“Yo quiero que ese hombre pague”: Madre exige justicia ante el femicidio de su hija en Nicaragua

El mes de mayo, tradicionalmente consagrado a la exaltación mariana y a la celebración del amor materno en los hogares nicaragüenses, se despidió este año dejando una profunda estela de luto, horror y consternación en la comunidad de Villa El Carmen.

Apenas unas horas después de que los ecos de los festejos a las madres comenzaran a disiparse, la violencia machista volvió a asestar un golpe letal. Ana Yahoska Siézar Cortez, una abnegada mujer de 36 años, se convirtió en la víctima más reciente de una epidemia silenciosa pero voraz: el femicidio.

Trabajadora incansable, Ana se ganaba el sustento diario custodiando la seguridad de un concurrido parque en la capital del país. Su jornada estaba marcada por el esfuerzo y el sacrificio con un único propósito: garantizar el bienestar de sus dos hijas adolescentes, de 17 y 14 años.

Sin embargo, su historia y sus sueños fueron trágicamente truncados en el interior de su propia vivienda, una humilde casa de habitación ubicada en el casco urbano del municipio, del Parque de Feria dos cuadras al sur.

Los hechos, marcados por los celos y la incapacidad de asimilar la ruptura de una relación sentimental, se desencadenaron tras una acalorada discusión.

De acuerdo con los testimonios recabados en la escena del crimen, la pareja se había movilizado hacia la vivienda en medio de reclamos. Poco tiempo después, la alerta de un altercado doméstico movilizó a los familiares.

Al llegar al inmueble, la tía de la víctima descubrió una escena desgarradora: Ana Yahoska yacía inerte sobre su cama, con visibles marcas de violencia física.

El arma utilizada para acabar con su existencia se encontraba en el mismo entorno cotidiano. El agresor empleó una cuerda gruesa, la cual era utilizada habitualmente para sujetar una hamaca en el inmueble, para consumar una asfixia mecánica por estrangulamiento.

El agresor, identificado como José María Guido Mojica, de 30 años, perpetró el brutal ataque y huyó inmediatamente del lugar, abandonando el cuerpo inerte de quien fuera su compañera de vida.

No obstante, cercado por el peso de su acción y el inminente despliegue de las fuerzas del orden, el sujeto optó por entregarse de manera voluntaria ante las autoridades policiales poco tiempo después, quedando bajo custodia a la espera de su debido proceso judicial.

El dolor en el barrio Los Mangos es palpable. Los vecinos y familiares recuerdan la relación de la joven con Guido Mojica como un vínculo marcado por la hostilidad, los celos posesivos y un férreo intento de control sobre las actividades de la víctima.

Aunque fuentes iniciales señalaban que el vínculo se había disuelto formalmente hacía seis meses, allegados cercanos precisaron que existían intentos recientes de convivencia empañados por constantes fricciones. Días antes, un intento de agresión física hacia Ana Yahoska fue frustrado únicamente gracias a la valiente intervención de varias mujeres del sector, un antecedente que lamentablemente predecía el trágico desenlace.

Las autoridades policiales y los peritos de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, trasladándolo al Instituto de Medicina Legal en una ambulancia para dictaminar los pormenores forenses, mientras las dos hijas de la víctima enfrentan ahora la dura realidad de la orfandad y el vacío irreparable de una madre ausente.

Un subregistro alarmante ante el hermetismo estatal

El crimen de Yahoska ocurre en un contexto de profunda opacidad institucional. Desde el año 2021, las dependencias gubernamentales de Nicaragua, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal, mantienen un hermetismo total en torno a las estadísticas de violencia de género, privando a la sociedad de datos oficiales actualizados.

Ante este vacío informativo, son las organizaciones independientes y plataformas feministas las que asumen la dolorosa tarea de documentar la violencia. De acuerdo con el monitoreo del blog independiente Intertextual, en lo que va del año 2026 ya se registran formalmente ocho casos de femicidios en el territorio nicaragüense.

La geografía del horror revela que la violencia es de carácter nacional: dos casos se concentran en el departamento de Managua, mientras que el resto se distribuye en León, Chinandega, Boaco, Granada y el municipio caribeño de Siuna (RACCN).

El caso inmediatamente anterior al de Villa El Carmen se remontaba al pasado 28 de abril en Sébaco, Matagalpa, donde la joven Marelyn Dayana González Centeno, de 19 años, pereció a cuchilladas bajo el mismo patrón fatal: negarse a restablecer una relación con su agresor.

La muerte de Ana Yahoska Siézar Cortez deja de ser una fría estadística para convertirse en el reflejo de una problemática estructural desatendida. Su nombre se suma a una lista que demanda urgentemente respuestas punitivas severas, pero, sobre todo, mecanismos preventivos capaces de proteger a las mujeres antes de que el lazo del control machista se vuelva, de forma literal, definitivo.