La Cámara Federal porteña declaró extinguida por prescripción a raíz del paso del tiempo la causa penal por presuntas irregularidades en la prórroga de la concesión a precios “irrisorios” de los locales comerciales y estacionamientos de la estación de trenes de Once, resuelta al final del kirchnerismo.
A raíz de esta decisión el Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento y sobreseyó a uno de los dos acusados, el extitular de la concesionaria Claudio Glories y ordenó al juez federal Sebastián Casanello resolver en el mismo sentido la situación del otro, el ex funcionario Esteban Weisbeck.
Este último se desempeñó como funcionario público entre el 31 de enero y el 1 de octubre de 2020 en el cargo de Director de Habilitaciones de la Seguridad Privada, en la provincia de Buenos Aires y por eso el magistrado sostuvo que no correspondía declarar prescripto el caso. Al momento de los hechos trabajaba en la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
La causa penal tuvo como eje la prórroga de la concesión de la explotación de locales comerciales y estacionamiento en la estación de trenes de Once a cánones “irrisorios” concedida el 25 de noviembre de 2015, tres días después de la segunda vuelta electoral por la elección presidencial en la que ganó Mauricio Macri.
Cánones “irrisorios”
Durante la investigación se procesó en cuatro oportunidades a ambos imputados pero el Tribunal de Apelaciones revocó estas decisiones y pidió más medidas de prueba que se fueron completando en cada ocasión. Finalmente, el juez procesó a Glories y Weisbeck por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La defensa del primero planteó la prescripción de la investigación.
El planteo fue aceptado por la Sala I del tribunal, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes revocaron el fallo de primera instancia y dispusieron el sobreseimiento. El juez Mariano Llorens votó en disidencia por seguir adelante con la investigación.
Según interpretó la postura mayoritaria, no se acreditó que el cargo que tuvo Weisbeck de manera posterior a los hechos hubiera tenido la capacidad de influir o entorpecer la investigación, especialmente porque se trataba de una función en la órbita provincial, mientras que los hechos investigados correspondían a la administración nacional.
Los jueces también señalaron que, aún si se aceptara esa hipótesis, la causa igualmente estaba prescripta. El llamado a indagatoria —único acto con efecto interruptivo— se realizó el 29 de marzo de 2019, y desde entonces transcurrió el plazo máximo de seis años previsto para el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
“La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente”, sostuvo el tribunal. Con esta decisión la investigación quedó cerrada sin ir a juicio oral, salvo que el fallo sea apelado ante la Cámara Federal de Casación.
Qué se investigó
El expediente analizó una adenda firmada el 25 de noviembre de 2015, tres días después del balotaje presidencial, que extendió por ocho años la concesión —hasta 2033— pese a que el contrato original no preveía prórrogas. Esa modificación fijó cánones considerados “irrisorios” y se realizó sin estudios técnicos ni evaluaciones económicas independientes.
A días del final del gobierno de Cristina Kirchner, se extendió así el plazo de concesión de la explotación de locales ubicados en la planta baja, primer y segundo subsuelo, hall central y tres plantas en la estación Once del ferrocarril Sarmiento. Todavía faltaba una década para el vencimiento de la concesión, que operaba recién en 2025.
La adenda estableció como plazo hasta el 11 de julio de 2033 y fijó un canon mensual que al año 27 de la explotación del lugar sería de 226.291 pesos, estableció la investigación. Al dictar los procesamientos en agosto del año pasado, el juez Casanello consideró probado que “a días de dejar la función pública”, uno de los imputados suscribió esa adenda que “produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados”.
En julio de 2025 el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto la prórroga que favoreció al fallecido empresario Néstor Otero y anuló la concesión.
El Gobierno consideró que fue “otorgada de forma irregular” porque establecía “cánones fijos irrisorios para la concesión que iban desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido”.
La zona de concesión incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, otros 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados. Se resolvió licitarlos “a valores razonables”. Las áreas que aún manejaba la empresa Nueva Estación Once S.A. fueron desalojados por orden judicial en diciembre pasado.