La candidatura de Sergio Ramírez para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025, fue celebrada por muchos nicaragüenses, pero también reabrió fracturas históricas dentro de la oposición y el exilio nicaragüense.
Ramírez fue proclamado candidato a la silla de la RAE el 7 de mayo de 2026, respaldado por tres académicos de peso: Víctor García de la Concha, Luis Mateo Díez y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. La elección definitiva quedó fijada para el 21 de mayo, en un pleno extraordinario en León, España.
El escritor nicaragüense llega a esta candidatura con una trayectoria literaria difícil de ignorar dentro de las letras hispanoamericanas contemporáneas. Novelista, ensayista, cuentista y periodista, es autor de una obra traducida a más de veinte idiomas, con títulos emblemáticos como Margarita, está linda la mar, Castigo divino, Adiós muchachos y Tongolele no sabía bailar. Su narrativa ha sido estudiada en universidades de Europa y América Latina por su mezcla de memoria política, ironía, lenguaje popular y reconstrucción crítica de la historia nicaragüense.
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En 2017 recibió el Premio Cervantes, considerado el reconocimiento más importante de la literatura en español, convirtiéndose en el primer centroamericano en obtenerlo. El jurado destacó entonces “la viveza de una literatura que aúna poesía y narrativa” y su capacidad para retratar “la realidad y la vida cotidiana”. A ese reconocimiento se suman el Premio Alfaguara de Novela, el Premio Carlos Fuentes, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, consolidándolo como uno de los escritores de habla castellana más influyentes y reconocidos de la actualidad.
La noticia de su candidatura a la RAE fue celebrada en círculos literarios hispanoamericanos como el posible ingreso del primer nicaragüense a una de las instituciones culturales más prestigiosas del idioma español. Pero casi de inmediato surgió una campaña de rechazo impulsada por un grupo que se autodenomina Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, integrado por opositores y víctimas del régimen revolucionario de los años ochenta.
En una carta enviada al director de la RAE, firmada por 53 personas, el grupo cuestionó el significado moral de que Ramírez ocupara precisamente el asiento que perteneció a Vargas Llosa. “La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española”, señalaron.
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La organización recordó que Ramírez integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985 y posteriormente fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, durante el primer gobierno de Daniel Ortega. También enfatizó que permaneció dentro de la estructura sandinista hasta 1995, cuando rompió con Ortega y cofundó el Movimiento Renovador Sandinista.
La carta enumeró abusos cometidos durante la década revolucionaria: censura de medios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución religiosa y destrucción de comunidades indígenas. “No fue un colaborador circunstancial, sino parte del núcleo dirigente del régimen”, afirmaron los firmantes.
Jonathan Braudy Sánchez, coordinador de la Iniciativa, llevó el cuestionamiento a un plano personal. “Le invitamos a renunciar a esta candidatura. El honor más grande que puede hacerle al idioma español en este momento no es ocupar ese sillón, sino convertir ese gesto en el primer acto de la autocrítica que las víctimas llevan décadas esperando”, declaró.
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Según conoció la agencia EFE, fuentes de la RAE confirmaron este miércoles haber recibido la carta, que será enviada a todos los académicos y respondida a sus remitentes.
Otro opositor, Luciano García, también critica agriamente el reconocimiento a Ramírez. “Imaginemos por un momento (solo como ejercicio moral) que figuras como Hitler, Franco, Mussolini, Somoza o Pinochet, después de haber dirigido regímenes que dejaron miles o millones de víctimas, hubieran decidido reinventarse como grandes novelistas, poetas o intelectuales. Imaginemos que, tras el dolor que causaron, fueran celebrados con premios internacionales, galardones literarios y propuestas para academias prestigiosas. ¿Qué sentirían sus víctimas?”, dice en una de las dos cartas públicas que ha dedicado al escritor.
Detrás de la polémica aparece un viejo conflicto de la oposición nicaragüense: cómo interpretar el pasado sandinista. Para un sector del exilio, el problema no es la calidad literaria de Ramírez, prácticamente indiscutible, sino la ausencia de una revisión pública más profunda sobre su papel político en la revolución.
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“No se trata de negar el talento. No se trata de censurar la literatura. No se trata de prohibir la creación artística. Se trata de algo más profundo: la memoria no puede ser selectiva. La ética no puede ser parcial. La responsabilidad no puede ser opcional”, expresa García.
Pero la ofensiva contra Ramírez también generó una reacción inmediata de periodistas, escritores y analistas nicaragüenses exiliados, quienes consideran a la campaña un intento de reducir toda una trayectoria intelectual y política a una sola etapa histórica.
En un artículo publicado en Divergentes, el periodista Denis Cruz calificó la campaña como “mezquina”. “Como nicaragüense, me siento profundamente orgulloso de que, por primera vez, un compatriota pueda ocupar un puesto de semejante relevancia en el mundo de las letras hispánicas”, escribió.
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Cruz recordó que Ramírez recibió el Premio Cervantes 2017, considerado el máximo reconocimiento de las letras en español, además del Premio Ortega y Gasset de Periodismo en 2023 y la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025 por El caballo dorado.
“Ningún organismo nacional o internacional de derechos humanos ha señalado jamás a Ramírez por esos delitos. Resulta chocante, por tanto, que intenten borrar una vida intelectual de más de medio siglo con un simple adjetivo: criminal”, sostuvo.
Wilfredo Miranda, también periodista de Divergentes, reconoció, sin embargo, la complejidad del debate. “Ramírez no fue un simpatizante intelectual del sandinismo, fue parte de su estructura de poder. Esa responsabilidad política existe y no desaparece. Pero una cosa es la responsabilidad política colectiva de un gobierno y otra muy distinta es la culpabilidad penal individual”, escribió.
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Otro artículo de opinión publicado en el diario La Prensa, firmado por el economista y exreo político Luis Rivas, fue todavía más lejos en la defensa del escritor. “Sergio no es un protegido del régimen orteguista. Es exactamente lo contrario. Ha sufrido exilio, confiscación de bienes y desnacionalización a manos de Daniel Ortega”, escribió este jueves.
Rivas recordó que Ramírez rompió con Ortega después de la derrota electoral sandinista de 1990 y que impulsó una corriente interna para democratizar el FSLN. “Esa postura le costó un enfrentamiento abierto con Ortega y la dirigencia del Frente Sandinista”, afirmó.
La trayectoria posterior de Ramírez es precisamente uno de los argumentos centrales de sus defensores. Desde hace más de dos décadas, el escritor se convirtió en una de las voces internacionales más visibles contra el autoritarismo orteguista.
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En junio de 2021, durante el festival Centroamérica Cuenta en Madrid, Ramírez denunció que Nicaragua había caído bajo “una dictadura familiar que ha cancelado todas las libertades públicas”. En septiembre de ese mismo año, tras emitirse una orden de captura en su contra, declaró desde España: “Quieren reducir el país al silencio”. Aquella frase se convirtió en una de las más citadas por medios internacionales durante la escalada represiva de Ortega.
En febrero de 2023, después de ser despojado de su nacionalidad por el régimen junto a otros 93 opositores, Ramírez afirmó en Madrid: “La patria no puede ser una finca privada de nadie” y en octubre de 2023, durante la Feria del Libro de Frankfurt, volvió sobre el tema. “Nicaragua vive bajo un sistema de terror político”, dijo ante una audiencia internacional de escritores y editores.
Más reciente, el 4 de mayo pasado, al recibir el Premio Ortega y Gasset 2026, Ramírez condenó el destierro del periodismo independiente y lo dedicó a los periodistas nicas que siguen desafiando el poder.
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Muchos opositores destacan precisamente la fuerza de las denuncias de Ramírez con tribuna internacional permanente. “Su silla en la RAE sería una tribuna permanente ante 600 millones de hispanohablantes”, escribió Miranda. “Torpedear su candidatura no es un acto de justicia histórica. Es contribuir, miopemente, a que Nicaragua siga siendo invisible cada vez más”.
El debate también ha reactivado una comparación inevitable entre Ramírez y Vargas Llosa.
Los defensores del escritor nicaragüense recuerdan que el Nobel peruano fue simpatizante entusiasta de la revolución cubana antes de romper con Fidel Castro tras el caso Heberto Padilla en 1971. “Nadie usó esa etapa política para descalificar la silla L que ocupó décadas después”, escribió Miranda.
Los críticos responden que existe una diferencia sustancial: Vargas Llosa apoyó intelectualmente una revolución, mientras Ramírez ejerció poder político dentro del Estado sandinista.
Para quienes adversan su candidatura, el problema no es literario, sino ético y simbólico. Consideran que la RAE no debería ignorar el peso histórico de haber sido vicepresidente de un gobierno acusado de graves violaciones a derechos humanos.
Para sus defensores, en cambio, el intento de convertir la elección académica en un tribunal moral distorsiona la naturaleza misma de la institución y desconoce la evolución política de Ramírez.
En el fondo, la controversia revela que Nicaragua sigue sin resolver públicamente la memoria de los años ochenta. La guerra civil, la revolución sandinista, la Contra y los abusos de ambos bandos continúan siendo interpretados desde trincheras irreconciliables.
“No puede levantarse un país si convierte la represalia retrospectiva en requisito para participar en su reconstrucción”, escribió Luis Rivas. Pero del otro lado persiste la convicción de que sin autocrítica tampoco puede construirse una reconciliación democrática duradera.
Mientras tanto, Ramírez está en el centro de una paradoja política y literaria: un antiguo dirigente revolucionario convertido en perseguido político por el mismo movimiento que ayudó a llevar al poder; un vicepresidente sandinista convertido décadas después en uno de los intelectuales más visibles contra Ortega; y un escritor que, aun arrastrando el peso de ese pasado, logró construir una de las obras literarias más importantes de Latinoamérica.
A sus 83 años, desnacionalizado por Nicaragua y residente en España desde el exilio, Ramírez aparece hoy como una figura incómoda para todos los extremos. Para el orteguismo, es un traidor. Para una parte del exilio antisandinista, sigue siendo corresponsable histórico de los abusos revolucionarios. Para otros, Sergio Ramírez es un nicaragüense destacado en la literatura mundial. Casi tanto, dicen algunos, como lo fue en su momento Rubén Darío, el gran referente cultural de Nicaragua.