En el Episodio 23 de El podcast de Ricardo Lorenzetti, el foco está puesto en uno de los derechos más tensionados del presente: el derecho a la justicia y el acceso efectivo al sistema judicial. En muchos países, los poderes judiciales atraviesan una crisis permanente, no solo por presiones políticas, sino por una creciente desconexión entre los debates institucionales y los problemas concretos de la población.
“El problema es que los gobiernos hablan del poder y los pueblos hablan de sus problemas”, señala Lorenzetti al comenzar el episodio. Esa frase condensa una de las claves del diagnóstico: las reformas judiciales suelen discutirse en términos de poder, cargos o estructuras, mientras que las personas demandan respuestas frente a conflictos cotidianos que se prolongan durante años sin solución.
Uno de los primeros puntos que desarrolla el episodio es la necesidad de comprender al Poder Judicial como un sistema integrado. “Cuando hablamos de Poder Judicial no hablamos solo de jueces y juezas”, explica, sino también de funcionarios, empleados, fiscales, abogacía y universidades. Sin una articulación adecuada entre todos estos actores, advierte, el servicio de justicia no puede funcionar correctamente. La profesionalización y la formación aparecen como condiciones indispensables para garantizar independencia e imparcialidad.
El análisis comparado ocupa un lugar central en la reflexión. Lorenzetti distingue entre los distintos modelos judiciales y advierte sobre los riesgos de mezclar sistemas institucionales que responden a lógicas diferentes. En el caso argentino, el diseño constitucional se asemeja al de Estados Unidos, donde la Corte Suprema es cabeza de un poder del Estado y fija grandes lineamientos, mientras que la resolución concreta de los conflictos se concentra en los tribunales inferiores. “Los sistemas tienen una coherencia interna y no se pueden mezclar”, subraya, al analizar experiencias como la del Consejo de la Magistratura.

En ese marco, el episodio vuelve sobre una discusión clave: el rol de la Corte Suprema. Para Lorenzetti, concebirla como un poder del Estado implica dotarla de autonomía, independencia, estabilidad institucional y capacidad de conducción. “No puede ser que se cambie permanentemente su composición o su número”, advierte, y señala que sin una política judicial sostenida en el tiempo resulta imposible garantizar la independencia frente a los otros poderes del Estado.
Sin embargo, el núcleo del episodio no está puesto solo en la justicia como poder, sino en la justicia como servicio público esencial. Allí aparecen los problemas que más afectan a la ciudadanía. “El tiempo de la justicia es hoy el problema más importante”, afirma Lorenzetti, al referirse a la demora de los procesos judiciales y al impacto que esa lentitud tiene en la vida de las personas, en especial en materia penal, previsional y familiar.
La incorporación de tecnología surge como una herramienta clave para mejorar el servicio. Informatización, expedientes digitales y sistemas de gestión pueden acelerar los procesos sin sustituir la función judicial. “La inteligencia artificial no debe usarse para redactar sentencias o sustituir la función judicial, sino para mejorar la gestión”, aclara, y destaca que la tecnología puede evitar traslados innecesarios, reducir costos y acortar tiempos que hoy agravan la experiencia de quienes dependen del sistema judicial.
Otro eje central del episodio es la necesidad de segmentar los procesos judiciales. No todos los conflictos requieren el mismo nivel de complejidad. Lorenzetti propone fortalecer instancias cercanas a la población para resolver conflictos de baja intensidad como disputas vecinales, familiares o de consumo de manera rápida y directa. “No se necesitan grandes y complejos procedimientos para conflictos simples”, sostiene, y señala que este enfoque permitiría descomprimir el sistema y mejorar la paz social.
El episodio también aborda la sobrecarga judicial generada por la propia actuación del Estado. En países como Argentina, una parte sustancial de la litigiosidad está vinculada a juicios previsionales. Miles de causas se judicializan cuando, en realidad, el problema debería resolverse mediante políticas públicas o decisiones legislativas. Judicializar de manera masiva estos conflictos, advierte Lorenzetti, satura los tribunales y posterga soluciones de fondo.
En materia penal, el análisis se concentra en las deficiencias estructurales de la investigación. Casos complejos de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción o delitos graves requieren equipos especializados y estructuras profesionales. “No es un problema del juez o de la jueza, sino de la falta de estructuras de investigación”, señala, y subraya la necesidad de sistemas de investigación independientes y técnicamente capacitados para evitar la frustración social que generan los casos impunes.
Hacia el cierre, el episodio introduce una advertencia central sobre los riesgos del populismo judicial. Los poderes judiciales, sostiene Lorenzetti, no deben buscar legitimidad a través de encuestas o presión mediática. “Lo que debe perseguir la justicia no es la aprobación, sino el prestigio”, afirma. Ceder a la lógica de la aprobación inmediata erosiona la imparcialidad y pone en riesgo el Estado de derecho.
El debate sobre el derecho a la justicia, concluye el episodio, no es una discusión técnica ni corporativa. Es una discusión democrática. Pensar la justicia como un servicio accesible, eficiente e independiente es una condición indispensable para reconstruir la confianza social y sostener uno de los pilares centrales de la democracia en el siglo XXI.
Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.
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