El gobierno federal relanzó el 29 de mayo el Programa de Apoyo contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en un intento por mostrar avances en el control de los precios de productos básicos en México. Esta es la octava ocasión en la que se presenta el esquema, anunciado como una herramienta para combatir la inflación alimentaria y ofrecer una canasta de 24 productos por 910 pesos, ahora con el añadido de más artículos. Sin embargo, la realidad en los mercados y las tiendas de barrio desmiente la narrativa oficial.
Desde su implementación, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que lo consideran incapaz de incidir favorablemente en la economía familiar.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, sostiene que la política pública ha fracasado en su propósito: “Tras ocho ediciones, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que se trata de una política pública fallida, algo que la realidad del mercado demuestra todos los días”. El contraste entre los discursos oficiales y la experiencia diaria de millones de mexicanos es evidente, especialmente en un contexto donde el “precio mata rollo”.
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La presión económica sobre los hogares persiste, con la inflación alimentaria duplicando la tasa general, mientras los consumidores enfrentan dificultades crecientes para cubrir sus necesidades básicas. Productos como el tomate, el chile, los cítricos, la carne, los aceites, el café y hasta el papel higiénico desafían la efectividad del PACIC, reflejando aumentos constantes y la incapacidad del programa para contener la carestía.
Desafíos estructurales y realidad del consumo dentro del PACIC
El reporte oficial sobre el récord en inversión extranjera directa omite que la mayor parte corresponde a reinversión de empresas ya instaladas en el país, no a nuevos capitales. Factores como la incertidumbre jurídica en torno al T-MEC, la inseguridad y la regulación excesiva siguen alejando inversiones frescas.
Por otro lado, aunque el desempleo es bajo en cifras, más de 35 millones de mexicanos sobreviven en la informalidad, con ingresos precarios y sin prestaciones, mientras que el subempleo y la migración por falta de oportunidades completan el panorama.
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La inflación alimentaria golpea con fuerza a las familias vulnerables: 13 millones de hogares destinan hasta el 90% de su ingreso solo a comida. El encarecimiento cotidiano acentúa la desigualdad y limita el acceso a otros bienes esenciales como salud, educación y transporte. Aunque el salario mínimo ha aumentado, sigue por debajo del costo real de la vida, y el gasto promedio en alimentos supera el ingreso mensual básico.
Perspectivas para el pequeño comercio y los retos por delante
En el caso de los combustibles, los subsidios millonarios mantienen los precios, pero a costa del erario público, haciendo que la gasolina siga siendo cara para la mayoría. Las finanzas públicas enfrentan retos por el bajo crecimiento económico, la caída en la recaudación y el peso de la deuda. A pesar de la resiliencia de sectores como el petrolero y el avance de la pensión universal para adultos mayores, la economía familiar y los pequeños comercios continúan bajo presión.
En el primer semestre del año, cerca de 50 mil negocios de barrio cerraron sus puertas, reflejo de la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste en los hábitos de compra: las familias optan por reducir consumos, comprar a granel o cambiar de marcas. Rivera concluye que, lejos de celebraciones prematuras, el verdadero desafío es atender lo que sigue pendiente y trabajar en soluciones que realmente alivien el bolsillo de millones de mexicanos.
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