La Cámara Federal de Apelaciones de Salta definirá en los próximos días si habilita el pedido de desafuero contra el diputado nacional Emiliano Estrada (Unión por la Patria), quien está señalado por la presunta creación de una usina de fake news con empleados del Congreso de la Nación para desprestigiar a rivales políticos y empresarios. En paralelo, hay un conflicto de competencias entre tres juzgados que pretenden investigar el caso, discusión que podría resolver la Corte Suprema de Justicia.
El legislador identificado con La Cámpora no se presentó el viernes pasado a la audiencia a la que estaba citado y así evitó quedar imputado formalmente. Por ese motivo el fiscal federal Carlos Amad y el Juzgado Federal N°2 de Salta, que subroga Mariela Giménez, avanzaron con un pedido para que le retiren la inmunidad parlamentaria.
El defensor de Estrada impugnó esa decisión y obligó a que la revise un tribunal superior, que será la Sala II de la Oficina Judicial. Fuentes consultadas por Infobae indicaron que todavía no tiene fecha la audiencia en la que se definirá este punto.
Si el pedido de desafuero es ratificado, la Justicia Federal salteña debe remitirlo al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Luego tiene que pasar por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales, cuyo presidente es el libertario Nicolás Mayoraz. Recién después ocurriría el debate y la votación en el recinto. Estrada termina su mandato en diciembre de este año.
¿Por qué el diputado no se presentó ante la Justicia? Según su abogado, Jorge Javier Ovejero, el conflicto de competencias que todavía no se resolvió podría afectar su estrategia de defensa. En rigor, el legislador también tenía la posibilidad de comparecer ante el fiscal y la jueza, y mantener silencio.
El fiscal Amad le adjudica -aunque todavía sin imputación formal- el delito de malversación de caudales públicos, por presuntas maniobras de peculado de servicios: haber usado mano de obra que financia el Estado para beneficio propio. Es una calificación que prevé penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.
Justo después de que despegara la causa en los tribunales federales de Salta hubo una nueva denuncia contra el diputado Estrada que se formuló en Comodoro Py 2002, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese expediente quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, quienes pidieron a la Justicia federal de Salta que se inhiba. Según argumentaron, el caso les corresponde por jurisdicción, ya que todo habría ocurrido dentro del Congreso y con servicios pagados por el Estado nacional.
Al mismo tiempo, el fuero provincial también entró en la puja: Claudia Puertas, jueza de Garantías N° 8, recibió una parte del expediente tras el juicio abreviado en el que condenaron a dos asesores de Estrada.
Ambos reconocieron su responsabilidad y admitieron haber creado y difundido las fake news contra el gobernador Gustavo Sáez, entre otros funcionarios y empresarios locales. Recibieron penas de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios de la intimidación pública.
Como la discrepancia de competencias es entre dos juzgados nacionales y uno provincial, la jueza federal salteña Mariela Giménez decidió remitir el conflicto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo prevé el artículo 48 del Código Procesal Penal Federal.
La cuestión se trataría en Secretaría de Juicios Originarios, desde donde se eleva un proyecto a los ministros del máximo tribunal. También se le puede dar traslado a la Procuración para que de su opinión en un dictamen. La resolución del tema por esta vía es incierta, ya que la Corte no tienen un plazo legal establecido para dictar sentencia.
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