
Un total de 25 personas privadas de la libertad con procesos federales fueron trasladadas desde centros penitenciarios de Sinaloa hacia un Centro Federal de Reinserción Social, en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la acción se realizó por instrucción del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), con apoyo de corporaciones del Grupo Interinstitucional, como parte de una estrategia para reducir riesgos al interior de los penales estatales.
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Los traslados se efectuaron desde el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, y el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, donde se encontraba la población penitenciaria reubicada.
El operativo no reportó incidentes y los internos fueron enviados a instalaciones federales de alta seguridad, donde continuarán sus procesos judiciales bajo un régimen distinto de control penitenciario.
Sinaloa, un estado marcado por violencia y crisis penitenciaria
El traslado ocurre en un contexto de violencia sostenida en Sinaloa, entidad que desde 2024 enfrenta una escalada de enfrentamientos entre grupos criminales, con impactos directos en la seguridad pública y en el sistema penitenciario.
La entidad ha registrado miles de homicidios y desapariciones en los últimos meses, en medio de disputas entre facciones del crimen organizado, lo que ha derivado en un reforzamiento de la presencia militar y policial en distintas regiones del estado.
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En este escenario, el penal de Aguaruto, en Culiacán, ha sido uno de los puntos más críticos del sistema penitenciario estatal, con antecedentes de riñas, aseguramientos de armas, drogas y episodios de violencia que incluso han derivado en investigaciones por homicidios de internos durante enfrentamientos al interior del centro.
Durante 2025, este penal registró diversos incidentes violentos, incluyendo enfrentamientos que dejaron reos muertos y heridos, además del hallazgo de túneles, armas de alto poder y dispositivos de comunicación no autorizados, de acuerdo con investigaciones periodísticas y reportes oficiales.

Antecedentes de traslados en penales de Sinaloa
En meses recientes, autoridades han realizado traslados de decenas de reos desde Aguaruto hacia otros centros penitenciarios de Sinaloa y del país, principalmente como medida para reducir la sobrepoblación y disminuir el riesgo de enfrentamientos entre grupos rivales.
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En enero de 2026, por ejemplo, se registró el traslado de 78 internos desde el penal de Aguaruto hacia centros de Ahome y Mazatlán, luego de que se identificaran conflictos entre grupos internos considerados de alto riesgo.
Asimismo, en 2025 se realizaron operativos similares para reubicar a reos considerados conflictivos tras riñas dentro del penal, bajo el argumento de prevenir nuevos brotes de violencia.
De acuerdo con autoridades estatales, estas acciones forman parte de una estrategia de redistribución penitenciaria que busca evitar la concentración de internos de alta peligrosidad en centros estatales.
Estrategia federal de control penitenciario
El traslado más reciente se enmarca en las políticas del Gobierno de México para fortalecer el control en centros penitenciarios estatales y reducir riesgos asociados a la presencia de internos del fuero federal.
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Las autoridades han señalado que la concentración de este tipo de población en penales estatales genera presiones operativas, conflictos internos y riesgos de gobernabilidad, lo que ha derivado en la necesidad de su reubicación en centros federales de mayor seguridad.
Aunque no se detallaron los perfiles de los 25 internos trasladados, el operativo fue ejecutado bajo protocolos de seguridad reforzados y con participación de corporaciones estatales y federales.
Un sistema penitenciario bajo presión
El sistema penitenciario de Sinaloa ha sido señalado en distintos informes por episodios recurrentes de violencia, sobrepoblación y presencia de objetos prohibidos al interior de los centros.
A ello se suma la presión de la violencia externa en el estado, que ha obligado a las autoridades a mantener operativos permanentes de revisión, traslados estratégicos y reforzamiento de seguridad en penales considerados de alto riesgo.
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En este contexto, los traslados de internos federales se han convertido en una herramienta recurrente para intentar estabilizar el control penitenciario en la entidad.
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