María Luisa Alcalde, secretaría de Gobernación (Segob), informó que presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas.
“Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la Republica para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”, escribió la titular de la Segob en su cuenta X, donde precisó que esta denuncia la hizo a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, la Segob amplió la información en un comunicado en donde mencionó que de acuerdo con trabajos del Gabinete de Seguridad “se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país”.
La dependencia aseguró que existen una “serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.
De acuerdo con la Segob, en la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se informó a los legisladores sobre los diversos casos de alto impacto en la que el juez Crescencio Contreras Martínez ha favorecido a los grupos del crimen organizado.
“Entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”, se lee en el comunicado.
La Secretaría de Gobernación apuntó que en estos casos se “puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”.
“Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”, apuntó la Segob en donde no mencionó los nombres de los grupos del crimen organizado favorecidos por el juez.
En Tamaulipas operan, principalmente, diferentes células del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, aunque también se tiene conocimiento de la presencia de grupos de Zetas Vieja Escuela, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa.
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