El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, mantuvo el recurso que reclama que la causa por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a dirigentes de la AFA vuelva a ser investigada en el fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires.
Al responder a un pedido de opinión cursado desde la sala I del máximo tribunal penal federal del país, que tiene que resolver dónde seguirá la investigación, Villar mantuvo el recurso de queja que presentó su colega, el fiscal general ante la Cámara Federal de San Martín Carlos Cearras.
El fiscal ante Casación lo hizo sin fundamentar al respecto, pero se trató de un paso imprescindible para mantener vigente el reclamo.
Casación tiene que decidir si abre la queja y analiza el tema o la declara inadmisible, ante lo cual quedaría firme la decisión del camarista de San Martín Alberto Lugones, quien en enero pasado resolvió que la investigación salga del juzgado en lo penal económico a cargo de Marcelo Aguinsky y siga en el federal de Campana, cuyo juez titular es Adrián González Charvay.
La decisión que se tomó en San Martín se fundamentó en un tema de territorio, ya que tanto la quinta como otras propiedades en la mira de la justicia están en Pilar, partido bajo jurisdicción judicial de Campana.
Pero tanto la fiscalía ante ese juzgado como la que actúa frente al Tribunal de Apelaciones se opusieron y reclamaron que la investigación continúe en el ámbito de la justicia en lo penal económico de CABA porque el epicentro de los presuntos delitos ubica a la sede de la calle Viamonte en CABA de la Asociación del Fútbol Argentino en el centro de la pesquisa.
Derrotero judicial
El tema llegó a Casación y desde entonces cambió dos veces la integración de jueces que se ocuparán del expediente. El martes pasado se aceptó una inhibición presentada por el juez Daniel Petrone, quien invocó “cuestiones de decoro” debido a que conoce a un imputado en otra causa penal que tramita conexa con esa, Javier Faroni, el empresario responsable de Tourprodenter, designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior y bajo investigación judicial.
Ante ello quedaron dos camaristas, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Esta última solicitó que se haga un nuevo sorteo para definir al tercer integrante que resolverá en el caso, algo que todavía no se concretó. Si hay acuerdo entre los dos jueces, no haría falta convocar a un tercero.
Ledesma resultó a su vez elegida por todos sus colegas de Casación la semana pasada para integrar como subrogante la sala I hasta junio, luego de la renuncia a ese puesto del juez Carlos Mahiques, titular en otra sala del máximo tribunal penal federal del país.
Tres juzgados para una causa
Se investiga a los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte porque no podrían justificar el origen de los fondos con los que una sociedad a su nombre compró el predio o cómo lo mantuvieron. Eso abarca una flota de autos de alta gama y colección encontrados en un galpón dentro del lugar.
El 20 de enero pasado, la Cámara Federal de San Martín resolvió de manera unipersonal con el voto del juez Lugones que la investigación quede a cargo de González Charvay, quien ya ordenó nuevas medidas de prueba.
El juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky dejó de estar al frente del caso y remitió el expediente.
La decisión se tomó por una cuestión de territorio: todas las propiedades bajo la lupa judicial en la causa por supuesto lavado de activos están en Pilar, partido bonaerense bajo jurisdicción del fuero federal de Campana.
“El punto determinante en la configuración del delito de lavado de activos (…) habría tenido lugar en la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se habrían utilizado fondos ilegales para ingresarlos al sistema formal mediante la adquisición de un inmueble", analizó la resolución en enero.
En el lugar hay “autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, y esto marca, según la denuncia, “la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica” por parte de la sociedad propietaria, Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte.
El juez del Tribunal de Apelaciones sostuvo que se “enfoca sobre el Partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar” y por eso le dio la razón a la defensa de Pantano y también al juez Charvay, quien había reclamado el caso a su par porteño Aguinsky.
Este último magistrado se negó a ceder la competencia por entender que se investiga presunto lavado de activos proveniente de un delito anterior, una posible defraudación a los asociados a la AFA por parte de algunos de sus dirigentes y que ante ello el epicentro del caso está en la ciudad de Buenos Aires, en base a la sede de la calle Viamonte de la entidad rectora del fútbol argentino. Esta postura estuvo respaldada por la fiscalía tanto de CABA como de Campana.
Avalado por la Cámara en lo Penal Económico, Aguinsky habilitó la feria y avanzó en la causa. A instancias de la fiscalía, amplió su objeto procesal y abarcó presuntas maniobras en el exterior con dinero de la AFA, mediante intermediarios que están bajo investigación, entre ellos Faroni.
Cearras, fiscal ante la Cámara de San Martín, apeló el cambio de juzgado y al serle rechazado el recurso llegó con una queja directa a la Casación Federal. Este es el conflicto que está pendiente de resolución.
En un principio la causa quedó por sorteo a cargo del juez federal porteño Daniel Rafecas, quien ordenó las primeras medidas de prueba como el allanamiento al lugar, secuestro y tasación de todo lo encontrado y dispuso la prohibición de salida del país a los imputados. El magistrado declinó la competencia al fuero penal económico.