Tras el receso por Carnaval, el juicio oral por la causa de los cuadernos retomó la actividad este martes al mediodía. El expediente investiga presuntos sobornos en la obra pública y tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La fiscal general Fabiana León busca acelerar el desarrollo del debate. Adelantó a Infobae que podría solicitar un cronograma de trabajo al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7): “Si no lo proveen, lo pediré”, afirmó la funcionaria. Consultada sobre la posibilidad de sugerir nuevos esquemas o modificar la modalidad del proceso, la fiscal señaló que la intención es “cambiar a modo eficiente”.
En esta etapa del juicio se abordan planteos preliminares, mientras los abogados defensores mantienen sus pedidos de nulidad. Cuando concluyan estos reclamos, el tribunal dará vista al Ministerio Público Fiscal y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante. Tras recibir las respuestas, los jueces deberán pronunciarse y definir si se avanza hacia la etapa de indagatorias.
El titular del Tribunal Oral Federal N°7, Enrique Méndez Signori, declaró el cierre de la jornada tras oír las cuestiones preliminares de las defensas. Adelantó que el jueves a las 9 será el turno de la querella y de la fiscalía para exponer sus planteos, si los hubiere.
Antes de finalizar, la fiscal Fabiana León, tal como había adelantado ayer a Infobae, solicitó un cronograma para ordenar la agenda del juicio. El presidente del TOF 7 respondió que luego de escuchar todas las cuestiones preliminares pasarán a cuarto intermedio para responderlas. A partir de ahí podrá definirse cómo continuar.
El abogado del empresario constructor Ricardo Santiago Scuncia, ligado al Grupo Roggio e imputado como partícipe necesario de once sobornos, Martín Gabriel Pou Queirolo, adhirió al pedido de nulidad de la declaración testimonial del titular de esa firma y, por consiguiente, de todos los actos que le siguieron. A su vez se refirió a la “inconstitucionalidad” de la ley del arrepentido, eje de esta investigación, de la que también pidió su nulidad por incumplimiento de las “reglas mínimas” del proceso penal. Puso en duda la “libertad” y “voluntad” del ex chofer Oscar Centeno a la hora de presentarse frente al fiscal Stornelli como colaborador, y solicitó dejar sin efecto su declaración y “de todo lo actuado en consecuencia”.
La defensa del ingeniero Aldo Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. -operadora de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires y del Ferrocarril Urquiza-, solicitó la nulidad parcial de su declaración indagatoria como imputado colaborador en la causa, donde está acusado por asociación ilícita y cohecho. El planteo fue formulado por su abogado, Jorge Valerga Aráoz, quien recordó que Roggio celebró un acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli el 10 de agosto de 2018, y que la impugnación se circunscribe exclusivamente a lo ocurrido durante la audiencia “cara a cara” ante el fallecido juez federal Claudio Bonadío.
Valerga Aráoz sostuvo que el magistrado “pasó por sobre el objeto procesal, interrogando a nuestro defendido sobre la base de un supuesto que no formaba parte de la imputación”. Según explicó, a Roggio se le atribuyeron tres entregas de dinero realizadas en junio, agosto y septiembre de 2013, que la defensa caracterizó como aportes de campaña. Sin embargo, durante la audiencia en el Juzgado Federal N° 14, Bonadio habría introducido preguntas sobre presuntos “retornos” vinculados a subsidios que Metrovías recibió del Estado, un aspecto que -según remarcó el defensor- no integraba la imputación ni fue tratado en el acuerdo con la fiscalía. “Siendo juez sustituyó al fiscal en sus funciones. Eso está prohibido, lo que nos lleva a hacer este planteo de nulidad”, afirmó el letrado, quien además le atribuyó al magistrado haber vulnerado el deber de imparcialidad al avanzar sobre cuestiones ajenas al objeto procesal y “avasallar” el modelo procesal acusatorio asumiendo funciones de la fiscalía.
La abogada Laura Fechino, defensora del exfuncionario Hernán Camilo Gómez, solicitó la nulidad de la causa desde su inicio y el sobreseimiento de su cliente. La letrada argumentó que el expediente omite reuniones extraoficiales entre el fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadio y los testigos. “Es una causa que, por donde se la mire, fue armada”, afirmó en la audiencia. Fechino señaló que el proceso fue preconcebido para detener a exfuncionarios con una “pérdida total de la objetividad” y pidió excluir los cuadernos como prueba.
La defensa también exigió anular la primera indagatoria de Oscar Centeno. Fechino explicó que al detenido se le ocultó que su abogado de confianza, Norberto Frontini, esperaba para asistirlo. Además, cuestionó que Stornelli le ofreciera acogerse a la ley del arrepentido antes de informarle los hechos imputados. Por último, la abogada reclamó la nulidad de la acusación inicial del debate y apuntó contra la fiscal Fabiana León por solicitar la lectura completa de los requerimientos de elevación a juicio. Argumentó que esto introdujo valoraciones prematuras al tribunal y pidió el apartamiento de los magistrados por “temor de parcialidad”. El debate oral sigue su curso con las presentaciones restantes.
El abogado Sergio Steizel, defensor de Oscar Centeno, pidió que no se le imponga pena al autor de las anotaciones por sus aportes a la investigación.
Durante su exposición, el letrado reconoció deficiencias estructurales en la primera indagatoria de su cliente, ocurrida el primero de agosto de 2018. Explicó que el acto avanzó sin la presencia de su defensor, Gustavo Kollman, y cuestionó que el fiscal Carlos Stornelli le informara allí sobre los alcances de la ley del arrepentido. Sin embargo, aclaró que el 2 de agosto se formalizó el acuerdo de colaboración con la asistencia legal correspondiente, la lectura de los hechos y la exhibición de las pruebas. “Los actos posteriores sanearon cualquier irregularidad inicial”, sostuvo Steizel, quien descartó presiones ilegítimas sobre el acusado.
El abogado también rechazó la acusación por falso testimonio impulsada en pleno juicio por la defensa de Roberto Baratta. Recordó que el juez Daniel Rafecas desestimó esa denuncia porque los dichos de Centeno ocurrieron dentro de un acto de defensa. Por último, sobre la pericia caligráfica de la Gendarmería Nacional, advirtió que la supuesta manipulación de los cuadernos por parte de terceros es solo “una interpretación posible” que deberá definirse con el debate técnico. El tribunal continúa escuchando a las partes.
Las abogadas Molina y Semorile, a cargo de la defensa de Ricardo Jaime, pidieron el sobreseimiento del exfuncionario y recusaron al juez Fernando Canero. Las letradas solicitaron la nulidad del proceso y cuestionaron la aplicación retroactiva de la ley del arrepentido. Durante su exposición, afirmaron que los tres delitos de cohecho pasivo atribuidos a su cliente “se encuentran prescriptos”. También adhirieron al planteo de Julio De Vido para examinar a los testigos colaboradores en el debate. Señalaron que la acusación contra el exsecretario de Transporte “se basa únicamente en las declaraciones de dos arrepentidos”.
La defensa objetó los requerimientos de elevación a juicio por falta de precisión. Las abogadas explicaron que la fiscalía acusa a Jaime de integrar una asociación ilícita hasta noviembre de 2015. Frente a esto, recordaron que el exfuncionario dejó su cargo público en el año 2009. Las representantes legales indicaron que la imputación no explica de qué manera se organizó la asociación ni cómo existió el presunto enriquecimiento ilícito. “Nunca se termina de determinar qué pagos recibió, cómo los recibió, con quiénes se vinculó, no está ni siquiera determinado quiénes le entregaron el dinero”, sostuvieron en la sala. El tribunal avanza ahora con el cronograma previsto para la jornada.
El abogado Pablo Medrano, defensor de Mario Rovella, solicitó la nulidad de la indagatoria que su cliente prestó el primero de marzo de 2019 ante el juez Claudio Bonadio.
La defensa adhirió al planteo de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. Medrano indicó que el representante legal de la expresidenta “describió con precisión” la “coerción o intimidación que se ejerció sobre una gran cantidad de imputados, obligándolos a arrepentirse o a confesar los hechos sobre los que se los había sometido a proceso”.
“Cuando una confesión se obtiene bajo la amenaza concreta de la cárcel, ya no estamos frente a un acto voluntario. Estamos frente a una declaración que es arrancada”, argumentó el letrado durante la audiencia.
Sobre la acusación contra su defendido, el abogado señaló que la imputación “se apoya en los dichos del coimputado Ernesto Clarens, que ante la inminencia de su propia detención confeccionó varios listados". Medrano detalló que en el Anexo 6, Clarens individualizó supuestas entregas de dinero de Rovella en 14 oportunidades.
“Pero lo verdaderamente grave no es solamente la precariedad de esa fuente incriminante, sino el contexto en el que se pretendió que Rovella la convalidara”, concluyó Medrano. El tribunal continúa con las exposiciones programadas para la fecha.
La jornada del juicio comenzó con casi una hora y media de retraso. El inicio estaba pautado para las 12:30.
En esta sesión exponen sus planteos preliminares las defensas de los siguientes acusados:
El tribunal escucha en este momento los argumentos iniciales de los abogados.
Este martes se reanuda el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, el expediente que analiza presuntos sobornos en la obra pública y que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La audiencia está programada para las 13:00. En el reinicio del debate, la fiscal general Fabiana León adelantó a Infobae que, si el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) no fija un cronograma para ordenar la continuidad del proceso, lo solicitará formalmente. “Si no lo proveen, lo pediré”, afirmó ante la consulta de este medio.