AMLO fortaleció al Cártel de Sinaloa, México se llenó de feudos mafiosos y la pax narca falló, afirma Edgardo Buscaglia

La detención de Ismael El Mayo Zambada abrió varias discusiones en torno al papel del Gobierno de México en el combate al crimen organizado y respecto a la presunta colusión entre políticos y funcionarios públicos con los grupos del narcotráfico, especialmente con el Cártel de Sinaloa: el más institucionalizado en el mapa criminal mexicano y -quizá- el único capaz de hacer valer la pax narca.

Infobae México platicó con Edgardo Buscaglia, el académico argentino y experto en economía y derecho, quien a su vez recordó que a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México cuestionó al primer encargado de la seguridad pública de la llamada Cuarta Transformación (Alfonso Durazo) sobre si recurrirían a negociar con la delincuencia organizada para que fuera un sólo grupo criminal el que tomara más poder sobre los otros.

El proyecto de la pax narca -entregarle el monopolio criminal a un sólo grupo para reducir los índices de violencia en una región- ha fallado en “las dictaduras” donde se ha implementado, destacó Buscaglia: desde Chile con Pinochet, El Salvador, Corea del Sur, Venezuela y la Rusia de Putin.

La idea de la pax narca en México no es nueva. En la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón se acusó a una parte del gobierno federal de inclinar la balanza al bando del Cártel de Sinaloa, capturando y enfocando la fuerza bélica del Estado a sus rivales y con Genaro García Luna como el principal ejecutor de esta política. En esa era cayeron grandes capos como Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, Heriberto Lazcano, “Nacho” Coronel y Óscar “El Lobo” Valencia Nava, entre otros.

Fallaron los “abrazos, no balazos”

Existe una frase que se le atribuye a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, cofundador del Cártel de Sinaloa, y que afirma: “La paz social no depende del Gobierno, sino de los acuerdos a los que lleguen los cárteles”.

Antes de la caída del Mayo Zambada -detenido el 25 de julio en Nuevo México, Estados Unidos- el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya presumía que el estado era de los más seguros del país, con bajos niveles de homicidios; sin embargo, un mes después esa pax narca se derrumbó con el estallido de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza (Pizzas vs Sombreros) que sólo durante el 15 de septiembre pasado -en pleno día de la Independencia- fueron asesinadas 14 personas. Sobra recordar que el mandatario fue señalado por el propio exlíder del Cártel de Sinaloa como uno de los asistentes que acudiría a la reunión en la que presuntamente lo traicionaron, secuestraron y lo llevaron a Estados Unidos.

Después de la conversación con Alfonso Durazo (hoy gobernador de Sonora), Edgardo Buscaglia afirma que entendió que la idea de negociar con el Cártel de Sinaloa iba a fracasar y no se llevaría a puerta, sin embargo: “después vimos que los ataques contra el Cártel de Sinaloa no sucedían a través de la política de ‘abrazos, no balazos’ y se pretendió llevar a la mesa de negociación a la delincuencia organizada, con la idea de que no se les iba a tratar (sin detenciones, ni enfrentamientos) como con Felipe Calderón”.

Las palabras de Edgardo Buscaglia nos remontan al papel del Gobierno de México tras la detención del capo de capos: tardó un día en confirmar que El Mayo Zambada sí estaba detenido, nunca supo que uno de Los Chapitos negociaba su entrega -y hasta la fecha AMLO pide que se informe sobre los acuerdos entre Joaquín Guzmán López con EEUU-; por si fuera poco, siguen sin aclararse las dudas respecto al papel de Rubén Rocha Moya y otros políticos y funcionarios (Héctor Melesio Cuén y la exfiscal Sara Bruna) de Sinaloa en el complejo escenario que hoy tiene bajo asedio de las balas a una población entera.

La pax narca se rompió el pasado 9 de septiembre y a la fecha ya provocó 71 homicidios dolos cometidos en 15 días de guerra.