El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques presentó este lunes su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I del máximo tribunal penal del país, que deberá definir dónde continuará la investigación por la quinta ubicada en el partido de Pilar, bajo sospecha de estar vinculada a altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según indicaron allegados al magistrado, la decisión respondió a “razones funcionales a la subrogancia en la Sala I”, donde estaba previsto que permaneciera hasta fines de junio e intervenir en todas las causas allí radicadas, incluida la de la mansión de Villa Rosa. Mahiques continuará desempeñándose en la Sala III de la Casación Federal, donde ocupa un cargo permanente, y formalizó el fin de su intervención mediante un escrito dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña.
La Sala I será la encargada de resolver un conflicto de competencia entre el fuero de Campana y el Penal Económico porteño. La decisión determinará cuál será el juez natural que seguirá adelante con la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble de alto valor.
El caso bajo estudio se inició a partir de una denuncia destinada a esclarecer si la adquisición del predio se financió mediante recursos cuya procedencia podría encuadrar en delitos económicos. La hipótesis bajo análisis apunta a reconstruir la trazabilidad del dinero y la eventual utilización de terceros para concretar la operación inmobiliaria.
Para el caso, un peritaje oficial ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, cuando tenía a su cargo las actuaciones, estableció que el valor real de la mansión supera los 20 millones de dólares, una cifra exponencialmente mayor a los 1,8 millones que habían sido declarados en la documentación. El trabajo fue realizado por un equipo de tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro. Según el informe, el patrimonio total -incluida la propiedad y los bienes hallados en su interior, como autos de lujo y caballos- asciende exactamente a USD 20.815.100.
El inmueble en cuestión está ubicado en la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa. Quienes figuran como propietarios son el ex dirigente del fútbol Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ya jubilada. Ambos son investigados bajo la sospecha -tras una serie de allanamientos- de actuar como presuntos “prestanombres” de la cúpula de AFA, en tanto sus capacidades económicas no se condicen con el patrimonio registrado.
En la primera etapa de la causa, Rafecas ordenó el allanamiento del predio, dispuso la tasación oficial y dictó embargos preventivos para preservar bienes ante eventuales responsabilidades patrimoniales. Esas medidas permitieron incorporar documentación y avanzar en el análisis de la operación.
Posteriormente, el expediente fue remitido al juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, bajo el entendimiento de que los hechos investigados podían encuadrar en delitos vinculados al régimen tributario o financiero. Sin embargo, tras un planteo de la defensa, la Cámara Federal de San Martín determinó que la pesquisa debía quedar en manos del juez federal de Campana Adrían González Charvay.
Esa decisión llevó la firma del juez Alberto Lugones, tras la excusación de su colega Néstor Barral. El magistrado ratificó la competencia del juzgado federal de Campana basándose en que los bienes bajo la lupa -la mansión, vehículos de alta gama y caballos- se encuentran en el partido de Pilar. Días después, el fiscal general Carlos Cearras apeló el fallo tras sostener que la causa debía continuar en el fuero Penal Económico.
Ante la negativa de la Cámara de San Martín a conceder el recurso extraordinario, el fiscal presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora la Sala I deberá pronunciarse sobre esa impugnación y definir definitivamente la competencia.
Con respecto a Mahiques, a inicios de este mes el presidente Javier Milei solicitó al Senado un nuevo acuerdo para que el camarista pueda continuar cinco años más en la Cámara de Casación, dado que cumplirá 75 años en noviembre. El pedido, firmado también por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, activó el procedimiento constitucional previsto para la renovación de jueces que alcanzan el límite etario.