Este 9 de septiembre se cumplen dos años de que 135 personas presos políticos en Nicaragua fueron privadas de su nacionalidad y obligadas a permanecer fuera del país, según la Asociación Memoria y Justicia (AMJ).
El grupo fue trasladado a Guatemala en septiembre de 2024, luego de períodos de detención que, de acuerdo con la organización, estuvieron atravesados por aislamiento, incertidumbre, separación de sus familias y, en varios casos, denuncias de malos tratos y torturas. Días después de la excarcelación y la expulsión, las 135 personas perdieron la nacionalidad nicaragüense.
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Para AMJ, la salida de prisión no representó el fin de las vulneraciones. “La excarcelación no restituye por sí sola los derechos vulnerados cuando una persona continúa privada de su país, separada de su familia y obligada a reconstruir su vida en condiciones que no eligió”, sostuvo la entidad.
Tras la expulsión, las personas afectadas debieron instalarse en países que no habían elegido. Una parte importante del grupo continúa en Guatemala, donde enfrenta obstáculos para regularizar su situación migratoria y acceder al trabajo, la educación, la salud y otros servicios necesarios para recomponer su vida cotidiana.
La asociación indicó que la falta de documentación, de redes de apoyo y de una solución migratoria definitiva ha profundizado la precariedad económica de algunos de los excarcelados. Conseguir un empleo estable, pagar una vivienda y cubrir las necesidades básicas constituye un desafío para quienes llegaron al exilio después de pasar meses o años detenidos.
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Otros integrantes del grupo se trasladaron más tarde a Estados Unidos, en busca de protección y de opciones de residencia más estables. Ese desplazamiento implicó un nuevo comienzo en otro país, con barreras vinculadas al idioma, el acceso al empleo, la continuidad de los estudios y la construcción de vínculos comunitarios.
AMJ señaló que muchas de estas personas aún procesan las consecuencias de la detención y de la incertidumbre que acompañó el período de encarcelamiento. La entidad remarcó que los efectos de la experiencia no se limitan a la pérdida de libertad, sino que se extienden a la vida personal, laboral y familiar de quienes fueron expulsados.
Las familias también afrontan las consecuencias de la expulsión
Según la entidad, en algunos casos, las familias dejaron Nicaragua junto con quienes habían estado detenidos. En otros, permanecieron en el país, sin condiciones para reunirse con sus parientes en el exterior.
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La organización sostuvo que la salida forzada de Nicaragua profundizó separaciones que habían comenzado en el momento de las detenciones. “Hijos, hijas, madres, padres, parejas y otros familiares permanecieron en Nicaragua mientras las personas excarceladas fueron trasladadas fuera del país”, señaló AMJ.
La imposibilidad de regresar también afectó la relación con los entornos construidos antes de la prisión. Las personas expulsadas dejaron casas, empleos, amistades, comunidades, escuelas y redes de contención. Para quienes tienen hijos a cargo, el proceso incluyó además la necesidad de ofrecerles estabilidad mientras intentaban adaptarse a una realidad migratoria incierta.
Según la asociación, el desarraigo abarca la pérdida de un vínculo con el lugar donde las personas nacieron, vivieron, formaron relaciones familiares y diseñaron sus proyectos de vida. Dos años después de la expulsión, muchas aún buscan condiciones de seguridad y estabilidad que les permitan asentarse.
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El 9 de septiembre de 2024, las 135 personas quedaron sin nacionalidad nicaragüense después de haber sido excarceladas y trasladadas fuera del territorio. Para la AMJ, esa decisión formalizó su exclusión del país y agregó una nueva dimensión a las consecuencias de la prisión política.
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