El magistrado Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 que juzga la causa Cuadernos, presentó una acción declarativa de certeza acompañada de un pedido de medida cautelar urgente para evitar que lo remuevan de su cargo y, a la vez, frenar la votación en el Senado de la Nación de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los elegidos por el presidente Javier Milei para completar la Sala I de la Cámara Federal porteña. El oficialismo busca aprobar mañana esas designaciones en el recinto.
Por sorteo, la acción judicial quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, a cargo de Martín Cormick.
Este es un capítulo más del conflicto por el traslado de jueces, que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La controversia judicial se originó a partir de las diferentes interpretaciones y aplicaciones de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Bertuzzi” del año 2020.
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En aquella resolución, el máximo tribunal determinó que los traslados de jueces no equivalen a nombramientos definitivos y que los magistrados en esa situación deben atravesar el procedimiento constitucional prestablecido, que incluye el concurso público, la selección del Poder Ejecutivo y el acuerdo de la Cámara Alta.
Sin embargo, Castelli denuncia que el Estado incurrió en un comportamiento contradictorio y discriminatorio al aplicar este criterio de manera selectiva.
El detonante que cambió el panorama, según el juez Castelli, ocurrió hace pocos meses con la situación de Carlos Mahiques, quien integra la Cámara Federal de Casación Penal y es padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
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El Senado otorgó a “Coco” Mahiques un nuevo acuerdo por cinco años para desempeñarse en la Casación Federal -tribunal al que llegó mediante un traslado en 2018- después de haber cumplido 75 años.
Durante el debate legislativo, los senadores oficialistas Juan Carlos Pagotto y Nadia Márquez argumentaron que la doctrina “Bertuzzi” no podía aplicarse de forma retroactiva a traslados dispuestos con anterioridad a la emisión de dicha sentencia.
El juez Castelli tomó esas palabras de los legisladores para sostener que el Senado sentó así un precedente que debe extenderse a su propia situación y a la del colectivo de jueces trasladados antes de 2020.
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El tema se desarrolla a contrarreloj, ya que la Cámara de Senadores sesionará este jueves. La Libertad Avanza buscará aprobar las designaciones de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal porteña, entre otros pliegos judiciales.
Ambas vocalías de la Sala I de la Cámara Federal porteña -por donde pasan los casos de corrupción de la administración nacional- habían sido cubiertas por traslado en 2018. Pablo Bertuzzi concursó para reemplazarse a sí mismo, mientras que Yadarola apunta a quedarse con el lugar de Leopoldo Bruglia.
En su presentación ante el fuero Contencioso Administrativo, Germán Castelli solicitó suspender los efectos del trámite parlamentario correspondiente al Concurso Nº 461. Esta petición busca frenar de manera directa el tratamiento y la votación en el recinto del Senado de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi, quienes ya obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos.
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Siguiendo el razonamiento del peticionante, al ser análogos los casos de Castelli, Bruglia y Bertuzzi, si el Concurso Nº 461 avanza cumpliendo con la doctrina del fallo “Bertuzzi”, el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo seguirán el mismo camino con el Concurso Nº 479, que es el que corresponde al cargo que él ocupa actualmente en el TOF Nº 7.
Castelli justificó la cautelar en la necesidad de evitar que se consumen hechos irreversibles -como la designación definitiva de otros magistrados en los cargos en disputa- antes de que la justicia resuelva la cuestión de fondo.
Es por esto que también requirió que se ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación abstenerse de realizar cualquier acto que permita avanzar con el trámite del Concurso Nº 479. Esta solicitud abarca tanto la finalización del proceso como las etapas intermedias de entrevistas e impugnaciones.
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En segundo término, demandó que se prohíba al Poder Ejecutivo Nacional dictar decretos o enviar pliegos al Senado tendientes a designar a un nuevo titular en el TOF N° 7.
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