La presidenta Claudia Sheinbaum encendió las alertas este jueves durante su conferencia de prensa matutina. Al referirse a la reforma constitucional aprobada la madrugada anterior, la mandataria fue contundente: existe un riesgo real de injerencia extranjera en las próximas elecciones en México.
“Próximo año en México, se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia”, afirmó Sheinbaum, quien citó como antecedente el caso de Mexicanos contra la Corrupción, organización que —según señaló— recibió financiamiento de instituciones estadounidenses a través de la Embajada de Estados Unidos para apoyar a candidatos específicos.
“En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, subrayó la presidenta.
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El trasfondo legislativo: Monreal y 307 votos
La reforma fue impulsada por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, tras más de 15 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada con 307 votos a favor en la madrugada del jueves y fue remitida al Senado de la República para su análisis y dictamen.
La reforma eleva a rango constitucional la posibilidad de anular una elección cuando se acredite financiamiento o intervención de actores extranjeros en el proceso electoral mexicano.
Sheinbaum, el respaldo presidencial y sus señalamientos previos
La presidenta Claudia Sheinbaum no llegó a este debate sin antecedentes. Desde sus primeros meses al frente del Ejecutivo, advirtió sobre esta posibilidad, y en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución con el fin de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera.
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Cuando Monreal le presentó su propuesta, la mandataria fue directa: “Aquí decidimos nosotros, y cuando digo nosotros es el pueblo de México”.
Pero Sheinbaum ha ido más allá de las frases. También señaló que México debe mantenerse vigilante frente a cualquier intento de intervención y reiteró que “México no es piñata de nadie”. En otra ocasión, al referirse a asesores del gobierno de Trump, dijo: “Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos (...) son algunos que lo asesoran, que como tienen elecciones en noviembre, ahora quieren meter a México en sus elecciones”.
El caso que el gobierno mexicano ha traído reiteradamente a la mesa es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que entre 2018 y 2024, la organización recibió más de 96 millones de pesos de la embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). La propia organización confirmó haber recibido dichos fondos, aunque defendió que el financiamiento se apegaba a la legalidad y que contaba con permiso del SAT para recibir donativos extranjeros.
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El contexto regional: el Hondurasgate llega a México
La aprobación de esta reforma no ocurre en el vacío. Detrás del debate hay un escándalo regional que ha puesto en alerta a varios gobiernos de América Latina: el Hondurasgate.
Este escándalo político de alcance regional fue revelado a finales de abril de 2026 y expone una presunta red internacional de injerencia política y manipulación informativa. El caso se centra en la filtración de audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien tras ser condenado por narcotráfico en EE.UU., habría sido indultado por Donald Trump en diciembre de 2025.
Su autenticidad fue verificada mediante el Phonexia Voice Inspector, una herramienta utilizada por agencias de inteligencia en más de 60 países.
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Según los audios filtrados, existe una red que busca desacreditar a los gobiernos de Colombia y México mediante desinformación dirigida contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, con una supuesta aportación de 350,000 dólares del gobierno de Javier Milei al proyecto.
Las críticas: ¿Escudo soberano o herramienta de control?
Legisladoras del PAN advirtieron que Morena busca crear una causal de nulidad “tan ambigua, subjetiva y expansiva” que podría utilizarse para impugnar cualquier elección incómoda para el oficialismo, y alertaron que términos como “campañas digitales”, “desinformación” o “presión diplomática” no cuentan con delimitación técnica ni jurídica clara.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anticipó que su bancada votará en contra, acusando a Morena de querer “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas” y calificando la iniciativa de generar tensión innecesaria con Estados Unidos.
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“El problema es que, so pretexto de una injerencia extranjera, se usen criterios políticos arbitrarios y se pueda anular una elección cuando no convenga el resultado”.
Desde la academia y los organismos electorales, las alertas apuntan en la misma dirección. El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, advirtió sobre el riesgo de utilizar criterios políticos para invalidar elecciones.
Lo que viene: el Senado, la discusión pendiente y el reloj electoral
La reforma llega al Senado en un momento de presión legislativa. El Congreso y las legislaturas estatales tendrían plazo hasta el 5 de junio de 2026 para armonizar su marco normativo con el decreto, en caso de aprobación.
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Para declarar la nulidad de una elección bajo esta nueva figura, será obligatorio acreditar legalmente la injerencia de otros países, un proceso sobre el que Monreal no precisó cómo funcionaría en la práctica.
Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la discusión sobre quién decide en México —y cómo se prueba cuando alguien más intenta hacerlo— apenas comienza.