A pocas semanas del inicio de los alegatos, previstos para la semana del 22 de junio, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan dejó por algunas horas los informes técnicos, la documentación y los reglamentos navales para escuchar a familiares de los 44 tripulantes fallecidos, quienes expusieron ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz el impacto que la tragedia tuvo sobre sus vidas.
La audiencia de este jueves se desarrolló en el marco del debate oral que busca determinar la responsabilidad penal de cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
A diferencia de otras jornadas dominadas por especialistas, peritos y ex integrantes de la fuerza de submarinos, esta vez fueron madres, esposas, hermanos e hijos quienes ocuparon el centro de la escena. Los testimonios estuvieron atravesados por reclamos de justicia y expresiones de dolor. En distintas intervenciones, los deudos también recordaron la vocación, la dedicación y la pasión que los tripulantes sentían por su trabajo, mientras que una de las consignas que se repitió durante la sesión fue la de “Justicia, Verdad y Memoria, siempre”.
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También fueron recurrentes las referencias a presuntos problemas de mantenimiento del buque, a las consecuencias psicológicas derivadas de la pérdida de sus seres queridos y a la actuación de las autoridades militares y políticas antes y después de la desaparición de la nave.
Fue una jornada donde se escucharon las distintas historias de vida de tripulantes embarcados en la última misión del San Juan, naufragado el 15 de noviembre de 2017.
Uno de los primeros testimonios fue el de Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real. La mujer recordó conversaciones mantenidas con su marido antes de la última navegación y sostuvo que existían preocupaciones sobre el estado operativo de la unidad.
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“Nunca voy a entender qué pasó, por qué salieron, por qué siguieron saliendo”, expresó. Según relató, su esposo le transmitía que “había que figurar que navegaban” a la salida de Mar del Plata y que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas. “¿Me piden una reflexión? Reflexión tienen que hacer las personas que mandaron al submarino a navegar”, afirmó. Y agregó: “Ellos no salieron a morir, ellos salieron a trabajar”.
Otra mirada aportó Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, quien se refirió a las secuelas que dejó la pérdida de los tripulantes en sus entornos familiares y cuestionó el accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento.
“No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe”, expresó entre lágrimas. También reclamó una explicación definitiva sobre lo ocurrido y afirmó que las consecuencias de la tragedia continúan afectando a las familias.
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En una línea similar se expresó Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, quien afirmó que a su hijo “le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones”. Durante su intervención también cuestionó las declaraciones realizadas por algunos de los acusados durante las últimas audiencias y reclamó que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el hundimiento.
Otra exposición estuvo en manos de Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, responsable de las comunicaciones del submarino durante la última misión.
Zunda recordó la vocación de su hermano por la actividad submarina y cuestionó distintos aspectos vinculados con la búsqueda, la investigación y el tratamiento que recibieron los familiares durante estos años.
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“La Armada debería aceptar los errores que cometieron y aprender a pedir disculpas”, afirmó. También se preguntó si durante la búsqueda se utilizaron los recursos tecnológicos adecuados. “Los buscaron, pero ¿con qué tecnología? ¿La apropiada? Todo el mundo sabía que era la Armada desarmada”, sostuvo.
Durante su exposición habló además de presuntas persecuciones, intervenciones sobre su teléfono celular, amenazas y mecanismos de “manipulación a través del miedo”. Afirmó: “Todas las cosas que hicieron eran para dividirnos y toda la manipulación de información era para que nos calláramos”.
A su vez, remarcó que quienes tomaron esas decisiones “nunca se imaginaron que familiares de militares iban a estar muchos años después en el mismo lugar que las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo reclamando justicia”.
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La mujer también cuestionó que, a más de ocho años del hundimiento, todavía no exista una explicación definitiva sobre lo ocurrido con el submarino.
“Cuando la verdad es verdadera, es indiscutible, y eso es lo que no he visto en este juicio. Me pregunto qué es lo que pasó entonces si fue solo un accidente. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto que los familiares pasamos?”, expresó.
Más adelante volvió sobre la cuestión de las responsabilidades y planteó una serie de interrogantes dirigidos a quienes autorizaron la navegación de la unidad. “¿Fue un accidente? ¿Quiénes firmaron? (...) Esas personas que firmaron para que el submarino salga y todo lo que pasó, que no sabemos qué pasó, hasta el momento no sabemos qué pasó, se tienen que hacer cargo”, dijo.
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La hermana del teniente sostuvo que aún resulta necesario determinar qué ocurrió con precisión para establecer responsabilidades más allá de las personas actualmente sometidas a juicio. “Es ilógico que no quieran ni apoyen el pedido de muchos familiares de saber qué pasó, porque así, sabiendo qué pasó, sabremos realmente si estos acusados tienen responsabilidad, y otros que no están acá. ¿Qué pasó? ¿No hay tecnología hoy? ¡Vamos!”, manifestó.
Su intervención finalizó con una solicitud al tribunal. Envuelta en una bandera con las caras de los 44 tripulantes, pidió un minuto de silencio y luego nombró uno por uno a los integrantes de la dotación. Después de cada nombre respondió con una misma palabra: “Presente”.