Dos de las principales organizaciones del ámbito jurídico expresaron su apoyo a la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual el máximo tribunal aprobó un proyecto de reforma integral del Reglamento de Concursos para la selección de magistrados y lo remitió al Consejo de la Magistratura para su consideración. La iniciativa, según se consignó, busca reducir los márgenes de discrecionalidad en la designación de jueces, fortalecer la evaluación por mérito e idoneidad, incorporar herramientas tecnológicas que garanticen el anonimato en las pruebas de oposición y establecer criterios más objetivos y previsibles en todas las etapas del proceso.
La decisión de la Corte se produce en un momento en que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en marcha una estrategia para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal, con el envío de las primeras tandas de pliegos al Senado. En la acordada, el máximo tribunal remarcó su carácter de “cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina” y sostuvo que le corresponde colaborar en la corrección de disfunciones del sistema mediante reformas reglamentarias. Según indicó, las modificaciones buscan garantizar que el mérito y la idoneidad sean los factores centrales en la selección de magistrados.
El proyecto, en rigor, establece dos tipos de concursos: anticipados -como regla general, con cobertura de hasta ocho cargos por concurso-y especiales -como excepción, simples o múltiples con un máximo de nueve cargos-. La prueba de oposición escrita se divide en dos etapas: una general, con 120 preguntas sorteadas de un banco de 2.000 y corrección automatizada, y otra específica, con ejercicios de razonamiento e interpretación y la resolución de un caso práctico con sentencia. Para la evaluación de antecedentes se fijan criterios objetivos, y las entrevistas personales -públicas y transmitidas por medios audiovisuales- tendrán una ponderación reducida a 20 puntos. Al justificar la reforma, el máximo tribunal remarcó que la etapa de evaluación de antecedentes “premia en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.
En ese marco, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) calificó la acordada como “un avance institucional relevante en la búsqueda de fortalecer la calidad, transparencia y legitimidad del sistema de designación de jueces”. En su comunicado, la organización destacó el rediseño estructural propuesto, orientado a que el acceso a la magistratura se funde “de manera prioritaria en criterios objetivos de mérito e idoneidad, reduciendo de manera significativa los márgenes de discrecionalidad que históricamente afectaron estos procesos”.
FORES ponderó la incorporación de evaluaciones anónimas, sistemas de corrección automatizada y criterios de calificación previamente establecidos, a los que definió como “un paso decisivo hacia la consolidación de procesos más confiables y equitativos”. También respaldó la decisión de limitar el peso de la entrevista personal, al señalar que esa instancia “ha sido una de las principales fuentes de discrecionalidad” en la práctica. Para el foro, estas reformas tienen un impacto directo sobre la independencia judicial: “La reducción de espacios de discrecionalidad política en la selección de magistrados contribuye a asegurar que el ingreso al Poder Judicial se base en condiciones de igualdad y en estándares objetivos, con fortalecimiento de la imparcialidad de los jueces y la confianza pública en las instituciones.”
Sin embargo, FORES no limitó su pronunciamiento al respaldo sino que planteó también la necesidad de profundizar la reforma. Reclamó la incorporación expresa de competencias que consideró “hoy esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional”: la capacidad de razonamiento jurídico aplicado, la formación en ética judicial, las aptitudes de gestión de casos y el manejo de lenguaje claro en la comunicación de decisiones. La entidad exhortó además al Consejo de la Magistratura a dar “pronto tratamiento” al proyecto remitido por la Corte.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también expresó su apoyo a la iniciativa. En su comunicado, la entidad porteña destacó que el nuevo reglamento “aportará condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados, al basarse en criterios prefijados”. Destacó además la realización de concursos anticipados como regla general, bajo el argumento de que así “se evitarán interferencias políticas, ya que los postulantes rendirán las pruebas sin saber para qué cargo concreto están concursando”.
El Colegio respaldó a su vez la reducción del puntaje asignado a la entrevista personal y explicó que esa medida “reduce la discrecionalidad y tiene como finalidad que los magistrados designados reúnan las condiciones de idoneidad necesaria para tan altos cargos”. La entidad cerró su pronunciamiento con la reafirmación de su rol institucional: seguirá, dijo, “velando por la integración del Poder Judicial con magistrados idóneos, independientes y que generen la confianza necesaria en la ciudadanía”.