La Cámara Federal porteña decidió mantener abierta la causa sobre supuestos sobornos vinculados a la empresa brasileña Odebrecht en proyectos de ampliación de gasoductos en la Argentina. Los acusados, entre ellos el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, habían pedido la prescripción del caso.
El planteo ya había sido desestimado el año pasado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente. Tras las apelaciones de las defensas, la decisión fue refrendada ahora en segunda instancia.
El juez Roberto Boico, quien integró el voto mayoritario junto a su par Martín Irurzun, entendió que la ley permite pausar el conteo del plazo para cerrar un expediente cuando los involucrados ocupan puestos en el gobierno, ya que esa posición podría facilitar maniobras para evitar consecuencias.
El camarista Boico indicó que la regla busca equilibrar la protección de derechos con la necesidad de investigar hechos graves. Aplicó ese principio a uno de los procesados, Cristian Folgar, quien trabajó en la Cámara de Diputados hasta fechas recientes. Fue asesor con “tareas técnicas y administrativas” en el despacho de la diputada Margarita Stolbizer.
La Cámara aclaró que esta circunstancia genera una suposición inicial de que el plazo se detuvo, aunque sugirió recopilar más detalles sobre las labores exactas de Folgar para confirmar la procedencia. Con esto, la Sala respaldó la continuidad del procedimiento.
En cambio, el juez Eduardo Farah disintió. En su voto, refirió que el proceso acumula un retraso injustificado, superando los límites que establecen las leyes y la Constitución para resolver causas judiciales. Farah consideró que “el cierre del expediente resulta un imperativo y que debe sobreseerse a todos los imputados”, según se desprende de la resolución a la que accedió Infobae.
La investigación
Anteriormente, la jueza María Eugenia Capuchetti desestimó un pedido específico de la defensa de Marcio Faria Da Silva, ex vicepresidente de Odebrecht. Los representantes legales de Da Silva alegaron que los delitos imputados, relacionados con ofrecimiento de ventajas indebidas, prescribían después de seis años.
Mencionaron que los eventos databan de 2004 a 2006, con transferencias detectadas hasta 2014 por autoridades estadounidenses. El fiscal del caso apoyó esa visión, pero la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, se opuso. El organismo introdujo el argumento de que Folgar había tenido roles estatales al menos hasta 2020.
Capuchetti avaló esa objeción. Destacó que el asesor de Stolbizer continuó en funciones legislativas, De Vido cobró sueldo como congresista hasta fines de 2019, y otros como Luis Beuret y Julio Bragulat, representantes de CAMMESA, dejaron sus posiciones en la empresa pública en 2017 y 2020.
La investigación gira en torno a supuestos pagos no autorizados por 25 millones de dólares entre 2007 y 2014, canalizados por una unidad especial de Odebrecht dedicada a operaciones encubiertas. La constructora admitió en Brasil haber distribuido fondos ilícitos para obtener ventajas en licitaciones públicas. En Argentina, la pesquisa abarca contratos para expandir las redes de Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, adjudicados a consorcios que incluían a la firma brasileña.
La causa inició hace más de 17 años y se divide en segmentos. El caso “Odebrecht-Aysa” llegó a etapa de juicio en 2019, por acusaciones de haber favorecido irregularmente a la compañía extranjera en acuerdos por 2.300 millones de dólares, bajo el cargo de actuar en contra de los deberes oficiales.
Esta otra rama del caso de corrupción, aún en fase preparatoria, indaga el mecanismo de los pagos y se basa en declaraciones de Da Silva y Luiz Antonio Mameri, quienes colaboraron con fiscales brasileños al revelar transacciones prohibidas en varias iniciativas locales.
Este expediente forma parte de un escándalo mayor conocido como Lava Jato, que destapó redes de corrupción en América Latina.