Un total de 1,200 presos comunes con sentencia firme fueron puestos en libertad condicional por el régimen de Nicaragua este miércoles, permitiéndoles pasar la Semana Santa bajo régimen de convivencia familiar en sus hogares, según información oficial retomada por el medio EFE.
El beneficio otorgado incrementa el número de reos comunes excarcelados en lo que va de 2024 a 2.400 personas, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio del Interior.
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Esta política de liberación ha alcanzado a 53.164 internos durante la última década, con una tasa de reincidencia del 7,18 % en ese periodo, según el Gobierno.
Actos oficiales para formalizar la excarcelación se realizaron tanto en la sede del Sistema Penitenciario Nacional cerca de Managua, la mayor prisión del país conocida como ‘La Modelo’, como en otras siete cárceles. El pasado 2 de febrero, la administración nicaragüense también liberó a 1.200 reclusos por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, en homenaje al fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo.
En 2025, el número de condenados beneficiados por esta medida alcanzó a 9.900 personas, la cifra más alta registrada en diez años, según los registros oficiales.
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Diversas organizaciones feministas han cuestionado la liberación anticipada de convictos al señalar un presunto aumento de los feminicidios y de la delincuencia en Nicaragua tras la aplicación de este programa.
EE.UU. denunció la crueldad del régimen de Ortega y Murillo
La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció en marzo la detención de personas ancianas y enfermas por parte del Gobierno que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando de manera específica el caso de Brooklyn Rivera Brayan, exdiputado indígena miskito, de 73 años, arrestado desde el 29 de septiembre de 2023, según comunicó la delegación estadounidense.
Como consecuencia tras esta detención, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, órgano bajo control sandinista, anuló la personalidad jurídica del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), indicando que la agrupación cometió actos contra la soberanía nicaragüense y fomentó la injerencia extranjera, calificados como delitos de traición a la patria, de acuerdo con el argumento oficial.
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La sede diplomática de Estados Unidos en Managua calificó de “irrazonable” la actitud del “régimen” hacia los ciudadanos que manifiestan críticas contra el Gobierno, de acuerdo con el mensaje publicado en sus redes sociales.
Fundador y líder de Yatama, Rivera fue aliado de los actuales gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional y su detención tuvo lugar días antes de las elecciones regionales celebradas en marzo de 2024. “Estas personas -ancianos y enfermos- fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos fundamentales y de atención médica”, señaló la embajada estadounidense.
Funcionarios sancionados
Estados Unidos implementó sanciones en febrero contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, como respuesta a lo que calificó como acciones para “incitar a la inestabilidad regional” y permitir la represión de la población, según un comunicado del Departamento de Estado.
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La medida, que afecta a figuras clave dentro de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se vincula a denuncias de represión violenta y asesinatos de opositores reportados desde 2018, de acuerdo con la Administración de Donald Trump. En el comunicado, las autoridades estadounidenses responsabilizaron a la estructura de seguridad estatal de vigilar y silenciar a quienes el Gobierno identifica como amenazas a su control.
Los funcionarios sancionados son la ministra de Trabajo Johana Flores; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreno; el subdirector de la misma entidad, Aldo Saenz; la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes; y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Leonel Gutiérrez.
El Departamento de Estado destacó: "La dictadura ha cometido abusos laborales sistemáticos y utiliza estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que considere una amenaza para su control del poder. Las personas sancionadas hoy encabezan las agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión“, sostuvo la entidad.
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