El expresidente Alberto Fernández irá a juicio en la causa por violencia de género que inició su expareja, Fabiola Yáñez, quien a través de sus abogados pedirá una condena de 12 años de cárcel por los reiterados episodios de violencia y amenazas que se llevarán a debate en los tribunales federales porteños.
La acusación contra el exmandatario, formulada por el fiscal Ramiro González, es por dos episodios de lesiones leves agravadas, otro de lesiones graves agravadas y por amenazas coactivas, todo en concurso real. Las presuntas golpizas habrían ocurrido, en su mayoría, en la Quinta Presidencial de Olivos. Mientras que otro de los hechos que se investigó se habría dado en el departamento de Puerto Madero donde vivió Fernández, según precisaron fuentes judiciales.
Desde la querella confirmaron a Infobae que pedirán la pena máxima posible, que en este caso es de 12 años de cumplimiento efectivo. A diferencia de lo que exigen otros Códigos Procesales, el dictamen de los representantes de la víctima sobre la elevación a juicio no debe incluir la expectativa de la sentencia. Es un dato que recién volcarán oficialmente en sus alegatos.
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En ese dictamen, la querella debe manifestar su conformidad con la prueba producida durante la etapa de instrucción. De avanzar en este sentido, el juez subrogante del Juzgado Federal Nº 11, Julián Ercolini, decidirá si acepta el requerimiento de elevación a juicio.
“La investigación está completa, se han hecho demasiadas pruebas. El fiscal planteó muy bien en su resolución que los testigos que aporta Alberto Fernández son todos para decir que ‘era amoroso’, pero ninguno que diga que no le pegó, que no ejercía violencia”, valoró en diálogo con este medio uno de los abogados de Yáñez, Mauricio D’Alessandro.
En efecto, la fiscalía defendió en su último dictamen esa decisión de evitar testimonios inconducentes: “No resulta plausible convocar a todos aquellos que conocen a la expareja presidencial y no vieron agresiones de Fernández contra Yáñez”, expresó el fiscal González.
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“De lo contrario podría ser infinita la cantidad de personas que debería citarse, lo cual sería no solo dilatorio, sino también absurdo”, siguió el representante del Ministerio Público Fiscal.
La última prueba que se incluyó en la causa para dar por terminada la instrucción es la copia forense del teléfono y la tablet que usaba el expresidente, junto con la clave de acceso a los dispositivos.
Con los elementos que se reunieron desde que se radicó la denuncia, en agosto de 2024, el fiscal del caso consideró que hay evidencia suficiente para sostener que existió “un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder con el agresor. Por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
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La defensa de Alberto Fernández
La defensa del ex jefe de Estado, a cargo de la abogada Silvina Carreira, tiene ahora la posibilidad de plantear nulidades para oponerse a la elevación a juicio.
Alberto Fernández sostuvo en todo momento su inocencia. “Debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo”, dijo -a través de un escrito- en la declaración indagatoria a la que se sometió en febrero de este año.
Además justificó que los moretones que mostró Yáñez en las fotos fueron producto de golpes que ella misma se provocó por su adicción al alcohol, o bien que podrían haber sido montadas para extorsionarlo.
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“En los momentos de embriaguez, ella se ponía violenta, me atacaba con una fuerza singular. Yo solo atinaba a atajar sus manos para evitar sus golpes. Las barbaridades que decía en ese contexto prefiero no volcarlas en estas páginas tratando de preservarme ante tan nefasto recuerdo”, aseguró Fernández.