Seguros: Vilma Ibarra declaró como testigo en la causa que investiga a Alberto Fernández

La exfuncionaria dijo que María Cantero era muy conflictiva y defendió la elaboración del decreto que habilitó la contratación de Nación Seguros

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Vilma Ibarra en Comodoro Py

La exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra declaró como testigo a pedido de Alberto Fernández en la causa Seguros, que investiga al expresidente por presuntas negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público.

Ante el juzgado federal 11 afirmó que el decreto 823/2021 que firmó Fernández podría ser asimilado a la política del “compre nacional”, porque fue elaborado como una herramienta para que las pólizas destinadas a los empleados de los organismos públicos fueran contratadas a través de la compañía estatal Nación Seguros.

Sobre la confección de la norma en cuestión, detalló que “no se hizo ninguna reunión con ninguna de las áreas de gobierno, organismos descentralizados, sí lo analicé con mi equipo de Legal y Técnica”.

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Ibarra detalló que antes del decreto 823/2021 era obligatorio contratar los seguros del Estado por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros.

Alberto Fernández es investigado por el presunto direccionamiento de negocios en la causa Seguros. EFE/Lenin Nolly

En este contexto, aclaró que la Dirección de Jurídicos de la Secretaría acudió a la Superintendencia de Seguros para que aportase la explicación técnica de por qué tenía que habilitarse la posibilidad de contratar seguros, y la respuesta fue que “a la necesidad de dividir el riesgo en distintos organismos para evitar la concentración del riesgo en uno solo”.

Cuando le preguntaron si el decreto elimina completamente la intervención de intermediarios, productores o brokers, Vilma Ibarra indicó que esa cuestión no estaba incluida en la redacción.

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Remarcó que “si alguien quiere contratar un asesor de seguros tiene que hacerlo por el Régimen de contrataciones del Estado”.

La secretaria del presidente

El fiscal Carlos Rivolo enfocó su intervención en el rol de la secretaria privada del despacho presidencial, María Cantero, y de su esposo Héctor Martínez Sosa. En este aspecto, Vilma Ibarra dijo que mantuvo un vínculo personal con Alberto Fernández aproximadamente 10 años, sin convivencia, y que cuando se encontraban los fines de semana compartían “todas las fiestas, cumpleaños incluso de hijos, nunca jamás vinieron a ningún evento social… ni a una comida, ni a tomar una cerveza”.

María Cantero en Tribunales de Comodoro Py

Agregó que a Cantero la conocía de la época en que fue secretaria privada en Jefatura de Gabinete y tuvo una escasa relación durante la etapa de la presidencia de Fernández.

Durante la declaración precisó que “debo decir que mi relación con ella no era muy buena, me parecía una persona sumamente conflictiva, de llamar por teléfono y decirle a la gente cualquier cosa, hacer comentarios sobre la vicepresidenta, sobre ministros, sabía que lo hacía sobre mí”.

Asimismo, afirmó que si necesitaba pedirle algo al presidente “lo hablaba personalmente con él o con Julio Vitobello, que era el gran manejador de la agenda presidencial”.

Vilma Ibarra concluyó que “María no me resolvía temas, me traía más conflictos que soluciones, entonces mi vínculo con ella era acotado”.

La causa

El expediente se inició por la sospecha de los investigadores de que durante el gobierno de Alberto Fernández existió un esquema de corrupción, que operó mediante el direccionamiento en la contratación de pólizas tomadas a través de Nación Seguros por distintas reparticiones públicas.

Fiscal Federal Carlos Rívolo

La semana pasada un fallo de Casación dio marcha atrás con el procesamiento del expresidente y ordenó reanudar la pesquisa para evaluar si existe prueba suficiente que acredite las imputaciones.

Entre los principales beneficiarios de la maniobra estarían el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa; su esposa y exsecretaria, María Cantero, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.

Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los $2.200 millones, equivalente al 59,6% de las comisiones a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales entre 2019 y 2023.

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