En medio de los allanamientos, cambian al juez Rafecas en la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al presidente de AFA

La decisión fue de la Cámara Federal porteña, que resolvió un conflicto de competencia planteado por el propio magistrado y derivó el caso al fuero penal económico

La mansión allanada

La Cámara Federal porteña resolvió hoy que la causa que investiga si una mansión en Pilar a nombre de una sociedad pertenece en realidad a altos dirigentes de AFA tramite en el juzgado penal económico 10 a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

De esta manera el juez federal Daniel Rafecas, quien hoy ordenó allanarla y además dispuso su embargo preventivo ante la sospecha de estar ante el delito de “lavado de activos” dejará de ocuparse del caso.

La decisión fue del camarista de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, quien intervino ante un conflicto de competencia originado cuando Rafecas recibió la denuncia de la Coalición Cívica, se declaró incompetente y la derivó al fuero penal económico.

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El juzgado que allí resultó sorteado no aceptó esta resolución del juez Rafecas y entonces la cuestión pasó a ser resuelta por un tribunal superior, la Cámara Federal, que ahora decidió que corresponde a penal económico.

Rafecas enviará el expediente al juez Aguinsky en las próximas horas para que continúe con el trámite de la causa, pero seguirá al frente del allanamiento que ordenó hoy a la mansión de Villa Rosa, Pilar, hasta que termine, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

El juez ordenó ya el embargo preventivo de la finca de Pilar y la inmovilización de todos los vehículos allí hallados, así como de todos los bienes muebles existentes en su interior por presumirse posible delito de lavado de activos.

La decisión de la Cámara

En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia concluyó que no surgen por el momento en el expediente “particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención” del fuero federal.

Un argumento similar había dado Rafecas al declarar su incompetencia apenas recibió la causa. Al trabarse el conflicto de competencia, resolvió avanzar con medidas de prueba hasta que se definiera la cuestión.

En esta etapa inicial del caso, " exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero", competencia del fuero penal económico, agregó la Cámara.

De manera paralela y ante lo expuesto en la denuncia, aclaró que el nuevo juez del caso debería “analizar aspectos” vinculados a la competencia territorial del hecho, es decir, dónde debería investigarse.

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