La espera por una resolución judicial se prolongará para las más de veinte mujeres nicaragüenses que denuncian haber sido explotadas en España. Siete miembros de una familia nicaragüense enfrentarán un proceso penal en ese país, acusados de encabezar una red que trasladaba a mujeres bajo promesas laborales engañosas y que, según la investigación, operó desde 2017.
La acusación detalla que, en el proceso de captación, la organización facilitaba a las víctimas una suma de alrededor de 1.000 euros (USD 1.100) para que pudieran ingresar a España como turistas. Sin embargo, una vez que las mujeres llegaban al país, eran despojadas de ese dinero y trasladadas a viviendas bajo control del grupo familiar, según consta en la investigación judicial.
A partir de ese momento, las víctimas eran forzadas a asumir deudas que podían oscilar entre 5.000 y 6.000 euros (USD 5.340 a USD 6.400), justificadas por la organización como sobrecostos de boletos aéreos, alojamiento, manutención y otros gastos asociados al viaje. La presión por el pago de estas deudas se realizaba a través de amenazas y coacciones constantes.
El caso cobró notoriedad pública cuando Z.M.T., una de las acusadas, fue detenida en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid en julio de 2019, mientras intentaba ingresar con tres mujeres nicaragüenses, presuntamente bajo el mismo método operativo. De acuerdo con información de Diario La Prensa, la investigación permitió a las autoridades localizar un cuaderno con registros detallados de operaciones entre 2009 y 2017, hallado en una vivienda de los implicados en Alfaro.
El Ministerio Fiscal de España sostiene cargos contra cuatro integrantes de la familia por inmigración ilegal continuada, coacciones y pertenencia a grupo criminal. Otros dos enfrentan acusaciones de blanqueo de capitales y coacciones, respectivamente. La principal acusada, F.D.C., junto a su esposo S.A.C., se enfrenta a peticiones de hasta seis años y cinco años y nueve meses de prisión, además de multas de 40.000 euros (USD 42.700). El monto total de las sanciones económicas supera los 1,7 millones de córdobas (aproximadamente USD 46.400).
Otros procesados incluyen a T.D.C., sobrina de la principal responsable, y a O.D.S., hijo del matrimonio investigado, quienes podrían recibir condenas de hasta cuatro años y seis meses de cárcel. Además, la hermana de la principal señalada y su esposo, F.J.G., enfrentan cargos similares, mientras que L.M.T., otra hermana, está acusada por coacciones, con una solicitud de seis meses de prisión.
Hasta la fecha, se ha conseguido la colaboración de 26 víctimas en el proceso judicial. Las autoridades sostienen que la cifra real de afectadas podría ser aún mayor, dada la magnitud y el tiempo de operación de la red. El mecanismo consistía en trasladar a las mujeres bajo la condición de turistas, quitarles el dinero aportado y, una vez en España, ejercer presión y amenazas para forzar el pago de la supuesta deuda.
El inicio del juicio estaba previsto para marzo de 2026 ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, pero fue suspendido con la intención de alcanzar una sentencia de conformidad entre las partes. Esta decisión ha pospuesto la apertura del proceso hasta febrero de 2027, mientras la investigación y la protección de las víctimas continúan siendo prioritarias para las autoridades judiciales y policiales de España.
El expediente judicial y los testimonios de las afectadas dejan en evidencia la presión económica y emocional a la que fueron sometidas. El proceso penal busca reparar el daño causado y desmantelar la estructura familiar acusada de trata y explotación de migrantes.