En Costa Rica, exiliados nicaragüenses conmemoraron este fin de semana los ocho años transcurridos desde el inicio de las protestas de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, un período marcado por la represión estatal y una crisis política persistente cuyos efectos, incluido el exilio, siguen latentes para cientos de personas.
El acto central fue una misa realizada en la Iglesia de San Francisco de Goicoechea, conocida como Iglesia de Ladrillos y declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, donde líderes religiosos y familiares de las víctimas reiteraron sus pedidos de justicia por las más de 300 muertes que acompañaron el estallido social, según la agencia EFE.
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A diferencia de la cobertura habitual sobre los aniversarios de la crisis, la ceremonia en San José incluyó la presencia y el testimonio de figuras exiliadas como el padre dominico español nacionalizado nicaragüense Rafael Aragón, expulsado de Nicaragua por el Gobierno sandinista. Aragón declaró a EFE: “Entregaron su vida con esa ilusión, utopía y entusiasmo. Ellos son para nosotros un testimonio de convicción y para los cristianos un testimonio de la fe”.
También estuvieron presentes madres como Candelaria Díaz, quien pidió ante la agencia: “Seguimos pidiendo justicia porque es algo que no puede quedar impune. Teniendo la fe en Dios de que algún día esto se va a llegar a esclarecer y como dicen que tomar cartas en el asunto”.
La fecha se eligió en coincidencia con el aniversario de las manifestaciones que comenzaron en abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses tomaron las calles para rechazar reformas a la seguridad social impulsadas por el Ejecutivo. Ante la respuesta represiva del Gobierno, la indignación ciudadana se transformó rápidamente en una demanda directa de renuncia para Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 y fue reelegido en noviembre de 2021 para un quinto mandato, en comicios calificados como “controvertidos” por la comunidad internacional, según EFE.
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Organizaciones elevan a 684 las víctimas mortales de 2018
A la cifra de “más de 300” muertos reconocida por Ortega se suman los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que registró al menos 355 muertos durante las protestas, mientras que distintas organizaciones nicaragüenses elevan la cifra a 684 víctimas. Ortega sostiene que los sucesos de 2018 constituyeron “un intento de golpe de Estado” y rechaza la legitimidad de las demandas de investigación y reparación.
En este contexto, el profesor indígena Gabriel Putoy, integrante del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), remarcó ante EFE: “Que la memoria no pase al olvido y siempre tener presente a los más de 310 asesinados que ocurrieron durante el 2018 en la rebelión cívica, por la persecución, represión, encarcelamiento y secuestro que Ortega hace a cada uno de los opositores que están adentro”.
Estados Unidos sanciona a altos funcionarios del Gobierno de Ortega
El mismo fin de semana del aniversario, Estados Unidos impuso sanciones contra el viceministro del Interior de Nicaragua, acusándolo de “graves violaciones de los derechos humanos”, según informaciones confirmadas por EFE. A estas se suman nuevas medidas restrictivas contra dos hijos de la pareja presidencial y otros cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.
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Esta intervención internacional se produce en un clima diplomático cambiante: tras el distanciamiento entre Ortega y su entonces aliado venezolano Nicolás Maduro, el Gobierno nicaragüense liberó a presos políticos y designó a una nueva encargada de negocios en Washington, lo cual podría interpretarse como una búsqueda de interlocución con el Gobierno estadounidense.
Al interior de Nicaragua, el Gobierno conmemoró el aniversario con manifestaciones oficiales denominadas “Día Nacional de la Paz”, que incluyeron marchas, pasarelas y exhibiciones de automóviles, según reportaron medios locales citados por EFE.
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