La Secretaría de Transporte aprobó un nuevo régimen de identificación y trazabilidad de equipajes y encomiendas en el transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional, una medida que introduce cambios relevantes en la gestión logística de uno de los flujos más dinámicos del sistema de distribución argentino.
A través de la Resolución 4/2026, el Gobierno dejó sin efecto el esquema obligatorio vigente desde 2016, que exigía el uso de marbetes y fajas físicas con especificaciones técnicas predeterminadas.
En su reemplazo, habilitó a los transportistas a definir libremente los mecanismos documentales o tecnológicos que utilicen para garantizar la vinculación inequívoca entre pasajero y encomienda, siempre que se preserve la seguridad, la inviolabilidad y la trazabilidad efectiva.
El cambio no es menor: si bien la norma se inscribe formalmente en el transporte de pasajeros, su impacto alcanza de lleno a la logística de encomiendas, un segmento que mueve volúmenes significativos a diario y cumple un rol clave en la conectividad territorial y en el abastecimiento de economías regionales.
Un cambio operativo con impacto en la logística cotidiana
Hasta ahora, el sistema imponía procedimientos uniformes y dispositivos físicos específicos, independientemente del tipo de servicio, la escala de operación o el corredor logístico. Con la nueva resolución, el control deja de centrarse en el formato del dispositivo y pasa a enfocarse en el resultado: que exista una trazabilidad verificable entre la encomienda y el pasajero transportista.
La CNRT continuará fiscalizando el cumplimiento del régimen, pero priorizando la efectividad del sistema elegido por cada operador, más allá de las características técnicas del soporte utilizado. Este enfoque introduce mayor flexibilidad operativa y abre la puerta a esquemas de identificación digital, registros electrónicos y soluciones integradas con sistemas de gestión logística.
Desde una mirada logística, la medida reduce fricciones operativas, elimina insumos físicos obligatorios y permite adaptar los procesos a distintos volúmenes y realidades regionales. Al mismo tiempo, traslada mayor responsabilidad al operador, que deberá garantizar que su sistema sea seguro, inviolable y auditable.
El peso de las encomiendas en la logística argentina
Las encomiendas transportadas en ómnibus de larga distancia constituyen uno de los canales logísticos más extendidos del país, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Su importancia radica en la frecuencia de los servicios, la capilaridad territorial y la rapidez de entrega, atributos que las vuelven claves para el envío de documentación, repuestos, insumos productivos y mercadería de pequeño y mediano volumen.
Si bien no existe una estadística oficial consolidada y unificada a nivel nacional, estimaciones sectoriales coinciden en que se movilizan millones de bultos por año a través del sistema de transporte automotor de pasajeros, con picos asociados a fechas comerciales, ciclos productivos regionales y movimientos interprovinciales de corta y media distancia.
En muchas provincias, las encomiendas representan un eslabón logístico complementario al transporte de cargas tradicional, con tiempos de tránsito más cortos y costos competitivos para determinados envíos. Por ese motivo, cualquier cambio regulatorio que afecte su operatoria tiene impacto directo en las cadenas de suministro locales y regionales.
Desregulación, eficiencia y trazabilidad
La resolución se enmarca en el proceso de desregulación impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca reducir exigencias normativas consideradas rígidas o costosas, sin eliminar los controles esenciales. En este caso, el Estado deja de prescribir el “cómo” y se concentra en exigir que la trazabilidad exista y funcione.
Desde el punto de vista logístico, la medida puede contribuir a: mejorar la eficiencia operativa, facilitar la incorporación de tecnología, reducir costos indirectos y modernizar la gestión de encomiendas dentro del transporte interjurisdiccional.
La norma comenzará a regir a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial, otorgando un plazo de adaptación para que los operadores definan o ajusten sus sistemas.
En un contexto donde la logística demanda mayor previsibilidad, trazabilidad y flexibilidad, el nuevo régimen introduce un cambio de enfoque que, sin alterar la función esencial del control, redefine la manera en que se gestionan uno de los flujos más activos del transporte terrestre argentino.