Causa Seguros: Ariel Lijo aceptó pruebas de Alberto Fernández y citó a Vilma Ibarra y Santiago Cafiero

El juez ordenó nuevas testimoniales de ex funcionarios y un peritaje contable para evaluar el presunto daño al Estado. La investigación sigue bajo revisión de la Cámara Federal de Casación

Vilma Ibarra

El juez Ariel Lijo concedió el pedido de Alberto Fernández en la causa de los Seguros y llamó como testigos a la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra y al exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Además, ordenó la realización de un informe contable al Cuerpo de Peritos especializados en corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos para evaluar el alcance del supuesto daño producido a las arcas públicas.

Para llevar adelante esos informes, desde el juzgado federal 11, donde Lijo actúa como subrogante, se libraron oficios a Nación Seguros S.A. con el fin de que proporcione toda la documentación necesaria.

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Los testigos de Alberto Fernández

La lista de testimonios ofrecidos por la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada María Barbitta, incluye a seis exfuncionarios de su gobierno.

Este miércoles 15 de abril deberá comparecer la ex secretaria asistente del despacho presidencial, Ana Clara Hernández, nombrada en el 2020.

Luego será el turno de ⁠Vilma Ibarra, para que explique cómo fue el proceso de confección del Decreto 823/2021, que se cuestiona en este caso como la herramienta que sirvió para el direccionamiento de contratos. Ibarra formó parte del gobierno de Fernández durante sus cuatro años de gestión.

Santiago Cafiero

Para la semana que viene fueron citados la exsuperintendenta de Seguros de la Nación, Mirta Adriana Guida; y el exjefe de Ministros y Canciller, ⁠Santiago Cafiero, quien debería detallar la discusión que se dio en el Poder Ejecutivo antes de que se firmara el decreto.

A fines de abril, la justicia podrá escuchar a los responsables del área financiera del equipo de Fernández, con el fin de responder sobre los efectos de la contratación de seguros. Se trata del exministro de Economía, Martín Guzmán; y el expresidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Martín Guzmán y Miguel Pesce

Una causa con tres jueces

La causa Seguros tramita en el juzgado federal 11, vacante desde que falleció su titular Claudio Bonadío.

Desde que ingresó la denuncia a Comodoro Py pasaron por ese tribunal tres jueces subrogantes.

El primero fue Julian Ercolini, que le tomó indagatoria a Alberto Fernández, sin llegar a firmar un auto de procesamiento. La discusión se focalizó en la insistencia del exmandatario por apartarlo de la causa, porque, según afirmó, es “su enemigo público”.

Ese pedido avanzó sin una respuesta favorable para Fernández hasta la Cámara Federal de Casación.

El año pasado asumió como subrogante Sebastián Casanello, quien tras otorgarle una ampliación de indagatoria, resolvió procesarlo por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Finalmente este año, el juez Ariel Lijo tiene la suplencia del juzgado y aceptó el aporte de nuevas pruebas testimoniales que propuso la defensa.

El expediente

La hipótesis de la causa Seguros sostiene que a través del decreto¨823/2021, Alberto Fernández dispuso que Nación Seguros S.A. centralizara la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas sin seguir los procedimientos de selección previstos.

El juez Casanello detectó que la asunción de María Cantero como secretaria privada ejecutiva del presidente de la Nación “fue tomada como una oportunidad para profundizar y desarrollar los negocios de su núcleo familiar, gestionando directa o indirectamente las contrataciones de los distintos organismos del Estado en su favor”.

Entre los principales beneficiarios, la justicia encontró al broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa; a su esposa María Cantero y al ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano.

Alberto Fernández pidió que revoquen su procesamiento en causa Seguros

El expediente se encuentra en Casación porque el expresidente solicitó que le revoquen el procesamiento. Se presentó en audiencia oral y pública, donde argumentó que lo acusaron de hechos por los cuales no había sido indagado.

Completado éste trámite, los jueces de la Sala IV del tribunal de Casación quedarán en condiciones de resolver, en un plazo ordenatorio de 20 días.

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