El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar denunció amenazas de muerte ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) durante casi un año antes de ser asesinado, sin que la institución activara las medidas de protección necesarias para resguardar su vida.
Así lo determinó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que el 30 de octubre emitió la Recomendación 16/2026 tras acreditar violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la justicia en las actuaciones previas.
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Leyva fue asesinado el 22 de julio de 2026 en el fraccionamiento La Esmeralda, municipio de San Pablo Etla, mientras desayunaba en un puesto de comida. Recibió tres disparos de arma calibre 9 milímetros y su cuerpo quedó recargado sobre una mesa del comercio.
El periodista denunció amenazas desde julio de 2025
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Leyva acudió por primera vez ante el organismo en julio de 2025 para reportar ataques en medios electrónicos, amenazas de muerte vía telefónica y actos de hostigamiento vinculados con su labor periodística. Manifestó entonces su temor de que las agresiones escalaran y pusieran en riesgo su vida.
Ante esa alerta, la Defensoría inició el expediente correspondiente y realizó de manera inmediata gestiones ante autoridades federales y estatales para conocer el avance de las investigaciones sobre el caso del periodista, según el propio organismo.
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La FGR declinó competencia y remitió el caso a la Fiscalía estatal
La DDHPO precisó que el periodista presentó también una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de amenazas. La instancia federal determinó su incompetencia por razón de fuero y remitió el expediente a la FGEO para que continuara con la investigación en territorio oaxaqueño.
Durante el seguimiento del caso, la Defensoría documentó que Leyva desconocía el número de carpeta de su propia denuncia y tampoco sabía qué autoridad ministerial estaba a cargo de continuar con la investigación en la FGEO.
El organismo tuvo conocimiento, en febrero de 2026, de que el periodista continuaba recibiendo amenazas de muerte, agresiones escritas, hostigamiento e intimidación mediante números telefónicos. Según la Defensoría, solicitó nuevamente información a la Fiscalía sobre las acciones realizadas, sin obtener respuesta.
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La Defensoría denunció que el Mecanismo de Protección a Periodistas nunca respondió
De acuerdo con la Recomendación 16/2026, la Defensoría solicitó en varias ocasiones la colaboración del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, para que conociera la situación de riesgo de Alejandro Leyva y, en su caso, fuera valorada su incorporación al esquema federal de resguardo. El organismo afirmó que ninguna de esas gestiones obtuvo respuesta antes del homicidio.
El fiscal general José Bernardo Rodríguez Alamilla presentó, un día después del crimen, videos de cámaras del C5 que mostraron la ruta completa de los agresores. Las imágenes ubicaron a dos sospechosos en motocicleta por primera vez a las 9:04 de la mañana en la rotonda de Viguera.
A las 10:52, uno de los atacantes descendió de la motocicleta vestido de blanco, con cubrebocas y gorra, caminó hacia el puesto donde Leyva comía y disparó. El fiscal reconoció que, hasta ese momento, una persona estaba señalada como la probable responsable de los disparos, sin descartar la participación del segundo ocupante.
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Los atacantes huyeron en motocicleta y cambiaron de vehículo tras el ataque
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los agresores huyeron en la motocicleta hasta una calle de terracería, donde abandonaron el vehículo, se cambiaron de ropa y abordaron un Peugeot modelo 2008 sin placas que los esperaba. Desarmaron el arma homicida y distribuyeron sus partes a lo largo de la ruta de escape, donde los peritos recuperaron componentes como un resorte y parte de la empuñadura.
En el lugar del crimen se localizaron tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros, y el cuerpo de Leyva fue trasladado al Instituto de Periciales del estado para la práctica de la necropsia.
La carpeta de investigación acumuló más de 55 datos de prueba y más de 17 mil gigabytes en material de video revisado por un equipo interinstitucional.
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La FGR atrajo el caso al día siguiente del homicidio
La FGR ejerció su facultad de atracción el 23 de julio, un día después del asesinato, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. La institución señaló en un comunicado que “con base en lo que marca la Ley”, realizaría las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables de la muerte de Alejandro Leyva.
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, dependiente de esa unidad federal, estableció contacto desde el día de los hechos con la FGEO, con el Mecanismo de Protección de Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, y con la familia de Alejandro, con el fin de integrar el expediente conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Alejandro Leyva había encabezado la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y mantenía activa su columna El Zumbido del Moscardón, cuya última entrega publicó a las 5:00 de la mañana del mismo día en que fue asesinado. Era crítico del gobierno del actual mandatario estatal, Salomón Jara Cruz, quien condenó el ataque en un mensaje publicado en X.
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La Defensoría acreditó deficiencias institucionales en la FGEO
A partir de la información recabada, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca acreditó la existencia de deficiencias institucionales y responsabilidades de servidores públicos de la FGEO, principalmente relacionadas con la atención y seguimiento de los hechos denunciados por Leyva desde 2025.
Entre los aspectos identificados por el organismo destacó la falta de una investigación con la debida diligencia reforzada que exigía el contexto de riesgo de la víctima, así como deficiencias en la comunicación institucional, el seguimiento de la denuncia y la entrega de información solicitada por la propia Defensoría.
Entre las medidas que el organismo recomendó a la Fiscalía estatal figuró la emisión de un Protocolo de Protección para Personas Víctimas de Delitos contra la Libertad de Expresión, así como una circular dirigida al personal de la FGEO para establecer criterios de actuación cuando una investigación esté vinculada con el ejercicio del periodismo.
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La Defensoría solicitó también que la FGEO ofreciera una disculpa pública a los familiares de Leyva, en la que se reconocieran las violaciones a derechos humanos acreditadas y la responsabilidad institucional correspondiente.
Pidió además identificar todas las carpetas de investigación relacionadas con el caso del periodista por su labor y, cuando corresponda, remitir a la FGR información que contribuya al esclarecimiento del homicidio.
Las víctimas indirectas del homicidio de Alejandro Leyva deben ser inscritas en el Registro Estatal
En materia de reparación, la Defensoría instruyó realizar la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, a fin de garantizar su acceso a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.
También solicitó brindar atención psicológica y tanatológica especializada, gratuita y accesible a todas las víctimas indirectas que lo requieran.
La Recomendación 16/2026 incluyó además el establecimiento de mecanismos adecuados para proporcionar información a los organismos públicos de derechos humanos cuando ésta sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones. La Defensoría enfatizó que el derecho a la verdad no consiste únicamente en recibir información, sino en que el Estado investigue con la mayor seriedad, esclarezca los hechos, determine responsabilidades e informe a las víctimas.
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