El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga posibles contrataciones irregulares vinculadas a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La decisión apunta a reconstruir las operaciones comerciales entre la firma de coaching y tres empresas proveedoras del Estado nacional para determinar si existió algún tipo de direccionamiento indebido en la adjudicación de contratos. En ese marco, Lijo solicitó a Grupo Datco, National Shipping y Grupo Foggia que entreguen toda la facturación y documentación relacionada con servicios prestados por +BE.
Según consta en el expediente, Datco mantiene contratos con organismos estatales como ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas, mientras que National Shipping es contratista de YPF y Foggia Group aparece vinculado a la concesión del predio Tecnópolis, en la zona norte del conurbano bonaerense.
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La medida busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento irregular en los contratos que la empresa de coaching de Angeletti mantiene con proveedores estatales.
Las empresas deberán informar todas las operaciones comerciales y facturaciones con +BE. La disposición forma parte de una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano para determinar si Angeletti fue favorecida de manera irregular por el Gobierno con contratos de consultoría.
La prueba
El juez Lijo consideró necesario avanzar con esta prueba en la actual etapa de la causa. Con anterioridad había pedido informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que identifique a los beneficiarios finales de las contrataciones y remita los legajos societarios de las firmas involucradas.
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También requirió a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado y acompañe las constancias de los procesos de adjudicación.
Adorni asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado. Hasta el momento no hay imputaciones formales ni procesamientos en esta causa. Los posibles delitos que se analizan incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad, aunque la investigación se encuentra todavía en etapa preliminar.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien aclaró en el dictamen donde pidió prueba que aún no hay imputados y se basa en la denuncia para intentar determinar si hubo algún “proceso de simulación” en contrataciones del Estado nacional que pudieran haber generado “algún conflicto de interés” entre la esfera pública de Adorni y “actividades económicas desarrolladas” por su entorno familiar, según la presentación de la diputada Pagano.
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Esta causa tramita en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, y a otra pesquisa relacionada con el jefe de Gabinete: un viaje familiar a Punta del Este en el último feriado de Carnaval que habría costeado el periodista Marcelo Grandio, protagonista de ciclos televisivos y de streaming contratados por la TV Pública a través de la productora Imhouse. Los tres casos están a cargo del juez Lijo.