Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del régimen, aprueba una reforma constitucional que excluye toda normativa extranjera

La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control de la dictadura, aprobó este sábado una reforma constitucional que prohíbe la aplicación de leyes, reglamentos o normativas extranjeras en el país cuando, a juicio del régimen Ortega-Murillo, se considere que afectan la soberanía o la seguridad nacional.

La modificación fue adoptada por unanimidad durante una sesión especial celebrada en el Palacio Nacional de Managua, en el marco del 48 aniversario de la operación “Muerte al Somocismo, Comandante Carlos Fonseca Amador”.

El nuevo párrafo incorporado al artículo 12 de la Constitución Política de Nicaragua establece que únicamente los convenios firmados podrán aplicarse en el territorio nicaragüense, mientras que excluye cualquier ley, reglamento o normativa emitida por otro, grupo de Estados u organismo internacional que, según el régimen, “menoscabe y atente contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad, la paz del pueblo y la nación”.

Dicha reforma constitucional promovida por el matrimonio dictatorial ocurre en un contexto de creciente presión internacional. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha convocado a una sesión urgente de los cancilleres del hemisferio para abordar la situación de Nicaragua, mientras la oposición en el exilio exige el fin del régimen y la apertura de una transición política.

A su vez, la oposición intensifica sus reclamos ante la comunidad internacional, a la cual ofreció una hoja de ruta para una transición democrática .

El régimen intenta protegerse ante la presión internacional

A su vez, durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó: “La Constitución Política de la República de Nicaragua prohíbe, por tanto, no permite la extraterritorialidad de las leyes extranjeras. Solamente la aplicación de convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense. Ninguna ley, óigase bien, ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional que menoscabe y atente contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad, la paz del pueblo y la nación nicaragüense surtirá efecto jurídico en el territorio nacional.

Y el parlamentario oficialista agregó en su discurso: “Es decir, que no nos vengan a decir que estamos aprobando una ley, que vamos una ley para acá, que no... En nuestro país las leyes del Estado de Nicaragua son las que hacen efecto. Las leyes son nicaragüenses para los nicaragüenses. Y no hay ley, no hay ley de fuera que venga a entorpecer y a hacer efecto en Nicaragua”.

Posterior a sus palabras, la propuesta fue aprobada de forma unánime por los legisladores alineados al régimen.

La reforma otorga al régimen de Ortega y Murillo la facultad exclusiva de definir qué normativas extranjeras pueden considerarse una amenaza y refuerza su capacidad para bloquear cualquier disposición internacional que interprete como contraria a sus intereses, en un momento de aislamiento diplomático y reclamos de la comunidad internacional.

Medios como confidencial.digital señalan que la reforma constitucional “también busca profundizar el aislamiento institucional de Nicaragua para garantizar la impunidad del proyecto dinástico del Frente Sandinista y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.