
Pese a todos los intentos de la oposición, así como de expertos en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos por frenar la aprobación de la reforma que transfiere a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la iniciativa fue avalada por mayoría en la Cámara de Diputados durante la madrugada del viernes 20 de septiembre.
Reconocidas organizaciones lanzaron una campaña en contra de lo que consideran será el clímax de la militarización del país, pues el pase de la Guardia Nacional a formar parte de las Fuerzas Armadas significaría fuero militar para cometer delitos y violar derechos humanos amparados por las modificaciones hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos, aunque sus principales impulsores aseguran que la GN no tendrá tareas similares a las de los militares, aunque ambos estén controladas administrativa y operativamente a la Defensa Nacional.
“Amnistía Internacional expresa su preocupación al observar que, a pocos días del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la masacre de Tlatelolco, se pretenda dar avance a esta reforma, ignorando el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”, lamentó la organización en redes sociales.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también condenó que se aprobara esta reforma que entrega la Guardia Nacional a la Sedena, modificando el Artículo 129 constitucional, el cual limita las funciones de los elementos castrenses en tiempos de paz, ya que sólo deben tener actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Asimismo, la organización jesuita precisó que este cambio es para justificar el ajuste que se hizo hace tres años al Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer que la Sedena pueda prestar sin límite los servicios auxiliares y civiles que el presidente de la República le señale.

Lanzan sentido llamado al Senado
La condena también vino de organizaciones como Impunidad Cero, el colectivo Seguridad sin Guerra e Insyde MX, ésta última afirmó que la tendencia en América Latina es caminar hacia policías con mando civiles, ya que su función es orienta el servicio hacia la comunidad. “Difícilmente una Guardia Nacional Militar logrará colocar en el centro a las personas. Los controles civiles en las instituciones de seguridad son necesarios para garantizar la transparencia y justicia. La Reforma a la Guardia Nacional pone en riesgo el derecho a una vigilancia civil”, sentenció.
La discusión ahora está en la cancha de los senadores, donde se prevé que el dictamen sea analizado durante la última semana de septiembre. El Pleno está citado a sesionar el martes 24, sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que en cuanto reciban la iniciativa está será evaluada de inmediato en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, por lo que podrían sesionar de manera extraordinaria antes de esa fecha, tal como lo hicieron hace unos días con la Reforma al Poder Judicial de la Federación.
“Hacemos un llamado al Senado de la República a detener esta reforma constitucional que significaría la culminación del proceso de militarización de la seguridad pública y un grave retroceso en materia de derechos humanos”, apuntó Amnistía Internacional, quien junto con el resto de las organizaciones no gubernamentales, recordó que esta exigencia no es nueva, como se ha sugerido desde el oficialismo, sino que su petición de no tener a los militares en las calles haciendo labores de seguridad pública data del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando arrancó con la llamada ‘guerra contra el narco’.

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