En el juicio por la causa denominada "Sueños Compartidos", ampliaron su declaración indagatoria los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex subsecretario Abel Fatala, y el ex presidente del Instituto de Viviendas de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Freidin. Tras escucharlos a todos, el Tribunal Oral Federal 5 dispuso que el próximo 8 de julio comenzará la etapa de alegatos.
El ex apoderado de la Fundación Sueños Compartidos, Sergio Schoklender, quiso responder las afirmaciones de algunos testigos que hablaron en el juicio. Sobre la cuestión que contó una de las funcionarias del ex Ministerio de Planificación que recordó haberlo visto cómo “andaba por los pasillos”, replicó que “por supuesto que andaba por los pasillos, porque no le pagamos coima a nadie”.
Agregó: “¿Sabe lo que había que remar para que un expediente pasara de una oficina a la otra? No era que Josecito López o Julio De Vido llamaban para pedir que apuren el expediente”.
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En relación a lo que se escuchó decir a un testigo en audiencia pasada que vio a “un tal Pérsico que llevó una caja llena de plata”, Schoklender reveló que era Emilio Pérsico y apareció en la Fundación con un montón de plata “porque Cristinita decidió que le pasen toda la administración al Movimiento Evita, pero eso fue meses después de que Pablo y yo estuviéramos ahí”.
Además, acusó a Pérsico de transformar todo lo que habían sido sueldos en blanco en becas hasta que finalmente se paralizaron todas las obras.
Sergio Schoklender remarcó que las únicas personas que tenían autoridad para definir en qué se usaba el dinero de la Fundación eran él o Hebe de Bonafini.
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Indicó que “cuando Hebe decía necesito tanto, había que buscarlo, para pagarle el sueldo a algún compañero revolucionario de sus hijos, o para apoyar la campaña política de algún candidato que le pedía Parrilli o Cristina”.
Por su parte, Pablo Schoklender, ex administrador general de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, aseguró que en ese rol, además del programa de viviendas, tenía que ocuparse de la Universidad de las Madres, el espacio en la ex-ESMA, y del financiamiento de las acciones políticas y culturales que desarrollaban en todo el país.
En su descargo, sostuvo que “todos los proveedores entendían que los pagos eran diferidos”. Desmintió al testigo que había relatado que la Fundación le entregó veinte cheques escalonados por cinco mil pesos cada uno, que fueron rechazados.
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Según su versión, no se podía certificar la compra hasta que se utilizase el material en la obra. Luego se iniciaba un proceso administrativo “complejo”, porque debía pasar por el municipio, el Ministerio de Planificación y finalmente el de Economía, que se encargaba de autorizar el pago.
El ingeniero Abel Fatala refirió que “los controles de las obras estaban a cargo de los municipios con gente idónea”, y solo se pagaba por obra ejecutada. También señaló que él debía firmar los convenios de obra pública, pero para que avanzara en el aparato administrativo necesitaba el aval de la firma de José López.
Por último, Daniel Freidin quiso aclarar que las viviendas sociales que integraban el convenio en los terrenos de Villa Cartón se iniciaron después de que él dejara el cargo, y que tampoco estuvo involucrado en la firma del segundo convenio donde los vecinos de la Asociación Civil beneficiada denunciaron la falsificación de sus firmas.
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El juicio
Durante este proceso se evalúa la responsabilidad de exfuncionarios y responsables de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el presunto desvío de 206 millones de pesos que el Estado había destinado a la construcción de viviendas sociales en Capital Federal, Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Rosario.
El Tribunal Oral Federal 5 está compuesto por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, con la intervención del fiscal Diego Velazco.
Los nueve procesados por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública son Sergio Schoklender, su hermano Pablo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala, Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin.
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