El proyecto de reforma del sistema de selección de magistrados impulsado por la Corte Suprema de Justicia volvió a recibir apoyo de distintos actores ligados al ámbito judicial y empresario, en un contexto marcado por la persistencia de vacantes y el debate sobre los mecanismos de designación de jueces.
La iniciativa del máximo tribunal, elevada al Consejo de la Magistratura, propone reorganizar el esquema vigente mediante la introducción de criterios objetivos, la reducción de márgenes discrecionales y la incorporación de herramientas tecnológicas para garantizar anonimato y trazabilidad en las evaluaciones.
En ese marco, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su respaldo a la propuesta y pidió a los consejeros del estamento de abogados que impulsen su tratamiento. “En este momento de la Argentina es crucial contar con jueces independientes e imparciales. El proyecto de reglamento de la Corte que, atiende más a sus méritos técnicos que a la discrecionalidad política, está encaminado en el buen sentido”, subrayó.
El planteo fue formalizado mediante una nota dirigida a los representantes de la abogacía en el Consejo, en la que solicitó que “hagan sus mayores esfuerzos para que se trate ese reglamento y se apruebe uno que vaya en línea con los principios que sostiene la Corte”. La posición del Colegio porteño se expresó además durante una visita institucional al Palacio de Tribunales, donde sus autoridades transmitieron personalmente el respaldo al proyecto.
También se pronunció Alejandra García, candidata a presidir la entidad, quien vinculó la reforma con el funcionamiento cotidiano del sistema judicial. “Los abogados y las abogadas somos parte inescindible del sistema de justicia y desarrollamos nuestra tarea frente a decisiones que determinan el curso y el resultado de los procesos. En ese marco, la forma en que se evalúan los antecedentes, se pondera el mérito y se estructuran las distintas instancias del concurso tiene efectos concretos sobre la práctica profesional”, indicó.
En la misma línea, agregó: “Una etapa de selección fundada en parámetros objetivos y controlables constituye una condición necesaria para sostener un sistema de justicia independiente, con reglas previsibles y decisiones técnicamente fundadas”.
El respaldo institucional también alcanzó al ámbito empresario. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa difundió un comunicado en el que se pronunció sobre el debate en torno a la administración de justicia y la designación de magistrados. “Felices los que tienen hambre y sed de justicia; felices los que trabajan por la paz” (Mt 5,6.9), comenzó citando el documento.
En ese texto, la entidad sostuvo: “En nuestro querido país nos encontramos en una etapa de análisis y debate sobre la administración de justicia, particularmente sobre la designación de jueces nacionales y otros importantes funcionarios judiciales. Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas”.
A su vez, manifestó su respaldo explícito a la reciente propuesta del Máximo Tribunal: “En ese sentido destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente”.
El documento también puso el foco en las condiciones que deben reunir los postulantes: “Desde ACDE destacamos, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la importancia de que los candidatos a ser designados sean independientes, imparciales, prudentes e íntegros. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas, su independencia los tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones que contaminan las decisiones que ellos tienen que tomar”.
Finalmente, remató: “Por ello rezamos confiados para que los jueces sigan el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad, y para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y amor a nuestro país”.
El “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado, introduce cambios estructurales en el sistema. Entre ellos, establece la evaluación de antecedentes bajo pautas objetivas, priorizando el rendimiento académico y el mérito efectivo por sobre la trayectoria meramente formal, y dispone que las pruebas de oposición se realicen con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos.
También prevé la digitalización integral del proceso, la implementación de concursos anticipados para reducir los tiempos de cobertura de vacantes y la realización de entrevistas públicas con puntaje acotado. Según el propio tribunal, las modificaciones buscan “reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”.
La iniciativa deberá ser ahora analizada por el Consejo de la Magistratura, en cuya órbita se desarrollan los concursos y se elevan las ternas para la designación de jueces, en un escenario donde la cobertura de cargos concentra una de los temas del debate público.