El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió este miércoles un silencio que se extendió por casi tres años para referirse por primera vez al preso político Brooklyn Rivera Bryan, el histórico líder indígena miskito detenido el 29 de septiembre de 2023 y cuya situación había sido clasificada por organismos de derechos humanos como una “desaparición forzada”.
A través de un informe conjunto firmado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, el régimen nicaragüense reveló que Rivera, de 73 años, se encuentra en estado crítico, conectado a ventilación mecánica y con falla de múltiples órganos.
El comunicado, difundido bajo el membrete del “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, constituye la primera información oficial emitida por el Estado nicaragüense sobre el paradero y la condición física del dirigente desde el momento de su arresto.
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Hasta esta fecha, ni sus familiares en Nicaragua ni los organismos internacionales de derechos humanos habían logrado obtener confirmación alguna sobre si Rivera seguía con vida.
Estado crítico
El documento detalla que Rivera ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el mismo día de su detención y que estuvo en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, para ser luego trasladado a las instalaciones penitenciarias de Tipitapa.
Señala que el 7 de marzo de 2026 fue llevado nuevamente a un hospital, el Fernando Vélez Paiz, ante un “obvio deterioro en sus condiciones respiratorias”. Allí fue diagnosticado con una neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar de origen fúngico, derrame pleural bilateral y, posteriormente, una infección por Stenotrophomonas maltophilia, una bacteria resistente a los antibióticos convencionales.
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Ante el deterioro respiratorio, los médicos le practicaron una traqueotomía y lo colocaron en ventilación mecánica invasiva. Una tomografía abdominal realizada el 15 de mayo de 2026 determinó la presencia de líquido libre intraabdominal y una laparoscopía diagnosticó cirrosis hepática con lesiones macronodulares.
El informe concluye que su condición actual es “delicada”, con falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.
Líder indígena histórico
Brooklyn Rivera Bryan nació el 24 de septiembre de 1952 en Lidaukra y es uno de los líderes indígenas más relevantes de la historia contemporánea de Nicaragua. Durante más de cinco décadas dedicó su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, convirtiéndose en una de las principales figuras del movimiento indígena del país.
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Su nombre en las comunidades miskitas es Taupla Brooklyn, que significa “líder principal”.
A principios de los años 80 lideró guerrillas indígenas que combatían al gobierno sandinista de la época. Luego, en 1984, sostuvo negociaciones para establecer un cese al fuego con quienes hasta poco antes eran sus enemigos.
El 21 de enero de 1986, Rivera sobrevivió a un ataque armado en la comunidad de Layasiksa por parte de las fuerzas sandinistas, en donde resultaron tres guerrilleros indígenas fallecidos y cinco lesionados.
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Con el triunfo electoral de Violeta Barrios en 1990 fue nombrado ministro director del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo de las Regiones Autónomas.
Un hito importante ocurrió en 2005, cuando Yatama, el partido que dirige, obtuvo una sentencia histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se reconoció la violación del derecho a la participación política de los pueblos indígenas tras su exclusión de las elecciones municipales de 2000.
En 2021, nuevamente fue electo para el período legislativo 2022-2026, reafirmando el respaldo de las comunidades indígenas a su liderazgo.
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Rivera era diputado en funciones cuando fue detenido. La cadena de eventos que condujo a su arresto comenzó cuando participó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York entre el 18 y el 28 de abril de 2023.
Durante su intervención, denunció la invasión de colonos en territorios indígenas en Nicaragua y la falta de respuesta de las autoridades para proteger los derechos de sus dueños legítimos.
Al intentar regresar al país, el régimen le cerró las fronteras, pese a ser un diputado en ejercicio. Rivera decidió ingresar furtivamente en mayo de ese año por la Mosquitia, zona indígena fronteriza con Honduras.
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Captura y desaparición
Desde entonces vivió moviéndose entre distintas casas para evadir una posible captura, hasta que el 29 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana, agentes policiales irrumpieron en su vivienda en Bilwi y lo detuvieron.
Según uno de sus hijos, que pidió no ser identificado, Rivera había acudido días antes a un médico privado porque su salud se había deteriorado y no podía asistir a hospitales públicos. “Por ahí se dio cuenta la Policía dónde se encontraba y lo capturaron”, relató.
Las consecuencias para su entorno inmediato fueron igualmente severas. El régimen detuvo también a su suplente parlamentaria, Nancy Elizabeth Henríquez James, liberada en marzo de este año y quien aparece mencionada en el propio comunicado oficial de este miércoles como una de las personas que lo visita semanalmente junto.
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Tanto a Rivera como a Henríquez, el régimen los despojó de sus condiciones de diputados por “inasistencia”, les confiscó sus propiedades e ilegalizó al partido Yatama bajo acusaciones de “traición a la patria”. La hija de Rivera, Tininiska Rivera, tuvo que salir al exilio después de ser acusada de ciberdelitos por haber dado una entrevista exigiendo la liberación de su padre.
El comunicado del régimen señala que el hijo de Rivera, Wailandin Rivera Solórzano, realizaba visitas quincenales en la cárcel, una afirmación que contradice directamente los testimonios de la familia que durante casi tres años sostuvieron públicamente que ningún familiar había tenido acceso a él.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció en marzo de 2026 que desde su detención sus familiares “no han vuelto a saber de él. No han podido verlo ni obtener información sobre su paradero”.
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Pruebas de vida
Las exigencias de prueba de vida para Rivera se habían multiplicado en los meses previos a este comunicado, escalando hasta los más altos niveles del sistema internacional de derechos humanos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formalizó su reclamo en marzo de 2026 mediante una carta dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo, firmada por Jan-Michael Simon, Ariela Peralta y Reed Brody, en la que solicitaron información oficial que permita determinar la suerte y el paradero del dirigente indígena.
El 1 de mayo de 2026, expertos de Naciones Unidas también pidieron a las autoridades nicaragüenses aportar “de manera inmediata” una prueba de vida, advirtiendo que, si Rivera hubiera fallecido, el gobierno debía informar las circunstancias y causas de la muerte.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos acusó en marzo a la “dictadura de Murillo-Ortega” de tener personas “encarceladas únicamente por disentir del régimen”, en condiciones “inhumanas” y sin atención médica.
Amnistía Internacional, que había declarado a Rivera preso de conciencia, señaló que “mantener detenido a Brooklyn Rivera sin información sobre su paradero y estado de salud, y sin acceso a familiares ni abogados engrosa las ya gravísimas violaciones de derechos humanos que está padeciendo”, según declaró Astrid Valencia, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de la organización.
Rivera contaba además con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas tras su detención al considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”. En abril de 2026, la CIDH había extendido medidas cautelares también a otros cuatro opositores desaparecidos en Nicaragua.
La dictadura nicaragüense ha recurrido en al menos cuatro ocasiones, desde 2022, a presentar pruebas de vida de presos políticos desaparecidos como respuesta a la presión nacional e internacional.
En marzo de 2023, cuando la presión internacional alcanzó su punto máximo, el régimen exhibió al obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado a más de 26 años de prisión, en lo que fue una respuesta directa a la exigencia de organismos de derechos humanos que reclamaban ver con vida al religioso.
Más recientemente, el caso de Angélica Chavarría, expareja de Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, fue presentada públicamente tras meses de desaparición forzada, en respuesta a la creciente presión internacional sobre su caso, en lo que organizaciones humanitarias, ex reos políticos y opositores describieron como “pruebas de vida cuidadosamente montadas”.
Activistas señalaron que Chavarría, de 39 años, fue la única de los presos desaparecidos que pudo ser expuesta públicamente porque era la más joven y podía ser “maquillada”, en contraste con los demás, que son adultos mayores.
La aparición pública de Chavarría no disminuyó la preocupación de las organizaciones de derechos humanos sobre las desapariciones forzadas en Nicaragua. Por el contrario, activistas consideraron que el caso confirmó que otras nueve personas continuaban desaparecidas bajo custodia estatal. Entre ellas, hasta este miércoles 27 de mayo, Brooklyn Rivera.
Con su comunicado de hoy, el régimen reconoce formalmente la existencia de un hombre que, según la versión oficial, lleva más de dos meses en cuidados intensivos con ventilación mecánica, mientras el mundo exigía saber si aún estaba vivo.