El director general de la AFA inauguró la ronda de indagatorias en el caso por apropiación de aportes

Gustavo Lorenzo se presentó este viernes ante el juez Diego Amarante. El trámite se realizó en medio del cese de actividades que paraliza a todas las categorías del fútbol argentino hasta el domingo

Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, se presentó ante el juez Amarante. ((AFA))

Gustavo Lorenzo, director general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentó este mediodía en los tribunales de Retiro para cumplir con su declaración indagatoria ante el juez Diego Amarante. El directivo llegó puntual a la sede de Avenida de los Inmigrantes 1950 junto a su abogado defensor, Cristian Pérez. A las 12, la defensa cumplió con el ingreso de rigor de un escrito que resume su postura técnica y, diez minutos después, Lorenzo ingresó al despacho para sentarse frente al titular del Juzgado Penal Económico 5.

Pasadas las 13, el directivo abandonó el edificio judicial. Según pudo saber este medio, en el documento entregado al magistrado, Lorenzo negó cualquier vinculación con la falta de pago y detalló el organigrama de la AFA para argumentar que, por las competencias propias de su cargo, su rol es ajeno al área encargada de la liquidación o el depósito de impuestos y contribuciones.

Con este acto, se inició formalmente la ronda de indagatorias en la causa donde se investiga la presunta apropiación indebida de aportes y retenciones impositivas por un total de $ 19.353.546.843,85. El proceso se desarrolla en un clima de tensión institucional, mientras el fútbol argentino permanece bajo un paro total de actividades hasta el domingo dispuesto por el Comité Ejecutivo de la casa madre.

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Una maniobra de 19 meses

​La investigación judicial se originó el 12 de diciembre pasado tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo, que actúa como querellante en el expediente, acusa a la AFA de omitir el depósito de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias. Según la denuncia, estas irregularidades se repitieron durante 19 meses, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez Diego Amarante, a cargo de la causa por presunta apropiación indebida de aportes.

​El ente recaudador también reclama la falta de pago de las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social. En total, la Justicia analiza 69 hechos independientes que configurarían el delito de apropiación indebida de tributos. La acusación sostiene que la “mesa chica” de la institución tenía pleno conocimiento de la situación financiera y de la magnitud de las deudas, dado que los principales directivos firmaban los estados contables periódicamente.

El conflicto institucional y el paro

​El avance del expediente provocó una fuerte respuesta de la dirigencia del fútbol. El Comité Ejecutivo de la AFA dispuso un cese de actividades para los días cinco, seis, siete y ocho de marzo. La protesta paralizó todas las categorías y forzó la reprogramación de la fecha nueve del Torneo Apertura. En el plano legal, la defensa intentó frenar las citaciones con planteos de nulidad que el juzgado declaró improcedentes el pasado martes tres de marzo.

​Como medida cautelar, el juez Amarante dictó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, incluidos Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Esta restricción fue apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, aunque el recurso se concedió sin efecto suspensivo. El magistrado fundamentó la medida en la gravedad de los hechos y la necesidad de asegurar la presencia de los imputados.

El debate por la falta de acción

​El origen del conflicto judicial radica en un planteo de “falta de acción” presentado por la AFA el 27 de enero. La institución solicitó su sobreseimiento con el argumento de que la deuda no era exigible, ya que el Ministerio de Economía había suspendido el inicio de juicios de ejecución fiscal para entidades sin fines de lucro.

​Sin embargo, el juez rechazó el cierre de la causa el 11 de febrero. Amarante explicó que la suspensión de una ejecución fiscal es una decisión administrativa que no elimina la obligación penal de depositar el dinero retenido a terceros en un plazo de 30 días. El fiscal Claudio Navas Rial respaldó esta postura, al sostener que la normativa administrativa no modifica los plazos que establecen las leyes penales vigentes.

Próximas declaraciones

​Tras la presentación de Lorenzo, el calendario judicial continuará el próximo lunes 9 de marzo a las 10.30 con la declaración del secretario general de la AFA, Cristian Malaspina. Ese mismo día, a las 12, será el turno de Víctor Blanco, ex secretario general de la entidad.

​El tesorero de la institución, Pablo Toviggino, logró postergar su audiencia para el miércoles 11 de marzo. Finalmente, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, cerrará la ronda de declaraciones el jueves 12 de marzo a las 12. Hasta entonces, el tribunal continuará con el análisis de pruebas, que incluyen informes de titularidad de direcciones IP provistos por la firma NSS S.A. (IPLAN) para rastrear movimientos administrativos.

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