La evaluación reciente de la analista María Fernanda Bozmoski —directora de impacto y operaciones del Centro Adrienne Arsht para América Latina en el Atlantic Council— advierte que Estados Unidos podría concentrar su presión diplomática y económica sobre Nicaragua tras fortalecer sus acciones contra Venezuela y Cuba. Esta proyección, publicada por el portal Centroamérica360, sitúa a la administración de Donald Trump ante la decisión de priorizar Nicaragua como siguiente objetivo estratégico en América Latina, considerándola central para la estabilidad regional.
Bozmoski contextualiza este giro en la política exterior estadounidense al analizar el escenario crítico en Cuba, donde un bloqueo más grave ha multiplicado los problemas estructurales: crisis energética, cortes eléctricos prolongados y escasez de alimentos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el 13 de marzo de 2025 la apertura de conversaciones con Washington para abordar “diferencias bilaterales”.
Según la publicación de Centroamérica360, apoyada en un artículo de Bozmoski, Estados Unidos buscaría promover un cambio en el liderazgo cubano como parte de su estrategia. En Venezuela, la detención de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses, ocurrida meses atrás, es para Bozmoski un debilitamiento tangible de la red de regímenes autoritarios en la región.
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El examen de la analista subraya que, pese a estos avances, tales transformaciones no se traducen en procesos automáticos de apertura democrática, “como demuestra el caso venezolano”.
Las acciones sobre Nicaragua determinan el futuro democrático de Centroamérica
De acuerdo con el análisis de Bozmoski, difundido por Centroamérica360, Nicaragua constituye el desafío más complejo para la arquitectura democrática latinoamericana en este momento. Su dictadura, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha desmantelado el tejido institucional del país y expandido la represión más allá de sus fronteras. Expertos de Naciones Unidas, citados en el informe, describen a Nicaragua como “un Estado autoritario sin instituciones independientes” y lo responsabilizan de “represión transnacional”, incluyendo la persecución de opositores en otros países centroamericanos.
La publicación destaca que la situación interna de Nicaragua no solo incrementa la inestabilidad nacional, sino que repercute de forma directa en la integración regional, la confianza institucional y el clima de inversión en Centroamérica. El futuro democrático, institucional y económico de la región dependerá en gran parte de la capacidad internacional para enfrentar la crisis nicaragüense, sostiene el análisis del Atlantic Council.
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Uno de los bloques señalados en el documento recomienda “intensificar la presión económica sobre el régimen nicaragüense”, con énfasis en la aplicación de sanciones a sectores estratégicos como el oro, acompañadas del respaldo a la oposición política local y la exigencia de procesos electorales transparentes y competitivos.
La evaluación de Bozmoski —respaldada por observaciones de expertos internacionales del tanque de pensamiento Freedom House— remarca que la forma en que la comunidad internacional aborde la crisis nicaragüense influirá directamente en el destino democrático y socioeconómico de Centroamérica, según lo informado por Centroamérica360.
Los nicaragüenses también piden acción internacional ante la grave crisis que viven bajo el régimen de Ortega. Esta semana, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua clamó por una acción internacional concertada ante el agravamiento de la crisis en Nicaragua, lo cual cobra fuerza en un contexto de creciente represión y negación sistemática de derechos fundamentales.
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Ocho años después del inicio de una crisis que, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado al menos 355 muertos —aunque organismos locales sitúan la cifra en 684—, el reclamo apunta a la necesidad de verdad, justicia y garantías de no repetición, según informó la agencia EFE.
La organización, compuesta principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José, Costa Rica, subrayó que las prácticas de persecución política, desaparición forzada, apatridia y exilio se han institucionalizado como herramientas de control bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tal como detalló EFE.
El colectivo, en su llamada a la acción emitida el 24 de marzo con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, sostuvo que “la reconciliación en Nicaragua resulta inviable sin la verdad y sin justicia”, y remarcó que la población tiene derecho a conocer el destino de las personas detenidas y desaparecidas desde el inicio de la represión estatal en abril de 2018. La ONG denunció que la respuesta oficial ante estos crímenes ha sido el silencio, la manipulación institucional y una “maquinaria de propaganda destinada a ocultar los crímenes cometidos desde 2018”, según puntualizó el reporte de EFE.
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La represión iniciada tras las protestas sociales del 18 de abril de 2018 —que comenzaron por reformas a la seguridad social y derivaron en una masiva exigencia de renuncia contra Ortega—, dejó entre 300 y 684 fallecidos dependiendo de la fuente: el propio mandatario reconoce más de 300 muertes e insiste en que los hechos constituyeron “un intento de golpe de Estado”, mientras que organismos internacionales, como la CIDH, sostienen cifras significativamente superiores.