El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá sostuvo este miércoles que la investigación por la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA y valuada en 17 millones de dólares debe salir de la órbita del juez federal de Campana Adrián González Charvay y volver a la ciudad de Buenos Aires.
En concreto, postuló que la pesquisa que intenta determinar si el dinero para comprar la mansión salió de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia tiene que ser retomada por el juzgado en lo penal económico 10 de CABA, en la actualidad a cargo de la jueza Verónica Straccia. La última palabra será ahora de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Un fuero especializado
En un dictamen presentado ante ese Tribunal, el fiscal consideró que la investigación a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte tiene que salir del juzgado federal de Campana y volver a la ciudad de Buenos Aires, según supo Infobae en fuentes judiciales.
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Ahora los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos quedaron en condiciones de decidir. La Cámara Federal de Casación ordenó que sea este Tribunal de Apelaciones del fuero penal económico el que ponga fin al conflicto de competencia en esta pesquisa y pidió que lo haga con “celeridad”. La causa ya pasó por tres jueces.
“No advierto razones que sean decisivas para considerar competente al Juzgado Federal de Campana”, expuso el fiscal en su dictamen sobre esa sede judicial donde desde enero tramita la causa por orden de la Cámara Federal de San Martín, en una decisión que Casación anuló y ordenó volver a revisar en el fuero en lo penal económico.
La investigación intenta establecer si el predio y todo lo encontrado en su interior se compró en realidad con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Tapia, como parte de maniobras de supuesto lavado de dinero. Cuando la Justicia allanó el lugar se hallaron elementos que pertenecerían al tesorero Pablo Toviggino.
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Pérez Barberá resaltó la “especialización técnica” del fuero en lo penal económico para investigar delitos como el supuesto lavado de activos. Y destacó que cuando se trata de hechos que pudieron abarcar varios territorios, debe primar “lo que mejor garantiza la eficacia de la investigación”.
El fiscal remarcó que de la causa surgen puntos de contacto con diferentes lugares donde pudieron cometerse maniobras de lavado de dinero que excederían el ámbito donde están los bienes, es decir, Pilar. Por ello sería “prematuro” sostener que como esta localidad está bajo jurisdicción del fuero judicial de Campana el caso debería seguir allí. Tanto en este último distrito como en CABA hubo avances en la pesquisa, destacó.
Veinte millones de dólares
El predio de la casaquinta de Villa Rosa está valuado en 17 millones de dólares y a esto debe sumarse casi cuatro millones de una flota de autos de colección encontrada en el lugar.
La disputa puede volver a cambiar de manos una investigación que ya pasó por tres jueces. El expediente busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantanoy su madre Ana Conte, adquirió la mansión de Villa Rosa y otros bienes como presuntos testaferros de autoridades de la AFA. La escritura se hizo por 1.8 millones de dólares.
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El lugar fue allanado por el primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, y se encontraron pertenencias que apuntarían al tesorero Toviggino. Los únicos imputados son Pantano y Conte, quienes designaron defensa y lograron suspender una citación judicial que había cursado el anterior juez del caso, el penal económico Marcelo Aguinsky. Lo hicieron al presentar el planteo de inhibición por correo electrónico ese mismo día ante el juzgado federal de Campana, que les fue aceptado.
El 15 de mayo pasado, Casación anuló el envío de la causa a ese juzgado a cargo de González Charvay, una decisión que había tomado durante la feria judicial de enero el camarista de San Martín Alberto Lugones. La nulidad no se basó en el fondo del planteo sino en una cuestión formal: como el expediente estaba radicado hasta entonces en el fuero penal económico porteño, debía ser la Cámara Nacional en lo Penal Económico la encargada de resolver el conflicto y no la Federal de San Martín.
La fiscalía apeló el pase del caso a Campana porque sostiene que los hechos investigados exceden la ubicación geográfica de la quinta y que las maniobras pudieron haberse realizado también en la sede de AFA de la calle Viamonte y otros domicilios de la ciudad de Buenos Aires. De hecho Pantano pagaba gastos de los autos y la quinta con una tarjeta de crédito corporativa cuyo resumen llegaba a la sede porteña de la Asociación del Fútbol Argentino, determinó la Justicia.
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