La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le concedió este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria al juez federal Marcelo Bailaque, investigado en tres causas penales por extorsiones a empresarios y presuntos vínculos con el narcotráfico en Santa Fe, entre otros delitos. A partir de este fallo, el magistrado no irá a la cárcel si el Consejo de la Magistratura lo destituye y pierde sus fueros. Además, le redujeron a más de la mitad el monto del embargo que pesa sobre sus bienes.
Los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal resolvieron una apelación presentada por la defensa de Bailaque, que pidió que le revocaran la prisión preventiva que había ordenado el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz a fines de abril. Esa medida implicaba su detención, pero no se hizo efectiva porque aún conserva inmunidad por su cargo como titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.
Aunque rechazaron anular la prisión preventiva, la Cámara decidió de forma unánime que el juez cumpla arresto domiciliario por 90 días, plazo que podría prorrogarse con el avance del expediente.
Por otra parte, también le redujeron de $1.400 millones a $600 millones el embargo sobre sus bienes y cuentas bancarias. Y se mantuvo la prohibición para salir del país.
La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario pone presión sobre el lento proceso de destitución de Bailaque en el Consejo de la Magistratura.
En la última reunión de la Comisión de Acusación, el organismo apenas acordó pedir las desgrabaciones de las audiencias que se llevaron a cabo en las causas que involucran al juez imputado. Aún no se conoce cuándo se volverán a citar para analizar esa documentación, pero se estima que dentro de un mes podría haber avances concretos.
Las causas contra el juez
El titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario está imputado por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, y falsedad ideológica de documento público.
En uno de los expedientes lo acusan de extorsionar -en hechos separados- a dos financistas para cobrarles una coima a cambio de no hacer avanzar causas judiciales en su contra. El caso cuenta con un funcionario “arrepentido” que participó de las maniobras: el ex titular de ARCA en Rosario, Carlos Vaudagna. Según reconoció ante la Justicia, una de las víctimas pagó una coima de 160 mil dólares.
La segunda acusación contra Bailaque es por presuntos beneficios que otorgó desde su juzgado al mundo del narcotráfico. Se le atribuyen presuntas maniobras dilatorias en favor de Esteban Lindor Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau, que trabajaba para el clan narco y es amigo del juez, según él mismo admitió.
En su defensa, Bailaque declaró que las intervenciones telefónicas a la ex mujer de Alvarado que pedían los fiscales eran “infundadas” y que la causa igualmente terminó en un juicio oral.
La tercera causa es por irregularidades en el manejo de fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, su amigo, también involucrado en las extorsiones a empresarios.
Las investigaciones contra el juez federal de rosario se desarrollan conjuntamente entre los fiscales Juan Argibay Molina (por la Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPF Nacional).
En las últimas audiencias insistieron con la posibilidad de que el juez entorpezca la investigación (tiene acceso los sistemas del Poder Judicial y potencial influencia en testigos), factor que la Cámara Federal de Rosario no compartió a la hora de dictar la prisión domiciliaria.