En un acto realizado en el Congreso de la Nación, los miembros de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo ratificaron a Ariel Cejas Meliare como Procurador Penitenciario adjunto, un cargo que posee un mandato de cinco años y tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en jurisdicción federal.
Durante el encuentro, presidido por el senador Ricardo Kroneberger, Cejas Meliare presentó un informe detallado sobre las principales problemáticas del sistema carcelario, tales como la sobrepoblación y las condiciones materiales de detención en centros penitenciarios y no penitenciarios. También expuso los proyectos de ley, reformas y recomendaciones que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) impulsó en los últimos años para abordar estos conflictos.
Por otra parte, el subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel, también exhibió un resumen de los principales ejes de gestión promovidos por esa entidad.
Además del legislador Kroneberger, asistieron senadores y diputados pertenecientes a la Comisión Bicameral Permanente abocada al seguimiento de los asuntos de la Defensoría del Pueblo. Allí estuvieron Margarita Stolbizer en calidad de secretaria, y Victoria Huala, Mónica Silva, Vilma Bedia, Fernando Salino, Juan Manuel Pedrini, Emmanuel Bianchetti, Fabio Quetglas y Germán Martínez como vocales.
La PPN, creada en diciembre de 2003 dentro del ámbito del Poder Legislativo nacional por ley 25.875, se conformó con el propósito de proteger los derechos humanos de los presos sometidos al régimen penitenciario federal, incluyendo “comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales”.
De acuerdo a esa norma, tanto el procurador penitenciario como su adjunto son seleccionados por el Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral Permanente constituida para nombrar al Defensor del Pueblo. Ambos deben contar, entre otras condiciones, con título de abogado y experiencia en la defensa de derechos fundamentales y en el ámbito del derecho de ejecución penal.
Con el visto bueno de los legisladores, Cejas Meliare quedó ratificado como adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cuyo histórico titular, Francisco Mugnolo, falleció en mayo del año pasado a los 81 años tras una trayectoria de dos décadas dentro de ese organismo.
Según la normativa, promulgada de hecho el 20 de enero de 2004, el responsable de la PPN debe visitar de forma periódica los distintos establecimientos penitenciarios nacionales, y respecto a los internos alojados en cárceles provinciales, puede gestionar convenios con las autoridades locales para garantizar su acceso y actuación.
También está facultado para realizar inspecciones, requerir documentación, entrevistar a internos y promover diferentes acciones legales para el caso en que se detecten lesiones a sus derechos. Asimismo, puede proponer reformas de índole legal o administrativa. Por lo demás, tanto los organismos públicos como los privados están obligados a colaborar con sus investigaciones, y quienes obstaculicen sus funciones pueden ser denunciados por desobediencia ante la justicia.
La PPN no puede modificar decisiones administrativas del Poder Ejecutivo Nacional, pero cuenta con la posibilidad de recomendar cambios normativos, emitir advertencias y propuestas respecto a temas del ámbito carcelario. También tiene el deber de presentar un informe anual a las cámaras del Congreso con detalles de la labor desarrollada durante el año anterior.
Últimas Noticias
Un juez envió a Comodoro Py una nueva denuncia contra Tapia y Toviggino y el conflicto por las causas contra la AFA llega a la Corte
El fallo judicial que mudó a Campana la pesquisa por la casaquinta de Pilar valuada en 20 millones de dólares no cerró el conflicto por las investigaciones
Pidieron el juicio oral para Elías Piccirillo y ocho acusados por un operativo policial ilegal
El fiscal Franco Picardi afirmó que la maniobra incluyó la colocación de un arma y cocaína en un vehículo para perjudicar a Francisco Hauque y Anahí Aquino Laprida. Ocho de los nueve procesados cumplen prisión domiciliaria
Elías Piccirillo busca anular una prueba que lo perjudica: la reconstrucción del episodio donde habría plantado droga y un arma a un acreedor
Se concluyó que “resultó posible” que haya escondido la cocaína y un arma en el auto de un ex socio como parte de un falso operativo policial para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares. La fiscalía se opuso y resolverá el juez
Eduardo Casal y Pablo Quirno firmaron un acuerdo para agilizar la cooperación penal con otros países
El convenio entre el Ministerio Público Fiscal y Cancillería busca acelerar el intercambio de pruebas e información en investigaciones transnacionales y ordenar los pedidos de asistencia jurídica internacional
El juez Martínez de Giorgi procesó a tres presuntos integrantes de una asociación ilícita que espió a jueces federales
La hipótesis indica que tomaron el control de líneas telefónicas de magistrados de la Corte Suprema y Comodoro Py. Uno de los imputados recibió condenas por hackear los celulares de Diego Santilli y de Marcelo D’Alessandro
