La Justicia federal ordenó un allanamiento en la casa de Raúl Pérez Roldan, acusado por su hijo de lesiones, reducción a la servidumbre, administración fraudulenta, trata de personas y lavado de dinero. Precisamente fue sobre ese último delito donde el juez federal de Azul puso la mira en las últimas horas y secuestro en la vivienda de Tandil una serie de documentos vinculados con la Sociedad Bakota S. A, el vehículo a través del cual el acusado habría apropiado del dinero que el deportista había ganado en su carrera profesional.
Según señalaron a Infobae fuentes judiciales, el procedimiento se llevó adelante por orden del juez federal Gabriel Di Giulio y la fiscalía de Santiago Eyherabide a instancias de la querella, en manos del abogado Juan Ignacio Pascual. Se llevaron libros y documentos que apuntan a corroborar cómo fue la ruta del dinero.
En 2021, Guillermo Pérez Roldán, una de las promesas de ese deporte durante la década del 80 y 90, reveló los tormentos que sufrió cuando era menor de edad a manos de su su padre. Raúl Pérez Roldán no solo se encargaba de entrenar a su hijo para exhibirse en una cancha. Había sido avalado por la Asociación Argentina de Tenis para llevar adelante el centro de entrenamiento de menores en Tandil que, según la denuncia, se basaba en la violencia física y psicológica. Cuando los chicos no mostraban el rendimiento esperado, se ponía en juego el sistema de castigos.
Los tormentos de Guillermo incluían golpes con cinturón, con palos, con toalla mojada o directas trompadas a mano cerrada o abierta. “Era tal el temor reverencial que tenía frente a mi padre que nunca a lo largo de todos los años tuve el valor de responderle y menos aún agredirlo físicamente o enfrentarlo. Me encontré en un estado de sometimiento absoluto”, dijo el tenista retirado ante la Justicia cuando presentó su denuncia.
“Una vez, luego de perder un partido contra el alemán Tore Meinecke, cuando entró a la habitación me dijo que subiera arriba de la cama y me empezó a pegar con un látigo hasta que se cansó. Ahí fue una de las pocas veces que me doblegó: le pedí que frene porque me dolía demasiado. Finalmente paró de pegarme con el látigo. Pero me agarró de los pelos, me metió al baño con violencia y me metió la cabeza adentro del inodoro y tiró la cadena como diciéndome: ‘sos una mierda’”. El relato es parte de la denuncia que hizo Pérez Roldan hijo.
Fue tal la pesadilla que vivía que dos veces pensó en suicidarse. La primera a los 17 años cuando cargó dos balas en un arma que le había regalado su abuelo. “Todo el mundo pensaba que era una persona exitosa pero yo vivía otra realidad, una vida de subordinación hacia mi padre con maltratos físicos y sufrimientos psíquicos sin solución de continuidad. Así fue que disparé dos veces el arma y no salieron las balas”. La segunda vez apretó el acelerador de su auto a toda velocidad en una curva. Quería terminar con su pesadilla.
Según la denuncia, hubo una segunda parte del “plan”: Raúl Pérez Roldan se encargó del “apoderamiento de los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la perdida de mi libertad personal: a mi persona y al patrimonio de mi familia. Es decir, de esta forma materializó el segundo tramo de su plan criminal y luego vendría la administración infiel de esos bienes y la puesta en circulación de los bienes ilícitamente obtenido en el mercado con apariencia de licitud”. En esa acusación el tenista también implica a su madre. Dejó de jugar en 1993. Al año siguiente ya no tenía un peso.
La acusación sostiene que los delitos fueron cometidos como parte de un plan criminal trazado por el acusado que para someter a su hijo a un entrenamiento deportivo a bases de maltrato físico, psicológico y humillación, y así controlar cada uno de sus movimientos. A su vez, se encargó de administrar discrecionalmente y sin rendir cuentas las cuantiosas ganancias económicas obtenidas por la víctima producto de una exitosa carrera deportiva. En ese contexto Raúl Pérez Roldán administró y se apoderó ilegítimamente de las ganancias de su hijo como jugador profesional de tenis y las puso en circulación en el mercado nacional por intermedio de la sociedad BAKOTA SA – al adquirir inmuebles en la provincia de Buenos Aires- y depositar aquel dinero en el banco internacional INDOSUEZ de Montecarlo y en otros bancos en Suiza.
Según trascendió, a la causa llegó información del exterior que avalaba la hipótesis planteada y que, por el momento, resultaba confidencial. En ese contexto, la fiscalía solicitó una orden de presentación en la casa de Pérez Roldan padre, en la calle Moreno de Tandil, pero la querella se opuso. Una orden de presentación es invitar a alguien a que entregue las pruebas que se están buscando y, en este caso, el invitado era un acusado. Por eso la querella reclamó que el procedimiento se llevara adelante como un allanamiento.
“Habida cuenta los hechos investigados y que existen motivos para presumir que en el referido domicilio podrían encontrarse los libros de actas, balances contables y toda la documentación relacionada con la firma Bakota S.A., cuya recolección deviene necesaria para avanzar en la investigación (art. 224 CPPN), el registro domiciliario deviene procedente. Debo señalar que la orden de presentación no resulta admisible si su destinatario es el propio imputado, habida cuenta que la importa importa una orden o mandato imperativo que no compatibiliza con la garantía de incoercibilidad prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional”, admitió el juez.
“No se me escapa que la medida procura evitar los efectos de un registro domiciliario de mediar un aporte voluntario del material requerido. Esta solución puede igualmente procurarse poniendo con conocimiento del imputado, en oportunidad de efectivizarse la medida, que el aporte voluntario de la documentación”, se añadió. “Por consiguiente, ordenaré el allanamiento (...) el cual tendrá por objeto exclusivamente el secuestro de los libros de actas, balances contables y toda la documentación relacionada con la firma Bakota S.A”, se añadió. El material ya está siendo analizado por los investigadores judiciales. Según se había señalado inicialmente, el perjuicio para el extenista profesional sería unos 5 millones de dólares.