Fentanilo contaminado: la Cámara de Casación intervendrá en la causa que investiga 111 muertes y 48 afectados

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal quedó sorteada para intervenir en la causa por el fentanilo contaminado, el expediente que investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 48 tras la administración de ampollas elaboradas por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. El tribunal deberá resolver, en esta etapa, el pedido de excarcelación presentado por la defensa de José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio, procesado con prisión preventiva como presunto coautor de los delitos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, bajo el expediente FLP 17371/2025. Según la investigación judicial, los lotes 31202 y 31244 del Fentanilo HLB habrían sido contaminados con bacterias multirresistentes durante el proceso de fabricación. El medicamento, un opioide de uso hospitalario frecuente en terapias intensivas y cirugías, fue distribuido a centros de salud de distintas jurisdicciones.

El 29 de enero de este año, Kreplak remitió al Cuerpo Médico Forense (CMF) un paquete consolidado de 159 casos bajo análisis: 111 pacientes fallecidos y 48 sobrevivientes que cursaron infecciones asociadas al suministro del producto. La cifra implica un incremento respecto de los primeros 20 casos que habían sustentado la imputación inicial. Si el CMF confirma la nueva cuantificación, los acusados deberán ser nuevamente indagados.

En el expediente ya se encuentran 14 personas procesadas. Entre ellas figuran Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; su hermano Diego García; su madre Nilda Furfaro, con prisión domiciliaria; y José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes investigados. Las imputaciones incluyen los delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración peligrosa para la salud, con una expectativa de pena de 10 a 25 años de prisión.

El origen del caso se remonta al 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta nacional tras una denuncia del Hospital Italiano de La Plata, donde al menos 15 pacientes fallecieron luego de recibir el anestésico. El organismo prohibió el uso del lote cuestionado, clausuró las plantas y presentó la denuncia penal que dio inicio a la investigación.

Las pericias bacteriológicas realizadas por el Instituto Malbrán detectaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas contaminadas. Según consta en el expediente, el proceso de fabricación fue considerado “poco robusto e inconsistente”, con deficiencias en el llenado y cierre de las ampollas.

En paralelo, el Cuerpo Médico Forense analizó historias clínicas para determinar la relación entre las infecciones y los fallecimientos. En un primer informe, incorporado en agosto de 2025, examinó 40 casos y concluyó que en 38 la exposición a bacterias multirresistentes incrementó el riesgo de muerte. En un peritaje posterior sobre 23 historias adicionales, los especialistas advirtieron que en 22 no se remitía certificado de defunción y que en las actas constaba como causa “enfermedad”. Solo en un caso figuraba un diagnóstico específico: “shock séptico y falla multiorgánica”.

Con los dictámenes acumulados, los peritos identificaron infecciones asociadas al fentanilo en 52 de las 77 historias clínicas peritadas hasta el momento. En al menos 14 de las 23 analizadas en el último informe se concluyó que los pacientes cursaron procesos infecciosos vinculados con los gérmenes detectados en las ampollas. El CMF sostuvo que esas infecciones implicaron un “incremento del riesgo de muerte”, en el marco de cuadros clínicos complejos caracterizados por sepsis y falla multiorgánica.

El juez Kreplak también señaló ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados que la reconstrucción de los casos se vio dificultada por la fragmentación y falta de digitalización de historias clínicas en distintos hospitales públicos y privados. En ese contexto, reclamó avanzar hacia un sistema estandarizado y digital que permita mejorar la trazabilidad de los tratamientos y de los lotes administrados.

La intervención de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, se limitará por ahora al análisis de la situación procesal de Maiorano. El tribunal deberá evaluar si subsisten los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva o si corresponde concederle la excarcelación mientras continúa la instrucción.

En paralelo, la Cámara Federal de La Plata tiene pendientes de resolución las apelaciones presentadas por los procesados. La causa supera las 6.000 fojas en su cuerpo principal y continúa acumulando informes técnicos y médicos.

Con 111 fallecimientos bajo análisis y 48 sobrevivientes identificados, el expediente se encamina a una etapa clave en la definición de responsabilidades penales, mientras avanzan las revisiones en las instancias judiciales superiores.