La Cámara Federal de Salta declaró “mal concedida” la impugnación que hizo la defensa del diputado nacional Emiliano Estrada (Unión por la Patria), y habilitó así el pedido de desafuero en su contra que pretende avanzar con la causa en la que lo investigan por la presunta creación de una usina de fake news con empleados del Congreso Nacional.
Ahora el Juzgado Federal N° 2 de Salta, que subroga Mariela Giménez, deberá enviar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, este pedido para dejar sin fueros al legislador.
Se trata de una medida que había ordenado el pasado viernes el fiscal federal Carlos Amad, luego de que Estrada no se presentara a la audiencia en la que iba a ser imputado por el delito de malversación de caudales públicos.
Sospechan que incurrió en maniobras de peculado de servicios al haber usado mano de obra pagada por el Estado para beneficio propio. Es una calificación que prevé penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.
Luego de una investigación del Ministerio Público Fiscal de Salta, dos ex colaboradores confesaron haber seguido órdenes del diputado vinculado con La Cámpora para crear contenido en Tik Tok y otras redes sociales con fake news que difamaban a rivales políticos y empresarios. En esos videos calificaban a la provincia como “un Estado narco”, entre otros agravios.
Ambos ex asesores accedieron a un juicio abreviado en el que fueron condenados a penas de un año y cuatro meses de prisión condicional como partícipes secundarios de la intimidación pública.
Ya con la causa contra Estrada en la Justicia Federal de Salta, la Sala II de la Cámara tuvo que decidir respecto de la posibilidad de pedir su desafuero para obligarlo a que se presente ante la jueza y el fiscal.
Los jueces Guillermo Elías y Mariana Catalano votaron a favor del pedido, mientras que Alejandro Castellanos se pronunció en disidencia.
Así, una vez que el requerimiento llegue al presidente de la Cámara, éste deberá girarlo a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales, cuyo titular es el libertario Nicolás Mayoraz. Recién después ocurriría el debate y la votación en el recinto. Estrada termina su mandato en diciembre de este año.
Recién cuando pierda la inmunidad parlamentaria -ya sea por dejar el cargo o por voto de sus pares- podrá ser citado nuevamente para que lo imputen.
El abogado de Estrada, Jorge Javier Ovejero, había intentado justificar la ausencia del diputado a la audiencia imputativa. Argumentó que su defendido podría incurrir en “contradicciones o declaraciones autoincriminatorias” por el conflicto de competencias que enfrenta la causa: hay tres juzgados que quieren quedarse con el expediente, algo que todavía no se resolvió.
Los jueces de Cámara le contestaron que si asistía no estaba obligado a hacer “manifestación alguna”, esto “sin que sus silencios tengan connotación ni consecuencia procesal alguna”.
Conflicto de competencias
Justo después de que despegara la causa en los tribunales federales de Salta hubo una nueva denuncia contra el diputado Estrada que se formuló en Comodoro Py 2002, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese expediente quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, quienes pidieron a la Justicia federal de Salta que se inhiba. Según argumentaron, el caso les corresponde por jurisdicción, ya que todo habría ocurrido dentro del Congreso y con servicios pagados por el Estado nacional.
Al mismo tiempo, el fuero provincial también entró en la puja: Claudia Puertas, jueza de Garantías N° 8, recibió una parte del expediente tras el juicio abreviado en el que condenaron a dos asesores de Estrada.
Como la discrepancia de competencias es entre dos juzgados nacionales y uno provincial, la jueza federal salteña Mariela Giménez decidió remitir el conflicto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo prevé el artículo 48 del Código Procesal Penal Federal.
La cuestión se trataría en Secretaría de Juicios Originarios, desde donde se eleva un proyecto a los ministros del máximo tribunal. También se le puede dar traslado a la Procuración para que de su opinión en un dictamen. La resolución del tema por esta vía es incierta, ya que la Corte no tienen un plazo legal establecido para dictar sentencia.