Un amplio sondeo realizado en marzo pasado reveló que el 76,1% de los nicaragüenses considera que la criminalidad en el país ha aumentado. Este resultado surge en un contexto de crecimiento paralelo de la vigilancia digital y la represión ejercida contra empleados públicos, profundizando una percepción de inseguridad que abarca tanto el ámbito físico como el digital.
Los datos, que forman parte de un estudio presentado por la organización Hagamos Democracia en San José, Costa Rica, fue publicado por el medio Confidencial.
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El sondeo muestra un salto significativo en la percepción de criminalidad respecto a la medición anterior: en diciembre de 2025, el 63,7% de los consultados ya advertía un aumento, cifra que se elevó en 12,4 puntos porcentuales apenas tres meses después. Esta tendencia de deterioro del entorno de seguridad contrasta fuertemente con la narrativa oficial de control estatal e impulsa la sensación de vulnerabilidad generalizada, según el informe de Confidencial.
La consulta, realizada a 400 personas en 40 municipios de las regiones autónomas del Caribe y en 12 de los 15 departamentos restantes, destaca no solo la percepción de criminalidad, sino un incremento sostenido de la vigilancia sobre la ciudadanía. En el plano digital, el porcentaje de quienes afirmaron haber detectado vigilancia en redes sociales, correo electrónico o celulares pasó de 35,6% en diciembre de 2025 a 42,5% en marzo de 2026, un aumento de 6,9 puntos en solo un trimestre. Al profundizar en la naturaleza de este fenómeno, el sondeo indica que el hostigamiento abierto en redes sociales lidera la lista con el 38,1%, seguido de la utilización de perfiles falsos solicitando información privada (36,9%) y las alertas por intentos de hackeo (25%).
El informe presentado por Hagamos Democracia subraya que “este incremento confirma que el espacio digital se ha convertido en un nuevo frente de control y amedrentamiento. La represión ya no se percibe únicamente en el territorio físico, sino también en la vida comunicacional y privada de las personas”. El documento también da cuenta de una transición hacia formas de amedrentamiento digital cada vez más visibles y directas.
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Las cifras sobre delitos reflejan variaciones particulares: mientras los reportes de asesinatos crecieron de 7,5% a 9,7%, el acoso callejero de 4,5% a 9,5%, y los hurtos de 7% a 8,2%, las denuncias de robos disminuyeron de 75,6% a 69,9% y los femicidios de 2,7% a 1,5%. Esta evolución cuantitativa permite observar desplazamientos en la modalidad y percepción de inseguridad.
La represión laboral y la vigilancia penetran la vida cotidiana
La represión a empleados del sector público se mantiene como un fenómeno extendido. De los encuestados con familiares en instituciones estatales, 79,6% admitió conocer casos de coacción vinculada a su desempeño laboral, frente al 76,5% que lo reportó en diciembre anterior. Entre las prácticas señaladas, la asistencia obligatoria a actividades partidarias (79,8%) ocupa el primer lugar, seguida por la vigilancia de perfiles digitales (50,8%), el envío a campos de entrenamiento militar (38,3%), la revisión de celulares (30,1%) y las intimidaciones y amenazas explícitas (30,1%).
Los autores del estudio insisten en que estas cifras son evidencia de una sofisticación progresiva de los mecanismos de control y disciplinamiento del Estado sobre los empleados públicos. “La vigilancia digital y la revisión de celulares muestran un régimen que avanza hacia mecanismos más intrusivos y personalizados de represión”, concluye el documento citado por Confidencial.
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En el ámbito vecinal, la percepción de espionaje ciudadano se mantiene en niveles históricamente altos: el 86,1% de los encuestados afirmó sentir algún tipo de vigilancia en su entorno inmediato, una cifra estable respecto al 85,6% registrado tres meses antes. La vigilancia se ha institucionalizado en la experiencia cotidiana, lo que densifica la sensación de control permanente.
Respecto a quiénes ejercen esta vigilancia, el estudio identifica principalmente a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) con 44,4%, seguidos por la Policía (29,5%) y los paramilitares (23,9%). En comparación con diciembre de 2025, aumenta la presencia policial como actor de control y disminuye ligeramente la de los grupos paraestatales. Según el informe de Confidencial, “la vigilancia no recae únicamente en estructuras paraestatales o partidarias, sino que se percibe cada vez más asociada a actores formales del Estado”.
La normalización de la vigilancia residencial, digital y laboral describe un escenario en el que la población de Nicaragua se enfrenta a una red de control múltiple y persistente tanto en la vida privada como profesional, impulsando una sensación constante de inseguridad y limitación de libertades.
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