambiaria más realista. En un lapso más bien breve, según la hipótesis, la actividad repuntaría y la inflación se moderaría, claramente. Con un espolón dinámico más afecto a la dupla inversiones-exportaciones que al consumo, lo que buscaba alejarse del consumismo desencajado de años atrás, que calzó con el estancamiento.
Un espolón similar fungió con nitidez a partir de 2002, alboreando el exitoso modelo de dólar alto. Dados otro diseño estratégico y otro contexto. Por el contrario, en el actual marco, incluidos errores de implementación oficiales, la instancia estanflacionaria se agudizó, y la perspectiva de un punto de inflexión al respecto se fue difiriendo. Entonces, las urgencias ligadas al ciclo económico-político asociado a los comicios de 2017 se aceleraron para exigir rápidamente señales que vayan pintando positivas desde la óptica de aquel.
Lo cual no es neutro en cuanto a estrategia económica: reclama una readaptación. Esto, incluida la atenuación de la inflación, supone —sin abandonar la retórica y las esperanzas iniciales— girar hacia la captación del consumo como pieza dinámica crucial. Algo que, al integrar una pausada reanimación del consumo en la que graviten los salarios aumentados, tiene un contribuyente de peso en el megapaquete jubilatorio —a lo que se sumaría cierta rehabilitación de la obra pública—, y se resalta de este modo al sector público como inductor de un multiplicador de gasto (incorporando asimismo varias concesiones fiscales, aparte del reto que suscita el mencionado megapaquete).
Obviamente, el esquema que asoma, incluido el aludido multiplicador fiscal, remite a su viabilidad en divisas —en concurso con un déficit de cuenta corriente—, la que, en gran parte, se funda en la ágil toma de deuda externa, en la que convergen diversas jurisdicciones estatales (prima la nacional) y firmas privadas (el mismo blanqueo, en una de sus opciones, podría sumarse aquí). A la par, el tipo de cambio real, que, cesado del cepo, esbozó, aunque parcial, un repunte de cierta entidad, ve descolorido seriamente su nivel, lo que expone a rubros significativos del sector manufacturero y de las economías regionales.
O sea: la estrategia oficial, en los hechos, destila ahora un sesgo más pro consumo y más permisivo en el planteo de corrección fiscal (aun resuelta la vía judicial para la suba tarifaria, si no…), mientras avanza nítidamente el apalancamiento en la deuda externa, a la vez que el aporte ligado al tipo de cambio real cede (incluyendo salarios, que, más allá de sus conocidas cuitas en cuanto al poder adquisitivo interno, repondrían en buena dosis su carestía en dólares).
En el plano electoral, la relevancia del giro táctico en el esquema económico finca en su fuerza de respuesta en tiempo y forma en la materia. En lo estrictamente económico, talla probablemente el trade off o el compromiso con el tema de la sustentabilidad. Se hace más unilateral la dependencia de la deuda externa, con fundamentals o fundamentales macro ubicados a mitad de camino. La imagen gubernamental cubre, hoy, el bache.
Pero, entonces, otro voto clave es el de los mercados financieros externos. Por un lado, es básico que asuman y acepten el giro táctico en el enfoque económico. En su caso, ¿cuál sería el plazo? ¿Aparecerán los aportes de inversión inherentes al relato inicial? ¿Y, de todos modos, suponiendo que el giro táctico sea electoralmente funcional, será exigible un sinceramiento pos comicios?
El autor es abogado y economista. Preside el Centro de Análisis Social y Económico (CASE) y es asesor de distintas entidades empresarias y gremiales.