El Gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia luego de que el canciller italiano, Antonio Tajani, reiterara públicamente la exigencia de extradición de Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigadas Rojas condenado en Roma por el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978.
La decisión se produjo tras una intervención de Tajani durante un encuentro del Partido Popular Europeo celebrado en Madrid, en la que calificó a Nicaragua de gobierno “extremista” por seguir dando protección a Casimirri.
El funcionario añadió que la justicia italiana ha presentado reiteradas solicitudes de extradición, todas sin respuesta por parte de Managua.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió con la ruptura de relaciones. “Ante las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones del canciller de la República Italiana, don Antonio Tajani, que ha insultado, fuera de todas las normas del respeto a las relaciones entre pueblos y gobiernos, con arrogancia europea, al pueblo y gobierno de Nicaragua, como contundente expresión de nuestra soberanía y dignidad nacional, estamos informando al gobierno de Italia y en particular, al canciller Antonio Tajani, que rompemos toda relación diplomática con el gobierno de Italia”, expresó el régimen de Nicaragua en una nota de prensa divulgada a través de medios oficialistas.
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El Gobierno nicaragüense, que otorgó la nacionalidad a Casimirri y permitió su establecimiento como empresario en el país, nunca ha atendido las solicitudes formales de extradición remitidas por los tribunales italianos.
El caso Moro es uno de los crímenes políticos más resonantes del siglo veinte. Aldo Moro fue primer ministro de Italia en dos ocasiones y, el 16 de marzo de 1978, fue secuestrado por un comando de al menos diez integrantes de las Brigadas Rojas que además asesinó a los cinco agentes de su escolta.
La intención original, se presumió entonces, era canjear al político demócrata cristiano por prisioneros de la organización armada. Sin embargo, cincuenta días después de su secuestro, Moro apareció muerto, acribillado a balazos, en el maletero de un automóvil Renault 4 rojo estacionado en la via Caetani, en el centro de Roma. La justicia italiana atribuyó el crimen a las Brigadas Rojas y consideró a Casimirri parte del comando que ejecutó la emboscada.
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Según reconstruyó el diario italiano Il Giornale, Casimirri, cuyo nombre de guerra dentro de la organización era “Camillo”, condujo uno de los vehículos que bloqueó la ruta de escape de la escolta de Moro durante el secuestro. Era hijo de Luciano Casimirri, quien se desempeñó como responsable de la oficina de prensa del diario vaticano L’Osservatore Romano. Antes de sumarse a las Brigadas Rojas, había militado en Potere Operaio, otro grupo de la izquierda extraparlamentaria italiana.
Tras los hechos, Casimirri huyó de Italia a comienzos de los años ochenta. En 1983 se instaló en Nicaragua, donde cinco años más tarde recibió la nacionalidad. Entró al país bajo el nombre de Guido di Giambattista, y su asilo político quedó fundamentado en que era perseguido en su país natal por su pertenencia a las Brigadas Rojas, organización de izquierda que la justicia italiana calificó como terrorista.
Eran los años de la revolución sandinista, y Nicaragua se había convertido en un refugio para perseguidos de diverso signo: militantes de ETA, guerrilleros montoneros argentinos y hasta narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria buscaron entonces la protección del gobierno sandinista.
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En una de las pocas entrevistas en las que ha hablado sobre su caso, concedida a la revista Magazine del diario La Prensa en 2007, Casimirri relató que llegó a Nicaragua buscando un país tropical. “Me vine a Nicaragua por un curso de buceo en la Costa Atlántica, también porque me decían que había dos océanos. Además, yo siempre quise vivir en un país tropical”, dijo entonces.
La justicia italiana ha solicitado la extradición de Casimirri durante los mandatos de tres presidentes distintos de Nicaragua: en 1996, con Violeta Barrios de Chamorro; en 2004, con Enrique Bolaños; y en 2015, en el segundo período de Daniel Ortega. En esa última ocasión, el entonces ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, señaló que la entrega de Casimirri a la justicia italiana constituía “un objetivo esencial e irrenunciable” para el Gobierno, pese a las negativas emitidas por las autoridades nicaragüenses.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua aseguró en su momento que el caso de Casimirri era “cosa juzgada”. “No puede ser extraditado ni encarcelado”, dijo el entonces magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional del alto tribunal.
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La Constitución Política de Nicaragua prohíbe la extradición de nacionales, y Casimirri es, desde 1988, legalmente nicaragüense. “Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, señala el artículo 43 de la Carta Magna.
La aplicación de esa norma constitucional no ha sido uniforme en otros casos. El 26 de noviembre de 2018 fue expulsada de Nicaragua la feminista y especialista en salud de origen costarricense Ana Quiroz, quien se había nacionalizado nicaragüense 21 años antes y era crítica del gobierno de Ortega.
Las autoridades alegaron entonces “defectos” en su proceso de nacionalización para expulsarla del país de manera expedita, sin que se le concediera derecho a defenderse.
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El caso de Casimirri volvió a cobrar relevancia internacional en marzo de 2019, cuando el Parlamento Europeo pidió su extradición como parte de un paquete de demandas, bajo amenaza de sanciones, al régimen de Daniel Ortega.
“La Cámara reclama la extradición inmediata a Italia de Alessio Casimirri”, señaló entonces el Parlamento a través de un comunicado, en el que recordó que el nicaragüense de origen italiano fue condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por el secuestro de Moro y por el asesinato de los miembros de su escolta.
En esa misma entrevista con Magazine, Casimirri negó haber sido miembro de las Brigadas Rojas, aunque reconoció haber participado de movimientos ligados a la izquierda italiana de la época. “Te estoy diciendo que no fui miembro de las Brigadas Rojas. Si las consideramos como un movimiento enorme de masas sí, pero si es vista como un pequeño grupo organizado, no”, matizó.
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Alessio Casimirri Labella nació en Roma el 2 de agosto de 1951. Es el mayor de tres hermanos y su familia mantenía una relación cercana con el Vaticano. Fue bautizado y recibió su primera comunión en ceremonias oficiadas en el Vaticano, y su familia contaba con un balcón reservado entre la Basílica y el Palacio Apostólico para presenciar los actos en la plaza de San Pedro. Estudió Derecho en la Universidad de Roma.
En Nicaragua llevó, durante décadas, una vida prácticamente normal. Consumado bailarín y apasionado del buceo, se casó en dos ocasiones y trajo a su madre al país. No vivió escondido. Durante mucho tiempo tuvo un programa televisivo llamado “Mar y Tierra”, en el que mostraba filmaciones submarinas propias.
Tan normal fue su vida en Managua que incluso fue víctima de la delincuencia común. El 5 de abril de 2014, un grupo de delincuentes armados y disfrazados de policías asaltó el restaurante que administraba y se llevó 218 mil dólares, 15 mil córdobas, 500 euros, joyas y armas de fuego. Los responsables fueron capturados y condenados.
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Casimirri desarrolló durante años actividades empresariales en el sector de la restauración en Managua. A trece kilómetros de la capital operó por más de dos décadas La Cueva del Buzo, un restaurante especializado en mariscos y comida italiana, que llegó a figurar entre los más reputados de Nicaragua para ese tipo de cocina.
Una de sus promesas era que los mariscos que servía eran pescados directamente por su propio chef y propietario, Casimirri, buzo aficionado. El restaurante cerró sus puertas años después, por razones que hasta el momento se desconocen.
Casimirri fue condenado en ausencia a seis cadenas perpetuas, veinticuatro años de cárcel y dos años de aislamiento diurno por, entre otros delitos, el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro. Desde Nicaragua, ha sostenido siempre que es inocente.
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Las autoridades italianas consideran a Casimirri un símbolo de la impunidad en materia de terrorismo, y su extradición ha sido, desde hace casi tres décadas, un tema recurrente en la agenda bilateral entre ambos países.
El Gobierno nicaragüense ha rechazado sistemáticamente entregarlo, argumentando su condición de ciudadano nacional y el principio constitucional de no extradición de nacionales.