El Ministerio Público pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros”

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, les pidió a los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun dar marcha atrás con el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello sobre el expresidente Alberto Fernández y que se dicte la falta de mérito en el expediente donde, además, se le impuso un millonario embargo y la prohibición de salida del país, por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

El pedido de Agüero Iturbe tomó desprevenidos tanto a la defensora Mariana Barbitta -quien con voz de sorpresa dijo “acompañamos al Ministerio Público, por favor”- como al propio expresidente, quien estaba sentado al lado del fiscal durante la audiencia, en la que el único medio presente fue Infobae.

El fiscal manifestó que “no se hallaron pruebas suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza requerido en la etapa actual del proceso”.

En consecuencia, solicitó el rechazo de las peticiones formuladas por la defensa, argumentando que no se ha producido una violación al principio de congruencia. Según la interpretación expuesta, la jurisprudencia permite que la descripción de los hechos atribuida en la declaración indagatoria pueda ser desglosada en el auto de procesamiento para lograr mayor claridad.

La investigación

El juez Sebastián Casanello, quien quedó a cargo del expediente desde febrero de este año, le imputó al expresidente la intervención de intermediarios, como el broker Héctor Martínez Sosa, quienes, de acuerdo con la acusación, habrían recibido importantes comisiones.

Las mismas se habrían originado por la designación de la empresa en reparticiones públicas, supuestamente a raíz de un direccionamiento por parte de funcionarios interesados, especialmente en el caso de Martínez Sosa a través de su pareja, María Cantero, quien ocupaba un cargo de secretaria presidencial. La fiscalía subrayó que no existió un proceso de selección para las aseguradoras involucradas.

En relación con el dictado del decreto 209/20 y la designación de aseguradoras, la fiscalía consideró que estos datos son meramente contrapuestos y solo describen la maniobra, sin afectar el núcleo de la imputación.

Respecto de la actuación del juez Julián Ercolini, a quien la defensa de Alberto Fernández reclamó su apartamiento en dos oportunidades, la fiscalía recordó que los actos realizados por un juez mantienen su validez mientras no sean declarados nulos, lo que no ha ocurrido en este caso. Además, señaló que las recusaciones presentadas contra el magistrado aún no han sido resueltas. Por otra parte, Agüero Iturbe señaló que aún quedan medidas de prueba por producir como la declaración en calidad de testigos del ex canciller Santiago Cafiero y la antigua secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra.

En cuanto a la supuesta falta de control sobre los medios de prueba, la fiscalía indicó que todas las medidas son reeditables, lo que permite a la defensa revisar y participar en las declaraciones testimoniales necesarias para su estrategia, o solicitar su repetición si lo considera pertinente.

Hechos aun sin resolver

Agüero Iturbe advirtió que no se ha adoptado ninguna decisión de mérito, lo que genera la apariencia de que la situación procesal de Fernández permanece sin resolver respecto de hechos debidamente atribuidos. Según la fiscalía, si se resolvió sobre uno de los hechos, debió haberse resuelto sobre los demás, aunque la dirección y el sentido de esa decisión corresponden exclusivamente al juez.

Por otra parte, la fiscalía manifestó su desacuerdo con algunas de las calificaciones y observaciones formuladas por la defensa, así como con ciertos aspectos dogmáticos, aunque evitó profundizar en ese debate. Consideró que el procesamiento debe ser revocado y dictarse una falta de mérito, ya que no se encontraron elementos probatorios que permitan sostener la imputación con el grado de certeza exigido en esta etapa.

La fiscalía destacó que el único elemento relevante es una conversación de WhatsApp en la que se lee: “Ahora me ocupo”, en referencia al seguro vinculado a la Cancillería. El resto de las pruebas consiste en intercambios entre los coimputados, sin que exista ningún elemento directo que vincule a Alberto Fernández.

Finalmente, el fiscal de Cámara aclaró que la ausencia de pruebas directas no implica necesariamente la desvinculación del imputado, ya que existen indicios ciertos, concordantes y serios que sugieren una posible vinculación de Alberto Fernández con la maniobra investigada. Por ello, consideró necesario profundizar la investigación y solicitó al juez que materialice las citas pendientes, orientando la pesquisa para esclarecer la intervención del imputado en los hechos atribuidos y resolver la situación procesal conforme a la plataforma fáctica establecida.